The World in Words
Dejemos que los afganos lideren la reforma afgana
Jamie F. Metzl and C. Christine Fair
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NUEVA YORK – Si bien el resultado sigue siendo incierto, la elección presidencial de Afganistán ha demostrado que el pueblo afgano anhela un liderazgo más responsable. Pero no resulta menos claro que esta aspiración dista de concretarse, y que la burda gobernancia del país está sentando un cimiento peligrosamente débil para el compromiso internacional.
Estados Unidos y sus aliados no pueden triunfar en Afganistán si no triunfa el propio gobierno afgano. A pesar de los llamados apropiados del Congreso de Estados Unidos a fijar estándares para medir el progreso norteamericano en Afganistán, son muy pocos los que instan a que el gobierno afgano articule sus objetivos para mejorar la gobernancia y la responsabilidad, y explique cómo piensa cumplirlos. Hasta que esto suceda y el respaldo internacional quede condicionado al progreso afgano en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados por los afganos, las instituciones estatales del país seguirán perdiendo credibilidad. El éxito significativo en Afganistán se tornará esquivo no importa cuál sea el nivel de financiación o la presencia de tropas internacionales.
Hoy, muchas partes del estado afgano se están pudriendo desde adentro. La corrupción sistémica está presente en todos los niveles. Se dice que una gran cantidad de funcionarios del gobierno, inclusive miembros de la propia familia del presidente Hamid Karzai, están involucrados en el tráfico de drogas, madera, gemas y otros productos ilícitos. La absolución por parte de Karzai de narcotraficantes con vínculos indirectos con su campaña para la reelección también planteó interrogantes fundamentales sobre el compromiso del gobierno con el régimen de derecho.
Los propios afganos no son los únicos culpables por este estado de situación. Estados Unidos y la comunidad internacional hicieron escasos esfuerzos por crear una estructura adecuada de gobernancia después de la intervención de 2001. En nombre de la inmediatez de corto plazo, fue muy poco lo que se hizo para echar a los gobernadores y policías corruptos, o para contrarrestar la participación de funcionarios de alto nivel en el narcotráfico.
Más allá de cuáles sean las causas, la corrupción oficial está creando una situación en la que muchos afganos temen la rapacidad del gobierno casi tanto como desprecian a los talibán, que hoy creíblemente pueden aducir la capacidad de ofrecer seguridad y justicia expedita en las zonas que controlan, aunque a un precio muy alto.
A igualdad de condiciones, los afganos preferirían seguridad bajo cualquier régimen y no a los talibán. La democracia y el régimen de derecho bien podrían ser una alternativa efectiva a lo que ofrecen los talibán, pero el gobierno no sería creíble si adujera que puede ofrecer una cosa o la otra, para no mencionar servicios básicos, de manera consistente. Y, como la comunidad internacional todavía paga las facturas del gobierno, muchos afganos asumen que los donantes favorecen la corrupción endémica.
Dada el creciente recelo público sobre Afganistán en Estados Unidos y otras partes, y la abrumadora dependencia de los países de la generosidad internacional, sería tentador seguir la práctica habitual desarrollando objetivos generados internacionalmente y luego comprometiéndose con los líderes afganos a explorar la mejor manera de alcanzarlos. Un proceso de este tipo no tendrá éxito. La corrupción sólo se puede encausar si el propio gobierno afgano asume la principal responsabilidad de encausarla.
La mejor manera de ayudar a que el gobierno de Afganistán sea más responsable frente a su pueblo en el largo plazo es trabajar para fortalecer la democracia afgana, pero este nivel de responsabilidad todavía está muy lejos -y Afganistán necesita desesperadamente una mejor gobernancia hoy.
Para alentar la responsabilidad en el corto plazo, la comunidad internacional debería exigirle a la próxima administración afgana que establezca sus propios objetivos para una buena gobernancia y establezca los estándares para medir el progreso. Si la comunidad internacional cree que estos objetivos son correctos, se debería seguir suministrando asistencia mientras se cumpla con los objetivos. De lo contrario, se podría reducir la asistencia para evitar que los fondos internacionales sigan favoreciendo prácticas corruptas.
Afganistán es un estado soberano, y su gobierno tiene la autoridad de hacer lo que quiere. Pero la comunidad internacional no está obligada a financiar la corrupción oficial. Una reforma generada internamente es la única reforma que puede funcionar, y esto no es factible si los funcionarios afganos dan por sentada la asistencia internacional o se ven a sí mismos como actores subordinados en su propio proceso de reforma.
A menos que se la encause adecuadamente, la corrupción oficial socavará de manera letal las condiciones en Afganistán y hará que la continuación de la ayuda internacional se vuelva insostenible y el éxito, imposible. Llegó la hora de que el gobierno afgano asuma la posta en la lucha contra la corrupción, y que la comunidad internacional deje en claro que no ofrecerá un cheque en blanco si esto no se cumple.
Jamie Metzl es vicepresidente ejecutivo de la Asia Society y director de proyectos de la Asia Society Task Force sobre Afganistán-Pakistán. Christine Fair enseña en la Universidad Georgetown. Ambos se desempeñaron como observadores durante las elecciones afganas.
Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org
Traducción de Claudia Martínez
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