HELSINKI – Uno de los primeros resultados de la recesión global actual es que muchos gobiernos donantes están recortando sus programas de asistencia externa. Antes de tomar posesión, el presidente Barack Obama había prometido duplicar la asistencia externa estadounidense de 25 a 50 mil millones de dólares, pero el vicepresidente Joe Biden ha advertido que este compromiso tal vez se cumpla más lentamente debido a la crisis.

Aquí en Finlandia nuestra ayuda disminuyó 62% a principios de los años noventa, un período que los finlandeses todavía llaman “la depresión”. La ayuda externa de Japón cayó 44% cuando ese país tuvo problemas. La crisis mundial actual podría originar un recorte de la asistencia oficial para el desarrollo del 30%.

También es fácil predecir que los gobiernos donantes examinarán con cuidado los gastos crecientes de las 14 operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en todo el mundo. El importe total de las operaciones de la ONU desde mediados de 2007 hasta mediados de 2008 fue de 6.7 mil millones de dólares, alrededor del doble de su nivel hace 15 años. Podemos imaginar las graves consecuencias si se suspenden esas operaciones, que ya carecen de recursos. Recordemos que una falta similar de entusiasmo para financiar la misión de la ONU en Rwanda precedió al genocidio en ese país. Los acontecimientos recientes en el Congo y otros lugares indican que no es momento para la complacencia.

Pero la mayor transferencia de activos de los países ricos al mundo en desarrollo, por mucho, se hace mediante las remesas de los trabajadores migratorios. Pocos de quienes toman las decisiones se dan cuenta de eso. En 2006, alrededor de 150 millones de migrantes enviaron aproximadamente 300 mil millones de dólares a sus familias en los países en desarrollo. El número de transacciones es enorme; se calcula que hay 1.5 mil millones de operaciones al año. La mayoría son por cantidades de sólo 100 a 300 dólares y normalmente se dedican de inmediato al consumo.

El valor de toda la asistencia oficial para el desarrollo en 2006 fue de 126 mil millones de dólares, es decir, menos de la mitad de las remesas privadas, aun cuando incluye la asistencia de países de la OCDE, de países que no son miembros de esa organización y de China. Si la recesión hace que los migrantes pierdan sus empleos en los países ricos anfitriones y los obliga a regresar a sus países de origen, se agravará la pobreza de millones de personas que ya son pobres.

El posible impacto se puede medir examinando cómo se distribuyen los 300 mil millones de dólares de remesas. En 2006, los países más pobres de Europa recibieron alrededor de 50 mil millones de dólares, África obtuvo 38 mil millones, América Latina y el Caribe, 68 mil millones y Medio Oriente, 24 mil millones. Asia es el mayor beneficiario, pues recibió 113 mil millones de dólares.

En total, se calcula que el 10% de la población mundial se beneficia de las remesas, y 57 países reciben mil millones de dólares o más al año. En efecto, algunos países dependen de ese flujo de ingresos. Cabo Verde recibió 34% de su PIB de las remesas, Eritrea 38% y Burundi 23%. En Asia, las cifras fueron 30% para Afganistán y 38% para Tayikistán, mientras que en Europa, Moldova recibió 31% de su PIB de fuentes externas.

Algunos de estos países están en conflictos o son Estados frágiles, por lo que una disminución en el flujo de las remesas agravaría su inestabilidad y tal vez aumentaría las corrientes migratorias hacia otros países. Por lo tanto, los gobiernos de Europa y otros países deben considerar cuidadosamente qué otras fuerzas podrían actuar si los migrantes regresan a sus casas.

Estos gobiernos ya dedican ingresos fiscales a la asistencia externa directa. Deberían, entonces, pensar en conceder incentivos fiscales que pudieran alentar a los empleadores a conservar a los trabajadores migratorios en sus nóminas, ya que probablemente ésta sería una forma mucho más eficiente de apoyar a los países pobres.

Además, puesto que los costos de transacción frecuentemente representan un alto porcentaje del valor de las remesas, se podrían utilizar mecanismos de ayuda con el fin de crear canales seguros y económicos para los flujos financieros, especialmente cuando el dinero no puede llegar fácilmente a zonas rurales remotas, como sucede a menudo en África o Asia.

Las leyes antiterrorismo plantean un problema en este punto, porque la exigencia de que haya mecanismos de control más efectivos de las transferencias financieras internacionales representa una carga adicional para los operadores. Estas nuevas reglas ciertamente han elevado los costos de las transacciones. Pero la lucha contra el terrorismo y su financiamiento significa que los gobiernos y las instituciones financieras tienen datos considerables sobre los flujos transfronterizos de dinero, que deberían utilizarse para ayudar a las personas a enviar fondos a sus familias más fácilmente.

Actualmente, enviar dinero a ciertos países sólo se permite mediante canales bancarios formales, lo que ha creado monopolios virtuales y al mismo tiempo ha impedido que las remesas lleguen a las zonas rurales donde los bancos no operan. En África occidental, un solo operador de transferencias maneja el 70% de los pagos oficiales e impone exclusividad a los bancos. Se podría facilitar el flujo de dinero a las regiones remotas si se permitiera a instituciones financieras más informales canalizar los pagos extranjeros. Las cooperativas, uniones de créditos y nuevas formas de microfinanciamiento podrían constituir redes que garantizaran una mayor accesibilidad.

En algunos países hay normas jurídicas restrictivas que impiden a los migrantes utilizar los sistemas bancarios oficiales a menos que tengan la condición legal necesaria. Sin embargo, otros países han tomado medidas para que las transferencias se puedan hacer mediante teléfonos celulares.

La magnitud misma de las remesas y la importancia que tienen para mantener a millones de personas por encima de la línea de la pobreza indica que los gobiernos de los países ricos deberían examinar con cuidado el sistema existente. Un sistema mejorado podría ayudar a aliviar la carga impuesta a las víctimas inocentes de la crisis económica y financiera.

En ese examen de las remesas se debería analizar qué prácticas restrictivas podrían abolirse y si la asistencia oficial debería adaptarse a las necesidades de esta red de ayuda informal pero crucialmente importante.

Copyright: Project Syndicate, 2009.
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Traducción de Kena Nequiz