El lema de Junichiro Koizumi cuando se convirtió en primer ministro hace cinco años fue "reforma sin vacas sagradas" y ninguna vaca es más sagrada aquí que nuestra Constitución de la "paz". Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que, a medida que Koizumi llega al final de su segundo y último período de gobierno, sus esfuerzos por reformar la Constitución para permitir que Japón defienda más eficientemente la paz mundial estén cobrando impulso.

A mediados de abril, el Comité de Revisión de la Constitución de la Cámara de Representantes del Japón, emitió un informe final sobre los problemas básicos a que se enfrenta la Constitución del país y lo envió al Presidente de la Dieta. Dentro de poco, la Cámara de Consejeros emitirá un informe final. Además, están en curso discusiones sobre la reforma constitucional, tanto al interior del gobernante Partido Democrático Liberal (con el propio Koizumi a cargo) como en el Partido Democrático de la oposición.

El sector privado y los principales medios de comunicación, como el influyente periódico Yomiuri Shimbun, se han unido a las discusiones. Los demócratas liberales pretenden tener listo el borrador de sus enmiendas constitucionales para el 50 aniversario de la fundación del partido en noviembre próximo. Aunque casi todos coinciden en que la constitución requiere algunas enmiendas, ha sido difícil lograr un acuerdo sobre qué es lo que se tiene que hacer. En efecto, los demócratas liberales están tan divididos como todos los demás.

Adicionalmente a estas divisiones, hay problemas sobre cómo enmendar la Constitución. Se requiere nueva legislación que permita reformarla y esto tomará tiempo y más debates. Con todo, la presión por un cambio fundamental -particularmente del artículo 9, el cual compromete a Japón a no tener fuerzas armadas- es tal que hay una oportunidad real de que los obstáculos sean superados. En efecto, es necesario un cambio fundamental tan pronto como sea posible porque las interpretaciones actuales de la Constitución han distorsionado constantemente las políticas de defensa y de seguridad de Japón.

En todo el Japón, hay una opinión creciente de que algunas de estas políticas no pueden esperar a una enmienda constitucional. Hasta ahora, los asuntos relacionados con la defensa nacional han sido regulados por los juicios administrativos del momento o por las resoluciones de la Dieta basadas en la interpretación predominante del artículo 9. Pero este enfoque ad hoc ha sido y sigue siendo una fórmula para la parálisis.

La multitud de resoluciones resultantes de este proceso han dejado al ejercicio de la defensa nacional sin una posición clara bajo la Constitución e impiden que Japón ejerza sus derechos y obligaciones de "autodefensa colectiva" establecidos en los tratados con sus aliados (principalmente con Estados Unidos). Los tortuosos razonamientos sobre frases como "uso de la fuerza" o "políticas exclusivamente orientadas a la defensa" invitan a la confusión, tanto a militares como a países de la región. Y los llamados "tres principios de la exportación de armas" establecen un límite absurdo sobre lo que se puede vender o abastecer en el exterior, ya que incluso se ha considerado que están prohibidas a la exportación las aeronaves que se utilizan para el rescate en el mar.

Dado el actual ambiente de seguridad de la región -el terrorismo internacional ligado a terroristas con bases asiáticas, los retos diversos a la seguridad de líneas marítimas vitales, la búsqueda de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte y el rápido fortalecimiento del poder naval de China- hoy en día Asia es mucho menos estable y más compleja que cuando se redactó la constitución del Japón.

En diciembre pasado, al revisar las Directrices del Programa de Defensa Nacional (llamadas convencionalmente el Esbozo), el gobierno de Koizumi inicio el proceso de aclarar algunas de estas ambigüedades debilitantes. El Esbozo levantó algunos de los límites más absurdos a la exportación de armas al poner fin a la política de "prohibición total" vigente desde la administración Miki de 1976.

Por ejemplo, estableció claramente que la investigación conjunta entre Estados Unidos y Japón para desarrollar y producir el sistema de defensa de misiles balísticos con base en el mar SM-3 es una excepción. De manera general, el gobierno ahora puede revisar las solicitudes de armamento de parte de países amigos caso por caso, analizando si con la venta se corre el riesgo de instigar o alimentar conflictos internacionales.

Como resultado, la venta o abastecimiento de naves de guerra, nuevas o usadas, por parte de la Guardia Costera japonesa o incluso de la Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón hacia países de la ASEAN, digamos, Malasia, Indonesia o Singapur para ayudarles a luchar contra el terrorismo marítimo y la piratería más eficazmente probablemente se permita ahora. También es probable que se apruebe abastecer tanto a países europeos como a los de la ASEAN con aeronaves de la Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón para rescate naval, patrullaje y combate de incendios.

Estas acciones favorables y apropiadas permitirán a Japón, por primera vez en su historia desde la posguerra, atender las peticiones de la comunidad internacional de un modo oportuno. Con todo, sin una reforma constitucional fundamental, la posición de Japón en Asia y en el mundo seguirá siendo irregular.

Se debe recordar que, después de Estados Unidos, Japón es el mayor contribuyente a las Naciones Unidas y a su presupuesto de mantenimiento de la paz. Sin embargo, su Constitución limita severamente su capacidad para enviar unidades de combate a las operaciones de mantenimiento de la paz del Consejo de Seguridad. Japón necesita estar en posibilidad de apoyar al Consejo de Seguridad con hombres y compartir así el riesgo político así como el costo de los esfuerzos de las Naciones Unidas para mantener la paz mundial.