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Contra una renacionalización de Europa

NUEVA YORK – Lejos de amainar, en los últimos meses la crisis del euro ha dado un giro para peor. El Banco Central Europeo logró contener una inminente contracción crediticia apelando a una operación de refinanciación a largo plazo (LTRO por sus siglas en inglés) en la que prestó más de un billón de euros a bancos de la eurozona a un interés del 1%. Esto trajo un considerable alivio a los mercados financieros, y la recuperación resultante ocultó el deterioro subyacente; pero es improbable que ese efecto dure mucho tiempo más.

Los problemas fundamentales siguen sin resolverse; de hecho, la brecha entre los países acreedores y los deudores es cada vez mayor. La crisis entró en una fase que puede ser menos volátil, pero más destructiva.

Al inicio de la crisis, nadie imaginaba que la eurozona pudiera desintegrarse: el grado de vinculación de los activos y pasivos denominados en la moneda común era tal que desarmar la eurozona provocaría una catástrofe incontrolable. Pero con el avance de la crisis, se produjo gradualmente una reorientación del sistema financiero de la eurozona en líneas nacionales.

Esta tendencia se aceleró en los últimos meses. Gracias al LTRO, los bancos españoles e italianos han podido entregarse a un arbitraje muy rentable y de bajo riesgo con los bonos de sus propios países. Y el trato preferencial recibido por el BCE en relación con su cartera de bonos de Grecia desalentará la tenencia de títulos de deuda soberana por parte de otros inversores. Si esta situación continuara así unos pocos años más, sería posible una ruptura no catastrófica de la eurozona (es decir, tener la tortilla sin romper los huevos); pero los bancos centrales de los países acreedores se quedarían con grandes carteras de títulos (difíciles de cobrar) contra los bancos centrales de los países deudores.

El Bundesbank, percatado del riesgo, se embarcó en una campaña contra la expansión indefinida de la oferta monetaria y comenzó a tomar medidas para limitar las pérdidas en las que incurriría en caso de ruptura de la eurozona. Pero eso obra como una profecía autocumplidora: si el Bundesbank comienza a protegerse de una posible ruptura, todos tendrán que hacer lo mismo. Esto comienza a verse reflejado en los mercados.

Además, el Bundesbank está restringiendo el crédito interno. Esta política sería correcta si Alemania fuera un país aislado, pero los otros miembros de la eurozona muy endeudados necesitan imperiosamente más demanda de Alemania para evitar una recesión. De lo contrario, el “pacto fiscal” acordado el pasado diciembre para la eurozona no podrá funcionar. O bien los países más endeudados no podrán implementar las medidas necesarias o, si lo hacen, no alcanzarán las metas fijadas, ya que la caída del crecimiento reducirá sus ingresos fiscales. En cualquiera de los casos, subirá la carga de la deuda y la diferencia de competitividad con Alemania se acrecentará.

Tanto si el euro se sostiene como si no lo hace, Europa se enfrenta a un largo período de estancamiento económico, o tal vez algo peor. Otros países ya han pasado por experiencias similares: los países de América Latina padecieron después de 1982 una década perdida, y Japón ha tenido un cuarto de siglo de estancamiento. Todos sobrevivieron. Pero la Unión Europea no es un país, y es improbable que sobreviva. La trampa de deuda deflacionaria amenaza destruir una unión política todavía incompleta.

El único modo de escapar de la trampa es reconocer que las políticas actuales son contraproducentes y cambiar el rumbo. Yo no puedo proponer un plan sencillo listo para usar, pero sí puedo hacer tres observaciones importantes. Primero, las reglas por las que se rige la eurozona fracasaron y es preciso revisarlas de raíz. Defender un statu quo inviable sólo empeorará las cosas. Segundo, la situación actual es extremadamente anómala, y para recuperar la normalidad habrá que tomar algunas medidas excepcionales. Por último, las reglas nuevas deben tener en cuenta la inestabilidad inherente a los mercados financieros.

Para que la solución sea realista, el punto de partida tendrá que ser el pacto fiscal actual de la eurozona. Por supuesto, habrá que corregir algunos defectos que ya son visibles. En particular, el pacto debería tener en cuenta las deudas comerciales así como las financieras, y los presupuestos fiscales deberían distinguir las inversiones rentables de los gastos corrientes. Para evitar fraudes, se necesita una autoridad europea encargada de determinar qué desembolsos constituyen una inversión y, una vez obtenida esa calificación, se podrían financiar en forma conjunta con un Banco Europeo de Inversiones ampliado.

Lo más importante es que para volver a la normalidad, habrá que idear algunas medidas extraordinarias. El estatuto fiscal de la UE obliga a los estados miembros a reducir su deuda pública cada año en un valor igual a la vigésima parte de la cantidad que supere el 60% del PIB. Mi propuesta es que los estados miembros se hagan cargo de esa obligación y recompensen en forma conjunta a los países cumplidores.

Los países miembros han transferido el poder de señoreaje al BCE, que en la actualidad gana unos 25 mil millones de euros (32,7 mil millones de dólares) por año. Trabajando en forma independiente, Willem Buiter (del Citibank) y Huw Pill (de Goldman Sachs) han estimado que los derechos de señoreaje valen entre 2 y 3 billones de euros, porque su rendimiento aumentará conforme la economía crezca y las tasas de interés vuelvan a la normalidad. Se podría dar la posesión de esos derechos a una sociedad especial (“sociedad vehículo”) que use al BCE para financiar el costo de adquirir los bonos sin violar el artículo 123 del Tratado de Lisboa.

Si un país no cumpliera el pacto fiscal, perdería total o parcialmente la recompensa y estaría obligado a pagar intereses por los títulos de deuda en poder de la sociedad vehículo. En la práctica, eso impondría una estricta disciplina fiscal.

Al recompensar el cumplimiento, el pacto fiscal dejaría de ser una trampa de deuda deflacionaria, y el panorama mejoraría radicalmente. Además, para reducir la diferencia de competitividad, debería ofrecerse a todos los miembros la capacidad de refinanciar al mismo tipo de interés las deudas ya contraídas. Pero como esa posibilidad demandaría más integración fiscal, sería necesario introducirla por etapas.

El Bundesbank nunca aceptará estas propuestas, pero las autoridades europeas deberían tomar buena nota de ellas. El futuro de Europa es una cuestión política, y como tal, excede el ámbito de decisión del Bundesbank.