PRAGA – El enorme sufrimiento del pueblo birmano provocado por el reciente ciclón que causó decenas de miles de muertos merece la compasión de todo el mundo. Pero se requiere más que compasión, porque la incompetencia y opresión brutal de la junta militar del país están agravando las trágicas consecuencias de este desastre natural.

En medio de la destrucción causada por el ciclón, los generales que están en el poder en Birmania llevaron a cabo un referéndum sobre una nueva constitución. Pero a los miembros de organizaciones religiosas, las personas que están sujetas a un proceso judicial y los miembros de los grupos étnicos que no han acordado un cese al fuego con el gobierno se les impidió votar de acuerdo con la Ley de Referéndum Constitucional de Birmania. De ese modo, todos los prisioneros políticos actuales y anteriores, alrededor de 500,000 monjes budistas y más de un millón de miembros de grupos étnicos minoritarios que viven cerca de las fronteras no pudieron votar.

Además, según la nueva constitución que supuestamente fue “aprobada” por el “referéndum”, Daw Aung San Suu Kyi, que nunca ha estado sujeta a proceso judicial y sigue bajo arresto domiciliario, no puede ser candidata en las elecciones generales que se celebrarán en 2010 con el pretexto de que su difunto esposo era inglés. ¿Está el mundo realmente dispuesto a aceptar tal absurdo?

Apoyamos firmemente la campaña de oposición de Birmania que hace un llamado a los ciudadanos del país a que rechacen la constitución, que no promueve los derechos humanos y únicamente confirma el papel político de los militares. Muchos activistas a favor de la democracia han sido arrestados en todo el país. La draconiana “ley” (5/96) del régimen prohíbe a los participantes criticar el borrador de la constitución; quienes se atrevan a desafiar al régimen se arriesgan a purgar una pena de 20 años de prisión.

En vista de la violenta represión de las manifestaciones masivas del pasado septiembre (la “Revolución azafrán”) encabezadas por los monjes budistas de Birmania, y de la constante opresión en el país, no sorprende que la junta militar intente ocultar sus tendencias despóticas con medidas pseudodemocráticas como el falso proceso electoral del referéndum.

Lamentablemente, la comunidad internacional no respondió a los arrestos masivos de defensores de los derechos humanos que se realizaron el pasado otoño. Los líderes de la Generación del 88, incluyendo a Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, los activistas de los derechos de las mujeres como Su Su Nway y otros expresaron con valentía sus quejas una y otra vez en cartas, declaraciones y manifestaciones públicas antes de la Revolución azafrán. Sus valerosos llamados no fueron escuchados; ahora siguen en prisión.

Es tiempo de condenar con firmeza la exclusión de un número considerable de personas de la votación y de insistir en la liberación de los presos políticos de Birmania. Las Naciones Unidas y la Unión Europea deberían estar dispuestas a rechazar de manera concluyente los resultados del referéndum y fortalecer las sanciones contra el régimen. Los vecinos de Birmania miembros de la ASEAN deberían dejar de hacerse de la vista gorda mientras los gobernantes de Birmania atropellan a sus ciudadanos.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería considerar la introducción de un embargo universal de armas y la UE debería adoptar sanciones bancarias dirigidas al régimen y sus secuaces. Además, Naciones Unidas debería no sólo condenar sino poner fin sin demora a la mayor atrocidad actual: la obstrucción por parte del régimen de la asistencia extranjera a las víctimas del ciclón. Sus muertes son responsabilidad exclusiva de la junta militar, que deliberadamente y conociendo las consecuencias probables ha cerrado la puerta a la ayuda humanitaria proveniente de todo el mundo. Sus acciones representan un crimen escandaloso contra la humanidad.

El referéndum organizado por los militares no llevará la democracia a Birmania ni ayudará al pueblo birmano, que ahora sufre no sólo por el régimen autoritario y la pobreza, sino también por un grave desastre natural y la ineptitud total de los generales cínicos para afrontarlo. Los gobernantes de Birmania han fracasado en su obligación de proteger a su pueblo, pero con una participación política activa y decisiva hacia el régimen, la comunidad internacional todavía podría hacerlo.