Acaba de llegar a su fin la batalla judicial acerca de si condenar o no al ex dictador de Chile, Augusto Pinochet. Tras estudiar largamente los informes médicos sobre la salud de Pinochet, el juez Juan Guzmán determinó que está mentalmente apto para ser enjuiciado por nueve secuestros y un homicidio. La Corte Suprema chilena ha respaldado esa resolución. Todos esos crímenes se cometieron durante la "Operación Cóndor", un plan de coordinación entre los dictadores latinoamericanos para eliminar físicamente a sus opositores de izquierda.

El juez Guzmán también dictaminó que el ex dictador no está demente y que puede discernir entre el bien y el mal. Esto tiene una importancia fundamental, ya que Pinochet ha tratado de negar su capacidad intelectual para ser juzgado. El reciente "accidente vascular" que lo envió a un hospital militar, donde recobró la conciencia y las facultades motoras, dará excusas para solicitar nuevos exámenes médicos y demoras, a medida que avance el procesamiento judicial.

Pero los esfuerzos de Guzmán por hacer que el dictador se presente ante la justicia no deben quedar aislados. Otros jueces y entes oficiales deben sostener la presión sobre Pinochet.

Por ejemplo, es mucho lo que aún queda por saber en casos como el asesinato del General Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974. Más aún, las investigaciones del Congreso de Estados Unidos al Banco Riggs han puesto al descubierto los sospechosos métodos mediante los cuales Pinochet y su familia se enriquecieron. Es necesario que a estas investigaciones les sigan acciones judiciales.

La investigación acerca de la muerte en 1980 del ex presidente Frei Montalva, el principal opositor a la dictadura, ha tenido avances, pero se debe impulsar vigorosamente en los tribunales. La muerte de Frei implica al aparato represivo que Pinochet y Manuel Contreras, su “mano derecha”, manejaron férreamente.

La Operación Cóndor, las cuentas en el Banco Riggs y las muertes de Frei y Prats, al igual que muchos otros crímenes, se encuentran documentados en el reciente informe sobre tortura y prisión política escrito por una comisión especial creada por el Presidente Ricardo Lagos. El informe, que ha visto la luz 30 años después del golpe militar que llevó a Pinochet al poder, ha estremecido y fortalecido a los chilenos.

Aparentemente invencible durante muchos años, el colapso final del ex dictador comenzó en Londres en octubre de 1998, cuando abogados españoles, el juez Baltasar Garzón de España y Scotland Yard levantaron cargos contra él. Pinochet respondió con arrogancia, generando una enorme sensación de vergüenza por la joven democracia chilena. La habilidad de Pinochet de evadir a la justicia proyectó una oscura sombra sobre las instituciones militares del país e hizo que muchos chilenos se preguntaran cuánto había avanzado realmente Chile en su transición a la democracia.

Sin la insistencia del juez Garzón, habría sido casi imposible enjuiciar a Pinochet, debido a la poderosa oposición por parte de chilenos adinerados y con influencia en los medios de comunicación. La excesiva cautela del gobierno chileno (basada en el temor a una inestabilidad que pudiera afectar los derechos básicos recobrados tras la dictadura) también ayudó a que Pinochet evadiera a la justicia. De hecho, los tribunales chilenos no habrían logrado el apoyo público necesario para sacarlos de su inercia sin el impulso que les brindó Garzón.

También habría sido imposible pensar en llevar a Pinochet ante la justicia sin la extraordinariamente importante lucha por los derechos humanos emprendida por las organizaciones de las víctimas, sus familias y los juristas que, contra viento y marea, se mantuvieron fieles a su causa durante décadas. Pocas organizaciones de Chile han sido tan capaces o tan exitosas como las dedicadas a los derechos humanos. Gracias a la tenacidad y pasión de estos chilenos comunes y corrientes, que exigían que el estado cumpliera su deber de proteger los derechos humanos, Pinochet se encuentra ahora ante la vara de la justicia, así como otros que usaron su poder para matar, torturar o exiliar a sus conciudadanos.

Sin embargo, muchos se preguntan todavía: "¿Pagará Pinochet por sus crímenes?" La opinión pública internacional y la historia ya lo han condenado. La dignidad de Chile ahora depende de si su sistema legal llega o no a la misma conclusión.

Existen dudas de que Pinochet sea castigado, ya que el "pinochetismo" todavía sigue vivo en Chile. Sus poderosos partidarios lo defienden con todos los medios solapados que están a su alcance. Se apoyan en el hecho de que algunos miembros del gobierno preferirían clausurar un doloroso capítulo de las violaciones a los derechos humanos, en lugar de llevarlo a su término.

Dependiendo del rumbo que tome la nación, con el tiempo los chilenos pueden llegar a reconciliarse con su pasado. Por ahora, sus diferentes visiones coexisten y cohabitan en paz. Sin embargo, los ciudadanos y el estado también deben enfrentar la verdad y llevar ante la justicia a quienes cometieron abusos contra los derechos humanos para que el pueblo pueda vivir con honestidad en su sociedad y en su historia. En la medida que los chilenos así lo hagan, crearán las condiciones para una sociedad más digna y respetable. Un juicio a Pinochet en los tribunales es un importante paso en esa dirección.