SHANGHAI -- Inmediatamente después de asumir el cargo el mes último, el Primer Ministro Paquistaní Yousuf Raza Gilani ordenó la liberación de los 60 jueces que habían sido detenidos por el Presidente Pervez Musharraf desde noviembre. Se trata de un triunfo del imperio de la ley en Pakistán y, sobre todo, una victoria para los valientes abogados paquistaníes que se manifestaron en las calles para protestar por la imposición del estado de emergencia por parte de Musharraf el otoño pasado.

Los abogados marcharon, cantaron, danzaron y cambiaron sus maletines por carteles y, en ocasiones, huevos y piedras. Como un bloguero paquistaní escribiera: "Danzaron con sus chaquetas y corbatas negras. Sus chaquetas negras fueron sus Kalashnikovs y sus corbatas negras fueron sus balas". En un mundo de revoluciones de colores, la de Pakistán vistió los sobrios tonos de la ley.

En noviembre pasado, Musharraf declaró en la práctica la guerra contra el cuerpo de abogados y el poder judicial, despidiendo a todos los jueces que se negaron a reconocer su declaración de un estado de emergencia, supuestamente destinada a proteger a la nación de los terroristas. La Corte Suprema de siete miembros, encabezada por el Juez Supremo Iftikar Mohammad Chaudhry, reaccionó emitiendo una orden que impedía al gobierno proclamar el estado de emergencia.

Musharraf disolvió la Corte Suprema y los cuatro Tribunales Superiores, puso a Chaudhry y a toda su familia bajo arresto domiciliario, clausuró la sede de la Corte Suprema y la hizo vigilar por una guardia armada, y procedió a arrestar y detener a todos los jueces que se negaran a jurar obediencia al Orden Constitucional Provisional que sostenía el estado de emergencia. El resultado fue la detención de la mayor parte de los altos cargos del poder judicial, así como los presidentes de las asociaciones de abogados de todo el país y de todos los principales abogados y activistas de los derechos humanos que intentaban defender la independencia de la justicia.

En las protestas subsiguientes, se convirtió en rutina que los abogados recibieran golpes, fueran humillados y se los reprimiera con gases. Se mantuvieron leales a sus jueces, haciendo prácticamente imposible que los jueces que estaban dispuestos a tomar el juramento de obediencia a Musharraf pudieran desempeñar sus funciones. Parece ser que el movimiento de los abogados creó una cuña histórica entre el poder judicial y el ejecutivo.

Sin embargo, en Pakistán, Estados Unidos y otros países donde los abogados han ayudado a impulsar luchas por los derechos humanos y el imperio de la ley, los altos ideales se vinculan con un conjunto de intereses igualmente importantes. Los abogados paquistaníes buscaban proteger tanto sus medios de vida como sus principios. Los abogados no pueden ejercer sin jueces que escuchen sus casos. Y los clientes no les encargarán esos casos a menos que crean que los jueces son lo suficientemente independientes como para emitir sentencias en base a méritos, en lugar de hacerlo por sobornos o consideraciones políticas.

Estos intereses también ayudan a explicar por qué los abogados de Kenia estuvieron al frente de las protestas contra la corrupción del régimen del Presidente Daniel Arap Moi a principios de los años 90, pero fueron mucho menos visibles en la erupción de violencia tribal el año pasado. La corrupción erosiona la posibilidad de ganarse el sustento a través de las leyes, que se convierten en un privilegio de los ricos. En contraste, en crisis causadas por conflictos étnicos los intereses de los abogados no son tan claros.

Hacer notar la convergencia entre los ideales y los intereses no menoscaba de manera alguna la valentía de los abogados paquistaníes ni la importancia de sus protestas. Por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos comprendieron plenamente que ambos debían ir de mano. La democracia constitucional que idearon aseguró, en palabras de James Madison, que la ambición contrarrestara la ambición y que "los intereses del hombre" estén "vinculados a los derechos constitucionales del lugar".

La mejor base para el imperio de la ley es crear una isla de legalidad donde más se la necesite para dar pasos hacia el logro de los objetivos legítimos de gobierno: detener la corrupción, proteger el medio ambiente, depurar el sistema financiero o hacer valer los contratos con los inversionistas extranjeros. Dentro de estas áreas limitadas tienen un lugar los jueces independientes y los abogados que pueden argumentar ante ellos.

A medida que estas islas comienzan a formar un archipiélago va surgiendo una clase legal sustentada en los clientes que la necesitan. Y el día en que un juez finalmente cruza una línea política, diciendo y manifestando la verdad constitucional al poder usurpado, la negativa del gobierno a acatarla amenaza los intereses e ideales de un segmento de la sociedad motivado y bien organizado.

Las próximas semanas revelarán si el nuevo gobierno de Pakistán posee el coraje y la integridad no sólo para liberar a los jueces despedidos, sino para hacerlos volver a sus puestos y quizás enfrentar su escrutinio en el futuro. Si lo hace, los abogados paquistaníes podrán volver a las salas de los tribunales y los ciudadanos de Pakistán tendrán otra oportunidad de hacer que la democracia funcione. Si lo logran, tal vez deberían añadir un borde negro al orgulloso verde islámico de su bandera: el negro no del luto, sino de la justicia.