Este mes, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre Afganistán que podría sentar las bases para un nuevo enfoque, libre de prejuicios, para elaborar estrategias a fin de luchar contra los narcóticos en todo el mundo. De hecho, la resolución pide a los participantes de una conferencia de donantes, que se celebrará en Londres a fines de enero, "que tomen en consideración la propuesta de autorizar licencias para la producción de opio con fines medicinales, como ya se ha concedido a otros países".
Esta propuesta fue presentada originalmente por el Senlis Council, que es una organización independiente localizada en París, durante un taller que tuvo lugar en Kabul en septiembre pasado. El texto que introdujeron los demócratas liberales europeos, con el apoyo de casi todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, es revolucionario no sólo porque va en contra del pensamiento convencional, sino también porque saca a flote el problema por encima de la estancada realidad de la "guerra contra las drogas". En Afganistán, esa supuesta guerra se ha basado esencialmente en campañas de erradicación y en proyectos de subsistencia alternativos, que sólo han alcanzado resultados limitados. La nueva postura del Parlamento Europeo, puede, espero, marcar el principio de un cambio radical de política por parte de todos los actores involucrados en la reconstrucción de Afganistán.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pese a los esfuerzos conjuntos para erradicar y sustituir las cosechas, en 2005 Afganistán produjo el 87% del opio mundial -aproximadamente 4.1 toneladas que generaron 2.7 mil millones de dólares de ingresos ilegales, lo que significa casi el 52% del PIB del país. La encuesta de Afganistán sobre el opio de 2005, publicada en noviembre pasado, estima que el valor total de ese opio, una vez que se convierte en heroína y se distribuye en todo el mundo, podría alcanzar más de 40 mil millones de dólares.
Además, en años recientes, en Afganistán han proliferado las fábricas y laboratorios que procesan opio para convertirlo en heroína, con una producción de 420 toneladas tan sólo el año pasado. El aumento en la producción local de heroína dado un fuerte impulso al mercado local al menudeo, lo que ha generado preocupaciones sobre la propagación del VIH/SIDA en un país con infraestructura escasa y servicios de salud inexistentes.
Adicionalmente, las rutas utilizadas por los convoyes exportadores ya no se limitan a la tristemente célebre "ruta dorada" a través de Pakistán e Irán, sino que se han multiplicado y utilizan puntos de salida en las ex repúblicas soviéticas como Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Esto ayuda a promover una mayor inestabilidad en un contexto político de por sí volátil.
La política antinarcóticos internacional actualmente está animada por la presión de obtener resultados rápidos y visibles. Pero la erradicación y los proyectos alternativos de subsistencia afectan principalmente a aquellos que se encuentran en el eslabón más bajo de la cadena del valor agregado, los campesinos, y no tienen un impacto real sobre los que están más arriba, como los grandes terratenientes y los traficantes locales, sin mencionar los extremadamente poderosos capos de las drogas y las mafias y carteles internacionales. Para muchos campesinos sin tierra es difícil cambiar de cultivos porque están atrapados en el mercado ilegal basado en el opio, lo que los obliga a vivir a merced de los traficantes de drogas, que les otorgan créditos y acceso a los puntos de distribución.
El resultado de esto aparece en un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que presenté en Kabul en diciembre pasado: Afganistán corre el riesgo de convertirse en un estado "rentista" con acceso fácil a los recursos que promueven la corrupción por todo su sistema político, que financian grupos armados ilegales y que alimentan la desestabilización regional. Las redes ilícitas afganas imitan métodos bien conocidos que el crimen organizado ha utilizado exitosamente durante décadas en otras partes del mundo, son móviles e ingeniosas, y pueden conectarse a una serie de actividades económicas legales para mantenerse.
Esto podría llevar a Afganistán a un punto sin regreso: convertirse en un narco-Estado que se aleje de cualquier forma de Estado de derecho y que se desentienda del frágil contrato social que ha empezado a establecer con sus propios ciudadanos. Como lo ha dicho Barnett Rubin de la Universidad de Nueva York, experto en la sociedad afgana: "Afganistán no podrá estabilizarse mientras el sector más dinámico de su economía sea ilegal, ni si se destruye más de la mitad de su economía".
Entonces, ¿qué se debería hacer?
Debido a la seria amenaza que la economía de las drogas ilegales significa para la estabilidad y la democracia en Afganistán, debemos empezar a pensar en el cultivo regulado de la amapola con fines medicinales, en particular para analgésicos, con la participación activa de países donantes y de la ONU misma. En efecto, la ONU calcula que solamente seis países recetan un 78% del total de la producción legal de opiáceos, lo que implica un desabasto de analgésicos a base de opio en muchos de los otros 185 Estados miembros de Naciones Unidas. Por ello la demanda potencial legal es enorme.
Además, la ONU calcula que hay 45 millones de personas que tienen el virus del VIH/SIDA en países donde los sistemas de salud no existen o son muy limitados, y que en los siguientes 20 años habrá 10 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo en desarrollo. Estos cálculos, junto con las necesidades adicionales de los países pobres cuando los golpean catástrofes naturales, implican que la demanda potencial legal de opiáceos medicinales será incluso mayor.
Un aumento en la producción "médica" de opio atacaría la escasez en todo el mundo. También daría a los campesinos afganos, que han estado cultivando amapola pese a las erradicaciones forzadas de las plantas y los incentivos para cambiar de cultivo, una opción regulada por la ley, y eso con el tiempo, podría tener un impacto en el comercio de heroína.
Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los individuos que participen en la conferencia de Londres no deben descartar el llamado del Parlamento Europeo, porque ofrece una estrategia mucho más factible para fomentar el futuro de Afganistán que lo que permiten las actuales políticas antinarcóticos.


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