European Economies
Los tres modelos suecos
Assar Lindbeck
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Con frecuencia se representa el sistema económico y social de Suecia, a veces llamado el "modelo sueco", ora como un ideal ora como una anormalidad, pero se trata de un sistema que ha variado considerablemente. De hecho, hablando en términos generales, ha habido tres "modelos" suecos diferentes desde el final del siglo XIX.
El primer modelo duró desde 1870, aproximadamente, hasta el decenio de 1960. Durante ese período "liberal", el Estado se ocupaba básicamente de la legislación en apoyo del mercado, la educación, la atención de salud y las infraestructuras. En fecha tan avanzada como 1960, tanto el gasto total del Estado (como porcentaje del PIB) como la distribución de los ingresos eran similares a los predominantes en los Estados Unidos. Durante ese período de un siglo, Suecia pasó de ser uno de los países occidentales más pobres a ser el tercer país en riqueza con su PIB por habitante. Dicho de otro modo, Suecia pasó a ser un país rico antes de que se formularan sus disposiciones, sumamente generosas, relativas al Estado del bienestar.
Una segunda época duró desde 1960 a 1985. Durante este período se mantuvo el régimen de libre comercio del período liberal –y de hecho, se intensificó con las diversas rondas de liberalización del comercio mundial–, pero la tendencia predominante era a la creación de un generoso Estado del bienestar. A finales del decenio de 1980, el gasto público total oscilaba entre el 60 y el 65 por ciento del PIB, frente al 30 por ciento, aproximadamente, en 1960. Además, los tipos impositivos marginales oscilaban entre el 65 y el 75 por ciento en el caso de la mayoría de los empleados con jornada completa, frente al 40 por ciento en 1960 (incluidos todos los impuestos correspondientes a los hogares).
También se redujeron los incentivos al trabajo, al ahorro y a la creación de empresas con la reducción de las diferencias salariales y también y en gran medida de los beneficios empresariales, consecuencia los dos de la existencia de unos sindicatos fuertes y centralizados. Además, se introdujo una nueva reglamentación del mercado laboral, cuyo aspecto más importante fue la estricta legislación relativa a la seguridad del empleo aplicada a comienzos del decenio de 1970. Se mantuvo la reglamentación de los mercados financieros impuesta durante la segunda guerra mundial. Ese sistema económico y social es el que se suele denominar "modelo sueco".
Aunque los resultados económicos durante este período no fueron pésimos, tampoco fueron, desde luego, impresionantes. Entre 1970 y 1995, el PIB por habitante en Suecia estuvo un 18 por ciento rezagado respecto del de los países ricos de la OCDE. A consecuencia de ello, Suecia pasó del tercer puesto a ocupar el décimo séptimo de la OCDE desde el punto de vista del PIB por habitante. Se puede explicar en parte por el mecanismo de "actualización", pues países tecnológicamente menos avanzados estaban importando tecnología de los más avanzados, pero eso no explica por qué 14 países no sólo alcanzaron a Suecia durante este período, sino que, además, la superaron en PIB por habitante.
La eliminación de la reglamentación del mercado de capitales y de los controles de divisas a finales del decenio de 1980 y la entrada de Suecia en la UE a comienzos del decenio de 1990 señalaron una nueva época: el embrión de un tercer modelo sueco. En 1991, se redujeron entre un 10 y un 20 por ciento los tipos impositivos marginales para grandes sectores de la población. Esas reformas contaron con un amplio apoyo político y, de hecho, se iniciaron durante un gobierno socialdemócrata. Más adelante, principalmente durante un período de gobierno de centro derecha, se desreglamentaron diversos mercados: telecomunicaciones, electricidad, transporte por carretera, taxis y, en cierta medida, ferrocarriles.
Comenzó un proceso de desreglamentación y privatización, si bien continuó con financiación mediante impuestos (de hecho, se trataba básicamente de un sistema de vales), en el sector de los "servicios humanos", en particular, los de guarderías infantiles, educación y asistencia a los ancianos. Uno de sus objetivos era el de aumentar la competencia y la libertad de elección.
En parte a consecuencia de esas reformas, la tasa de crecimiento de Suecia se recuperó desde mediados del decenio de 1990 y en la actualidad se ha reducido la tercera parte, aproximadamente, del desfase anterior en el PIB por habitante existente desde 1970 (en comparación con otros países desarrollados). Sin embargo, Suecia sigue caracterizándose por una gran dependencia de la asistencia social, pues en los últimos años el 23 por ciento, aproximadamente, de las personas en edad de trabajar viven de diversos tipos de prestaciones estatales, incluidos pagos por discapacidad temporal o permanente.
El nuevo gobierno de centro derecha elegido en el otoño de 2006 se ha comprometido a continuar con la liberalización económica. Ha anunciado planes para privatizar las empresas de propiedad estatal, mejorar las condiciones de las empresas pequeñas y seguir aumentando la libertad individual de elección en el caso de los servicios humanos. También ha abolido el impuesto sobre el patrimonio (después de que el anterior gobierno socialdemócrata hubiera abolido el impuesto de sucesiones).
Además, el gobierno ha bajado moderadamente los impuestos a los asalariados y ha reducido escalonadamente la generosidad de algunas prestaciones estatales. Un argumento en pro de esta última política es el de mejorar el presupuesto estatal; otro, hacer que el trabajo resulte más remunerador en comparación con las prestaciones estatales.
De hecho, en relación con aspectos importantes Suecia está volviendo al régimen económico liberal que existió antes de la explosión del intervencionismo estatal en el decenio de 1960, pero hay dos salvedades básicas. Primera, todos los partidos políticos están de acuerdo en que se deben seguir financiando todos los sistemas del Estado del bienestar con cargo a los impuestos, aunque tal vez con una aplicación más intensa de los principios del seguro en los sistemas de seguridad social. Así, pues, aun cuando se reduzca la generosidad de las prestaciones estatales, no es probable que el gasto estatal total baje del actual 53 por ciento del PIB.
Segunda, existe coincidencia general en que el gobierno debe hacerse cargo más activamente de las cuestiones medioambientales, aunque las políticas al respecto dependen cada vez más de los instrumentos del mercado (sanciones monetarias para las perturbaciones medioambientales) en lugar de reglamentación cuantitativa.
Es evidente que algunas de esas medidas normativas pueden entrar en conflicto con el igualitarismo tradicional de Suecia, al menos a corto plazo. Por eso, la gran cuestión subyacente a la actual ola de liberalización es si esas tendencias reformadoras son sostenibles. En las próximas elecciones generales de 2010 se tendrá parte de la respuesta.
Assar Lindbeck es profesor de Economía Internacional en la Universidad de Estocolmo.
Copyright: Project Syndicate, 2007.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos manzano.
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