China World
El Gulag anónimo de China
John Kamm
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Con una honestidad poco usual, el gobierno de China publicó hace poco estadísticas sobre las personas arrestadas y enjuiciadas por poner en peligro la seguridad del Estado, el delito político más grave del código penal. El procurador de mayor rango del país, Han Zhubin, reveló que más de 3,400 personas fueron arrestadas entre 1998 y 2002 por delitos como la subversión, instigación a la subversión, espionaje y tráfico de secretos de Estado.
Los arestos y los juicios por poner en riesgo la seguridad del Estado han aumentado sensiblemente desde el 11 de septiembre de 2001. En el periodo de dos años que terminó el 31 de diciembre de 2002, más de 1,600 personas fueron enjuiciadas bajo ese cargo, la mayoría de ellas después de los ataques terroristas en contra de los EU. Muchos de los arrestados provienen de Xinjiang, una región autónoma del noroeste del país con una población musulmana numerosa e inquieta.
El gobierno de China ha utilizado la guerra contra el terrorismo para actuar en contra de aquéllos que buscan una mayor autonomía, incluyendo a los que lo hacen por medios pacíficos. Entre ellos hay personas como Rebiya Kadeer, una empresaria encarcelada por enviar artículos periodísticos a su esposo en los EU; Tohti Tunyaz, estudiante de doctorado en Japón, acusado de publicar "documentos sensibles"; y Tursunjan Amat, un poeta que recitó una composición en pro de la independencia en una asamblea pública en Urumqi.
Aunque la cantidad de esos arrestos y juicios es grande, el verdadero grado de represión del pensamiento y las actividades independientes por parte del gobierno es aún mayor. La mayoría de los miembros de Falun Gong y otras religiones no autorizadas son arrestados y enjuiciados por "utilizar un culto perverso para sabotear la aplicación de las leyes", un delito tipificado como "perturbación del orden social". Miles de personas han sido encarceladas por sus actividades en esos "cultos perversos".
A los líderes obreros frecuentemente se les acusa de "organizar procesiones ilegales" o de "perturbar el orden social". Los disidentes que buscan financiar sus actividades mediante negocios privados, a veces van a dar a la cárcel por delitos económicos como el fraude o por editar publicaciones ilegales. Fang Jue, un reformista que purgó una condena de cuatro años por delitos económicos, y Jiang Surang, un sacerdote católico clandestino sentenciado a seis años por publicar biblias de manera ilegal, sufrieron ese castigo.
Los disidentes que detiene la policía pero que no son formalmente arrestados terminan en ocasiones en campos de reeducación o en hospitales psiquiátricos administrados por la oficina de seguridad pública. Quienes reciben sentencias de dos o tres años de "trabajo reeducativo" no están incluídos en las estadísticas que dio a conocer el procurador general Han.
Sólo se conocen los nombres de unos cuantos de los miles que han sido arrestados por delitos políticos. Una búsqueda exhaustiva en fuentes oficiales y extraoficiales dio como resultado menos de 150 nombres de individuos bajo arresto por poner en peligro la seguridad del Estado entre 1998 y 2002, una "tasa de transparencia" de menos del 5%. En efecto, sabemos más sobre los arrestos que se hicieron después de las protestas de Tiananmen en 1989 que sobre los que se llevan a cabo actualmente.
Lo que sí sabemos acerca de los detenidos es tan inquietante como los arrestos mismos. Por ejemplo, aproximadamente una cuarta parte son chinos no Han, principalmente tibetanos y uygures. China es Han en más del 90%. Las sentencias para los chinos no Han suelen ser más largas que las que se dictan a los Han.
Además, casi todas las personas arrestadas por poner en peligro la seguridad del Estado resultan condenadas. Los recursos de apelación, cuando se presentan, son rechazados rutinariamente. En los dos o tres casos en que ha habido absoluciones, se levanta otro cargo y se obtiene una condena. Eso le sucedió a Yen Zhengshong, quien envió una carta que fue interceptada a la embajada de los EU alabando el bombardeo de la embajada china en Belgrado en 1999. Fue enjuiciado por instigar a la subversión y condenado a final de cuentas por "hacer una acusación falsa". El había escrito que quienes habían resultado muertos se lo merecían.
Aunque algunas de las sentencias de los condenados por poner en peligro la seguridad del Estado han sido por delitos violentos (por ejemplo, dos tibetanos fueron condenados a muerte recientemente por "incitar al separatismo" y hacer estallar bombas) la gran mayoría tienen que ver con discursos y asambleas no violentos.
Docenas de líderes de grupos de oposición (desconocidos en su mayoría para el mundo exterior) han sido encarcelados en años recientes. Li Wenshan y Chen Shiqing, líderes del Partido Democrático de la Nación China, que tiene casi 1,000 miembros, están purgando largas sentencias en la prisión de Linxia en la provincia de Gansu.
Los "disidentes de internet" forman el grupo de prisioneros políticos que crece más rápido. El mes pasado, Huang Qi, un empresario en internet fue arrestado por publicar artículos de crítica en contra del Partido Comunista, y cuatro intelectuales jóvenes, que fundaron el "Grupo de Estudios de la Nueva Juventud" para sostener discusiones en línea sobre las reformas políticas, recibieron largas sentencias.
Los académicos también sienten la presión. Xu Zerong, un científico social que estudió en Harvard y Oxford, está cumpliendo una sentencia de 13 años en la provincia de Guangdong por fotocopiar material sobre las tácticas militares chinas durante la Guerra de Corea.
Muchos esperan que la crisis del SRAS sea un estímulo para que los líderes chinos sean más transparentes y rindan cuentas. Pero la forma en la que las autoridades están manejando la epidemia está teniendo el efecto opuesto. Las restricciones a los viajes internos se está utilizando para impedir que los abogados defiendan a sus clientes disidentes. Las prisiones están cerradas a visitantes del exterior.
Se han pospuestos reuniones sobre derechos humanos con gobiernos extranjeros (durante las cuales se daba información acerca de los casos políticos) y las visitas de los monitores (incluyendo una de la Asociación Mundial de Psiquiatría para investigar acusaciones de abusos psiquiátricos) están pendientes. Nadie sabe cuándo se llevará a cabo la visita que se ha prometido desde hace tanto del Relator de la ONU para la Tortura.
Tal vez obtengamos una idea más clara del sistema de salud pública de China como resultado de la crisis del SRAS, pero en lo que toca a la salud política del país, no hay muchos indicios de que se vaya a tolerar la crítica o a permitir la oposición. Quienes intenten cambiar la forma en que se gobierna a China recibirán un trato duro, y sus nombres y sus destinos quedarán en el anonimato.
John Kamm es presidente de la Fundación Dui Hua.
Copyright: Project Syndicate, junio de 2003.
Traducido del inglés por Mario de Gortari Rangel
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