CAMBRIDGE – Una reciente resolución hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos amplió la libertad de las empresas para gastar dinero en campañas políticas y candidatos, libertad de la que disfrutan las empresas en otros países de todo el mundo. Dicha resolución plantea cuestiones muy conocidas sobre la democracia y el poder privado, pero con frecuencia se pasa por alto otra cuestión importante: ¿quién debe decidir en una empresa cuyas acciones se coticen en Bolsa si gastar fondos en política, cuánto y para qué fines?

Conforme a las normas tradicionales del derecho de sociedades, las decisiones sobre pronunciamientos políticos de empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a las mismas normas que las decisiones empresariales corrientes. En consecuencia, se pueden adoptar dichas decisiones sin la aportación de los accionistas corrientes o de directores independientes y sin su revelación detallada: salvaguardas, todas ellas, que el derecho de sociedades establece en relación con otras decisiones de la dirección, como, por ejemplo, las relativas a la remuneración de los ejecutivos o las transacciones entre partes vinculadas.

Sin embargo, en un artículo reciente Robert Jackson y yo sostenemos que las decisiones sobre pronunciamientos políticos son fundamentalmente diferentes de las decisiones empresariales normales. Los intereses de los directores, ejecutivos y accionistas mayoritarios respecto de dichas decisiones pueden con frecuencia divergir en gran medida de las de los inversores públicos.

Pensemos en una empresa pública cuyo director gerente o accionista mayoritario apoye un movimiento político de derecha o de izquierda del país y desee ayudarlo con fondos empresariales. No hay razones para esperar que las preferencias políticas de los iniciados de la empresa coincidan con las de los inversores públicos que financien la empresa. Además, cuando existe dicha divergencia de intereses, la utilización de fondos de la empresa para apoyar causas políticas de las que los inversores en ella no sean partidarios –o incluso discrepen– puede perfectamente imponer costos que excedan las cantidades monetarias abonadas.

Para prevenirlo, los legisladores deben adoptar salvaguardas para las decisiones de gasto político que limiten la divergencia de dichas decisiones respecto de los intereses de los accionistas. Para empezar, es importante exigir a las compañías cotizadas en Bolsa que revelen detalladamente a los inversores públicos las cantidades y los beneficiarios de cualesquiera fondos que la empresa gaste, ya sea directa o indirectamente.

Al ampliar los derechos de las empresas a gastar dinero en política, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se basó en “los procesos de la democracia empresarial” para velar por que dicho gasto no se ajuste a los intereses de los accionistas. Sin embargo, es evidente que, efecto, si el gasto político no es transparente para los inversores, esos procesos pueden tener poco.

Para que dicha revelación sea eficaz, debe entrañar normas sólidas respecto del gasto político por mediación de intermediarios. En los Estados Unidos, por ejemplo, las organizaciones que pretenden hablar en nombre del sector empresarial o de industrias concretas recaudan fondos de empresas y gastan más de 1.000 millones de dólares anuales en actividades encaminadas a influir en la política y la formulación de políticas. Si bien se exponen los fines del gasto de dichas organizaciones, no se hace una exposición pública que permita a los inversores en cualquier empresa que cotice en Bolsa saber si ésta contribuye a dichas organizaciones y cuánto. Los inversores tienen derecho a saberlo.

Además, las decisiones sobre gasto político de una empresa que cotice en Bolsa no deben ser asunto exclusivo de la dirección, como con frecuencia ocurre. Los directores independientes deben tener un importante papel de supervisión, como hacen respecto de otras cuestiones delicadas que pueden entrañar una divergencia de interés entre los iniciados y los inversores públicos y dichos directores deben presentar un informe anual en el que expliquen las opciones por las que se hayan inclinado durante el año anterior.

Los legisladores deben examinar también la posibilidad de brindar a los inversores  voz y voto sobre las decisiones de gasto político. En el Reino Unido, por ejemplo, las empresas que cotizan en Bolsa han estado sometidas a ese requisito durante más de un decenio. Los accionistas de empresas británicas deben aprobar, mediante votación por mayoría de una resolución de los accionistas, cualquier gasto político que exceda de 5.000 libras. A raíz de la aprobación de esa legislación, el gasto político siguió siendo importante, pero disminuyó un poco respecto de los niveles anteriores.

Los accionistas pueden tener opiniones diferentes de las de los iniciados de la empresa no sólo respecto de la cantidad de gasto político, sino también de cómo se deciden los objetivos de dicho gasto. Se puede abordar ese problema permitiendo a los accionistas aprobar en la reunión anual resoluciones vinculantes relativas al gasto político empresarial.

Por ejemplo, los accionistas podrían decidir que la empresa no pudiera gastar fondos para ciertos tipos de fines políticos o que debiese ajustarse a ciertos principios al asignar cualquier presupuesto que se autorice. La simple existencia de la facultad de los accionistas para aprobar dichas resoluciones podría perfectamente aumentar los incentivos de los iniciados para asignar el gasto político de la empresa de formas que sean conformes a los intereses de los accionistas.

Las normas legales que permiten a las empresas gastar en política parten de la premisa de que la expresión de las posiciones de las empresas desempeña un papel legítimo en el mercado político, pero los deseos de una empresa no deben equivaler automática y necesariamente a los de su dirección. Ésa es la razón por la que necesitamos nueva legislación para velar por la utilización de los fondos empresariales en política no se desvíe de los intereses de los accionistas.