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Cuando los académicos avalan a los predadores

WASHINGTON, DC – ¿Son aún las grandes universidades estadounidenses los templos del saber, las fuerzas directrices del progreso tecnológico, las proveedoras de oportunidades que alguna vez fueron? ¿O se han convertido, en parte, en cómplices inescrupulosos de élites económicas cada vez más rapaces?

Cerca del final de Inside Job, documental de Charles Ferguson por el que ganó un Óscar [conocido en español como Dinero sucio o Trabajo confidencial], el director entrevista a varios importantes economistas y les pregunta por su labor remunerada como propagandistas de las prácticas deshonestas y la excesiva asunción de riesgos a las que se entregó el sector financiero en las preliminares de la crisis de 2008. Algunos de estos destacados académicos recibieron sumas importantes por promover los intereses de grandes bancos y otras empresas del sector financiero. En el documental y en un libro reciente muy revelador, Predator Nation [Nación de predadores], Ferguson muestra que muchos ejemplos de esas remuneraciones todavía no terminan de salir a la luz del día.

A las actividades de estos bancos les cabe perfectamente el calificativo de “predatorias”. Pero como la caída de estas instituciones causaría graves perjuicios al resto de la economía, se les otorgan medidas de protección exclusivas; por ejemplo, líneas de crédito especiales financiadas por los bancos centrales y regulaciones más flexibles (medidas que ya se han anticipado o anunciado hace pocos días en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza).

Estas medidas alientan a los directivos de los bancos a empeñarse en un gran número de apuestas muy arriesgadas, que en parte no son otra cosa que juegos de azar. Los bancos ganan si las cosas salen bien, pero el riesgo de pérdidas es, en gran medida, problema de otros. Es un esquema de subsidios estatales, peligroso y sin transparencia, que en definitiva supone enormes transferencias de dinero de los contribuyentes a unos pocos financistas encumbrados.

Para proteger la continuidad del esquema, los megabancos multinacionales entregan grandes sumas de dinero a los políticos. A modo de ejemplo: hace poco Jamie Dimon (director ejecutivo de JPMorgan Chase) testificó ante la Comisión de Asuntos Bancarios del Senado de los Estados Unidos en relación con la aparente falla de gestión de riesgos que causó a su empresa pérdidas por un valor estimado de siete mil millones de dólares. OpenSecrets.org estima que en 2011, JPMorgan Chase (el holding bancario más grande de los Estados Unidos) gastó cerca de ocho millones de dólares en aportes a campañas políticas, y que Dimon y su empresa hicieron donaciones a la mayoría de los senadores que integran la comisión. A nadie puede sorprender entonces que las preguntas de los senadores hayan sido mayoritariamente amables y que la estrategia general de cabildeo de JPMorgan Chase le esté dando rédito; es probable que la “investigación” que debería dilucidar una mala administración irresponsable y con posibles consecuencias sistémicas termine convertida en una tapadera.

Para sostener su estrategia política, los megabancos multinacionales también conducen una muy elaborada operación de desinformación y propaganda, cuyo objetivo es recubrir con algo de respetabilidad los subsidios que reciben. Y es aquí donde entran en juego las universidades.

En una mesa redonda celebrada hace poco por la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías de los Estados Unidos (CFTC), el representante del sector bancario que estaba sentado a mi lado citó, en apoyo de su posición contraria a cierta regulación, un artículo de investigación de un destacado profesor de finanzas de la Universidad Stanford. Pero omitió mencionar que por escribir ese artículo, el profesor recibió 50.000 dólares de un grupo de intereses sectoriales, la Asociación de Mercados Financieros y de la Industria de Valores (SIFMA). (El profesor, Darrell Duffie, hizo público el monto de sus honorarios y los donó a obras benéficas.)

¿Por qué deberíamos darle crédito a ese trabajo, o darle más crédito que a otros trabajos de consultoría remunerados, por ejemplo, los que hacen bufetes legales u otras entidades que trabajan para el sector empresarial?

La respuesta tal vez sea que la Universidad Stanford es muy prestigiosa. Es una institución que ha hecho cosas muy importantes. Y su plantel docente es uno de los mejores del mundo. Cuando un profesor escribe un artículo a pedido de un grupo empresarial, lo que hace el grupo es aprovechar (y en cierto sentido, rentar) el nombre y la reputación de la universidad. Naturalmente, la persona que mencioné antes, al citar el artículo, recalcó el nombre “Stanford”. (Con esto no pretendo criticar a esta universidad en particular; de hecho, otros miembros del plantel docente de Stanford, como Anat Admati, están entre los primeros en promover que se implementen reformas razonables en el sector.)

Ferguson cree que en general, esta forma de “consultoría” académica está descontrolada. Comparto su opinión, pero añado que ponerle freno será tarea difícil mientras las universidades y los bancos “demasiado grandes para quebrar” sigan tan interconectados como ahora.

En este contexto, sufrí hace poco una decepción al leer en The Wall Street Journal una entrevista a Lee Bollinger, presidente de la Universidad de Columbia. Bollinger es un director “clase C” del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, designado por la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal para representar el interés público.

En lo que parece ser su primera entrevista o declaración pública relacionada con la reforma del sistema bancario (incluso, la primera sobre asuntos financieros), Bollinger insistió en que Dimon debe conservar su puesto en la junta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Usó para ello un vocabulario extraño viniendo de un académico, cuando dice que los que insinúan que Dimon debería renunciar o ser reemplazado son “tontos” (foolish) o tienen una “idea equivocada” de cómo funciona el sistema en realidad.

En este momento estoy peticionando a la Junta de Gobernadores que destituya a Dimon de su puesto. La petición electrónica en change.org ya ha recibido casi 37.000 firmas, y soy optimista: creo que pronto tendré una reunión para analizar el asunto con el nivel superior de la Junta en Washington, DC.

Tal vez la intervención de Bollinger beneficie a Dimon; después de todo, la Universidad de Columbia es una de las más prestigiosas del mundo. Pero también podría resultar productiva en otro sentido: el de fomentar un debate público respecto de cómo hacen los bancos “demasiado grandes para quebrar” para mantener los subsidios implícitos que reciben.

Respecto de la posición de Bollinger, he escrito una refutación detallada, y espero que Bollinger, en un espíritu de diálogo académico abierto, me responda de alguna manera pública, sea por escrito o accediendo a debatir el tema conmigo en persona. Es necesario un diálogo más visible respecto de cómo reformar la relación enfermiza que hay entre las universidades y las instituciones financieras subsidiadas de todo el mundo, como JPMorgan Chase.

Traducción: Esteban Flamini