El mundo se ha quedado estupefacto ante la victoria de Hamas en las elecciones palestinas, pero una afirmación diferente del poder democrático y parlamentario, esta vez en el emirato de Kuwait en el Golfo, que cuenta con el diez por ciento de las reservas mundiales de petróleo, puede resultar igualmente importante. Todo indica que la ola de democratización en Kuwait es irreversible y las repercusiones de esos cambios llegan, más allá de Kuwait, a todos los demás países del Golfo ricos en petróleo, que también están gobernados por emires y jeques.

De hecho, esos gobernantes tienen ahora mucho sobre lo que reflexionar. A la muerte, el 15 de enero de 2006, del gobernante de Kuwait, el jeque Jaber al-Sabah, siguió una inquietud nacional sin precedentes, que propició la rápida abdicación de su sucesor designado, Saad Al Sabah. Nunca había sucedido nada semejante a la familia Al Sabah, que lleva dos siglos gobernando Kuwait.

Tradicionalmente, el papel de emir gobernante alternaba (conforme a un acuerdo tácito) entre dos ramas rivales de la familia Al Sabah: los Al Jaber y los Al Salem. La sucesión había sido siempre un asunto estrictamente familiar y cualesquiera disputas existentes permanecían ocultas. Sin embargo, a la muerte del jeque Jaber al-Sabah, la sucesión no sólo ha sido objeto de un febril debate público, sino que, además, la prensa kuwaití y el Parlamento han desempeñado un papel decisivo en la determinación del resultado.

El sistema político de Kuwait está considerado el más moderno de los emiratos y las monarquías del Golfo Árabe, porque todos los ciudadanos –hombres y mujeres—eligen su parlamento. Las elecciones con sufragio universal, combinadas con una prensa relativamente libre, propiciaron que la sucesión pasara a ser una cuestión pública, debatida en los medios de comunicación y por académicos durante meses, mientras el jeque Jaber agonizaba.

Una vez violado el tabú que impedía hablar de la sucesión, las conversaciones sobre la idoneidad física y mental del probable sucesor pasaron a ser cosa corriente y los miembros de la familia gobernante que pusieron objeciones a la perspectiva de ser gobernados por un príncipe heredero gravemente incapacitado llegaron a contar con un amplio apoyo.

Así, inmediatamente después de la muerte de Jaber al-Sabath, la sucesión pasó a ser un motivo de preocupación nacional. Lo que en el pasado habría sido un simple golpe palaciego se transmitió a las páginas de los periódicos y a los pasillos del Parlamento. La abdicación del Príncipe Heredero resultó inevitable.

El Consejo de Ministros declaró sucesor a Sabah al-Sabah como nuevo gobernante, cosa que después ratificó el Parlamento. Fue un momento transcendental para esa región. Por primera vez, un parlamento árabe había votado para derrocar a un Jefe de Estado y había afirmado su voluntad de elegir al sucesor. La supremacía parlamentaria, una de las cuestiones decisivas en la democratización de cualquier país, parece estar al alcance de la mano en Kuwait.

Naturalmente, Kuwait experimentará ahora enormes tensiones entre el gobierno transparente de un ejecutivo verdaderamente parlamentario y la herencia, aún poderosa, de un Estado gobernado por una familia y sin transparencia, pero el antiguo imperio de la fuerza y la intriga mediante el cual se ha depuesto a otros gobernantes de países del Golfo ha quedado substituido por un principio moderno: los Al-Sabah han renunciado al control exclusivo de la sucesión ante la voluntad del Parlamento, el único que podía brindar la legitimidad que necesita el nuevo emir.

Las consecuencias de esa afirmación de la autoridad parlamentaria serán enormes. La ratificación parlamentaria no se limitó a refrendar un golpe palaciego; su aprobación fue condicional. Ahora los emires que necesitan la aprobación parlamentaria para lograr la legitimidad popular deben afrontar la necesidad de compartir el poder.

A cambio de su voto para no ratificar al Príncipe Heredero, ahora el Parlamento de Kuwait pide incluso más reformas políticas y económicas, incluida la legalización oficial de los partidos políticos, la separación del cargo de Primer Ministro del de Príncipe Heredero e incluso la posibilidad de elegir para el cargo de Primer Ministro a personas no pertenecientes a la familia Al Sabah. Fue una auténtica revolución parlamentaria.

Conforme a la Constitución de Kuwait, el nuevo gobernante tiene un año para nombrar al Príncipe Heredero, pero debe nombrar inmediatamente a un primer ministro. Ese aplazamiento es importante, porque los kuwaitíes no están acostumbrados a esa clase de influencia parlamentaria. Ahora el nuevo emir tendrá que navegar con destreza entre las facciones de la familia Al Sabah y un parlamento que acaba de conseguir sus poderes.

Es probable que la victoria del Parlamento en la crisis de la sucesión de Kuwait propicie el endurecimiento por parte de algunas de las aristocracias vecinas de Kuwait en su resolución contra la modernidad y la democracia, pero Kuwait muestra que llegará sin falta un momento en que aferrarse a los procedimientos feudales deje de ser una opción válida. El modelo kuwaití puede ser arriesgado, pero la otra opción posible –la de hacer caso omiso de la necesidad de cambio– podría resultar fatal.