Tuesday, September 2, 2014
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Las opciones de Putin

BRUSELAS.– El regreso al Kremlin de Vladimir Putin como presidente de Rusia siempre se dio por descontado. Pero, cuando preste juramento el 7 de mayo, retomará el control formal de un país cuya política –incluso el futuro político del propio Putin– se ha tornado impredecible.

El regreso de Putin a la presidencia, luego de un período de control de facto desde el cargo de primer ministro, supuestamente significaría una tranquilizadora continuidad de «lo mismo de siempre»: un estado fuerte y disciplinado vaciado de los efectos potencialmente desestabilizadores de la democracia multipartidaria y las peleas entre políticos.

En lugar de ello, los rusos han desafiado el statu quo. Su reacción al plan de Putin –desde el anuncio por el presidente Dimitri Medvédev de su paso al costado en favor de su mentor en septiembre pasado hasta las elecciones parlamentarias y presidenciales tremendamente viciadas– y el resentimiento acumulado por el masivo enriquecimiento de los compinches del Kremlin, ha puesto presión sobre Putin y el sistema de gobierno verticalista que creó.

La forma en que Putin –un político astuto– responda a esa presión, determinará su legado político. Y la respuesta occidental al regreso de Putin a la presidencia podría tener un profundo efecto sobre su decisión de impulsar reformas en pos de la liberalización que le permita sobrevivir, o seguir sus instintos autoritarios afinados por la KGB y agudizar las protestas.

Nada ilustra mejor el malestar ruso con Putin que el caso de Sergei Magnitsky, un abogado que trabajaba para un fondo de inversión británico. Descubrió un masivo fraude impositivo y supuesta colusión generalizada de las autoridades. Su recompensa por exponer este crimen fue ser enviado a prisión y maltratado hasta su muerte en circunstancias misteriosas. Las autoridades rusas extrañamente continúan con su enjuiciamiento póstumo, y con los fraudes fiscales que él expuso.

El Congreso estadounidense actualmente debate una ley que impondría el congelamiento de los activos y prohibición de visas a las 60 personas identificadas con alguna responsabilidad por la detención y muerte de Magnitsky. Muchos de quienes apoyan la ley desean que reemplace la enmienda llamada de Jackson-Vanik, una ley de la era de la Guerra Fría que restringe el comercio entre Estados Unidos y Rusia –y que la administración de Obama intenta abolir. Ese cambio sería doblemente beneficioso: mejoraría el comercio y responsabilizaría a quienes cometieron atroces abusos contra los derechos humanos.

Mientras tanto, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó recientemente una resolución de características similares a la legislación propuesta en EE. UU. Londres es uno de los destinos favoritos de los rusos adinerados, y el gobierno británico está considerando si apoyará esa iniciativa, aunque hay señales de que mantendrá una lista, que ni será oficial ni publicada, de las personas proscritas, para evitar problemas legales. En Ottawa, el parlamento canadiense ha solicitado medidas similares, incluido el congelamiento de los activos de los responsables por la muerte de Magnitsky, como lo ha hecho el Parlamento Europeo, que ha solicitado la acción colectiva de los estados miembro de la Unión Europea.

Introducir ese tipo de sanciones específicas sería una señal indiscutible de que Occidente no comprometerá sus valores fundamentales –valores que la Rusia de Putin dice compartir. También sentaría un precedente que podría extenderse a todos quienes en Rusia y otros países infrinjan regularmente los derechos humanos, y no solo los derechos vinculados con la inviolabilidad física.

Por ejemplo, esas medidas podrían extenderse para abarcar a todos quienes atenten contra el derecho fundamental al debido proceso legal, como el derecho a un juicio justo. Esto resaltaría el famoso caso del antiguo magnate petrolero Mijaíl Jodorkovsky, cuyas ambiciones políticas fueron motivo suficiente para enviarlo a prisión, y quien ha sido declarado, luego de un segundo juicio, preso político por Amnistía Internacional.

Ese tipo de medidas también podría incluir la violación de los derechos de los prisioneros, como sucedió con el ex consejero legal de Jodorkovsky, Vasily Alexanyan, a quien se le negó el tratamiento por VIH en prisión, y fue liberado solo después de la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El anuncio de Medvédev un día después de la elección de Putin, el 5 de marzo, sobre la revisión del caso Jodorkovsky, es un punto de partida esperanzador.

Imponer sanciones de viaje a quienes se sospecha de infracciones a los derechos humanos es un avance sensato y práctico. Mostraría que no se busca castigar a Rusia o a los rusos en general, solo a las personas sobre quienes haya buena evidencia en Occidente de sus violaciones a los derechos humanos. Y recordaría a Rusia sus obligaciones legales internacionales, específicamente como miembro de la OSCE y el Consejo Europeo, que cuenta con 47 estados miembro, incluida Rusia y otros que desacatan algunas de sus convenciones.

En el pasado, Putin se presentó exitosamente como un hombre fuerte, la personificación de la estabilidad, un garante contra el caos. Pero ahora su estilo de gobierno es la fuente principal de inestabilidad en Rusia, ya que la clase media del país ha tomado las calles en protesta contra la corrupción e ineficiencia de su gobierno. Occidente tiene una oportunidad –y la obligación– de convencer a Putin de que proteger sus propios intereses requiere profundas y permanentes reformas democráticas en Rusia, comenzando con un compromiso inequívoco con el imperio de la ley. Y Putin tiene una extraña oportunidad en el comienzo de su tercer término como presidente: limpiar de su reputación las profundas manchas que lleva.

Traducido al español por Leopoldo Gurman

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