Uno de las tesis más extendidas y aparentemente evidentes sobre el desarrollo económico es la de que la inversión y el crecimiento sostenibles requieren el Estado de derecho. Según esa concepción, sin normas impersonales y generales y la imposición de su cumplimiento por autoridades judiciales independientes, poco desarrollo –de haber alguno– es posible, porque los riesgos que corren tanto los trabajadores como el capital –incluidas la corrupción, la arbitrariedad y las tradiciones rígidas- serán demasiado grandes, pero, ¿acaso acierta siempre ese saber comúnmente aceptado?

Examinemos un ejemplo contrario, limitado –hemos de reconocerlo–, pero, aun así, revelador: el auge del sector de los taxis-minibús en Sudáfrica. Los taxis-minibús surgieron por las graves deficiencias del sistema de transporte público del país, caracterizado por unos precios altos, un servicio de poca calidad y una red de trayectos caótica, pero funcionan de forma totalmente independiente de las leyes y reglamentos. Lo que hace que funcione ese sector es una concepción de la actividad económica no estructurada acordada por todos los que la practican y que es flexible, innovadora y mantiene los gastos de funcionamiento en un nivel bajo.

Los resultados son innegables: en las horas-punta, los taxis-minibús ocupan el 65 por ciento de todo el mercado de viajeros. Así, pues, el sector de los taxis-minibús ilustra la importancia de las tradiciones independientes del mundo oficial. La cultura y las tradiciones locales no sólo tienen importancia, sino que, además, son decisivas para modelar el comportamiento de las personas, con mucha mayor razón en los países en desarrollo, en particular los calificados de Estados frágiles o fracasados, donde los tribunales no funcionan, por lo que no se aplican enteramente el cumplimiento de los reglamentos, en caso de que existan. Pero el mal funcionamientos de las instituciones oficiales no entraña la total inexistencia de estructuras que funcionen.

En esas sociedades, el orden social está modelado predominantemente mediante acuerdos oficiosos y no mediante leyes y reglamentos oficiales. Como muestra el ejemplo sudafricano, semejantes acuerdos pueden fomentar incluso el desarrollo de un país. En muchos países en desarrollo, las asociaciones de aldeas basadas exclusivamente en la confianza y la presión de los pares brindan el acceso al crédito y a los seguros, garantizan la ayuda en momentos de apuro y facilitan la construcción de carreteras y sistemas de alcantarillado públicos. Los sistemas de seguros de salud comunitarios que están prosperando en toda África son un buen ejemplo de ello.

Aun así, si bien las instituciones oficiosas pueden mejorar la vida de las personas, también pueden ser perjudiciales para el desarrollo. Los propios recursos que constituyen la base de los sistemas de seguridad oficiosos –la solidaridad, el capital social y la acción colectiva, por ejemplo- pueden tener efectos perversos. Por ejemplo, la solidaridad forzosa obligará en Benin a todos los agricultores muy trabajadores y que hayan acumulado alguna riqueza con los años a compartir el fruto de su trabajo con su familia extensa, incluidos parientes lejanos.

Desde el punto de vista económico, la "institución oficiosa del compartir" puede llegar a ser un factor de desincentivación de la inversión y originar un comportamiento oportunista, porque no existe la obligación de corresponder. Pese a su éxito, los taxis-minibús de Sudáfrica no pudieron eludir unas tasas elevadas de accidentes, incidentes violentos sobre trayectos no oficiales y niveles de precios y la evasión fiscal, que imponían grandes costos a la sociedad, lo que movió al Gobierno a regular el servicio.

Además, algunas instituciones oficiosas y basadas en tradiciones culturales antiguas propician la discriminación y la violación de los derechos humanos, al tiempo que socavan la autoridad de las instituciones oficiales, como la judicatura, la policía y el ejército. En esos casos, las mujeres son con frecuencia las víctimas. Pueden verse excluidas de la participación en las redes oficiosas o tener influencia limitada en la asignación de los beneficios derivados de la acción colectiva. El uso indebido de los microcréditos para pagar dotes constituye un ejemplo alarmante. Asimismo, la tradición de la circuncisión femenina sigue siendo un uso común en algunos países africanos, como, por ejemplo, Guinea, Sudán, Malí, Somalia y Eritrea, donde más del 85 por ciento de las jóvenes la padecen.

La abolición de semejantes costumbres es una obligación moral, pero en otros casos la comunidad internacional tiene que decidir con frecuencia qué instituciones cambiar y cómo. De hecho, uno de las tareas más difíciles para los encargados de la formulación de políticas es la de determinar correctamente las instituciones que propician el desarrollo y las que pueden resultar perjudiciales para ese fin. Incluso en esos casos el cambio logrado de las instituciones resulta más fácil de decir que de hacer, pues están arraigadas en normas y valores profundamente consagrados.

Ni el planteamiento "romántico preservacionista" ni el "modernizador arrasador" prometen una solución adecuada. La reforma institucional es un asunto delicado que se debe hacer con prudencia y a veces en contra de los dogmas habituales sobre las reformas. En algunos casos, las buenas intenciones pueden agravar incluso el status quo. Por ejemplo, intentar eliminar la corrupción en ambientes caracterizados por un poder fuerte basado en el patronazgo y mecanismos de redistribución muy arraigados, sin abordar al mismo tiempo las causas profundas de los problemas, puede perjudicar más que beneficiar y podrían propiciar conflictos violentos en relación con los nuevos recursos.

Las reformas deben reconocer la mentalidad de las personas y las estructuras incentivadoras que rigen su comportamiento. Así, quienes se beneficien de las reformas pueden volverse adalides del proceso, pero se debe compensar adecuadamente a los perdedores para prevenir su resistencia a la transformación. Sin conseguir el apoyo público y brindar mecanismos adecuados para imponer su cumplimiento, el cambio de las leyes por sí solo resultará ineficaz. A veces puede entrañar incluso grandes costos para los supuestos beneficiarios.

Dada la complejidad de la reforma institucional, el de esforzarse por conseguir lo que parece óptimo puede no ser el mejor planteamiento. Se deben adaptar las reformas al marco concreto de cada país y aplicarse dentro de los límites de lo posible. El cambio institucional requiere una aplicación larga, tediosa y modesta de múltiples medidas pequeñas, en la que el ritmo correcto de la reforma es decisivo. Para obtener resultados sostenibles, los encargados de la formulación de políticas deben aceptar que a veces "lo bastante bueno es bastante".

Copyright: Project Syndicate, 2007.
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Traducido del inglés por Carlos Manzano