TOKIO – Cuando le preguntaron si alguna vez había leído el clásico libro de texto sobre economía de Paul Samuelson, algo que casi todos los estudiantes de primer año de la carrera leyeron, el ministro de Finanzas y vice primer ministro japonés, Naoto Kan, respondió: “Leí unas 10 páginas”. Por supuesto, ningún libro de texto puede ofrecer todas las respuestas que un ministro de Finanzas necesita en el mundo de post-crisis de hoy, particularmente para enfrentar los abrumadores desafíos de Japón. Pero muchos japoneses quedaron estupefactos cuando se enteraron de que su ministro de Finanzas recién comenzó a lidiar con los principios básicos de la economía cuando asumió el cargo.
Kan asumió su cargo actual en la administración del primer ministro Yukio Hatoyama el pasado mes de enero. Kan, que fue activista por los derechos civiles durante gran parte de su carrera, es uno de los pocos miembros del gobierno de Hatoyama con una experiencia previa en el gabinete, ya que se desempeñó durante 10 meses en 1996 como ministro de Salud y Bienestar. A Kan, un hombre proclive al debate agresivo, se lo suele mencionar como candidato para suceder a Hatoyama si éste abandonara su puesto –una posibilidad candente, en vista de los niveles de aprobación en picada del primer ministro y su relación tirante con Ichiro Ozawa, el líder del Partido Democrático de Japón (PDJ) de Hatoyama.
Kan se convirtió en ministro de Finanzas cuando su antecesor Hirohisa Fujii repentinamente renunció, aduciendo un mal estado de salud. Pero Kan se asomó a los tropezones por la puerta reclamando, durante su primera conferencia de prensa, un yen más débil –una declaración que le valió un reproche instantáneo por parte de Hatoyama.
El debut internacional de Kan fue igualmente desfavorable. En la cumbre del G-7 en Canadá en febrero, el foco estaba centrado en la crisis financiera griega y sus implicancias internacionales. Kan, en broma, les dijo a los periodistas que estaba contento de que en la reunión no se abordara el tema de la deuda pública de Japón, que ya ha alcanzado casi 900 billones de yenes. El encuentro, resulta ser, fue “todo griego” para él.
Como miembro de la Unión Europea, Grecia al menos puede esperar recibir ayuda de otros miembros de la UE. Japón, en cambio, está solo con su deuda gigantesca. De la misma manera, mientras el producto interno bruto nominal de Grecia al menos está creciendo, Japón sigue agobiado por la inflación. Y mientras los mercados accionarios se están recuperando en gran parte del mundo desarrollado, las acciones japonesas siguen estancadas.
Cuando Kan lideró el PDJ en la oposición, evitó discutir cualquier suba de la tasa del impuesto al consumo. Pero ahora que su partido está en el poder y debe enfrentarse a la realidad de administrar la segunda economía más grande del mundo, y lidiar con el enorme peso de su deuda, está dejando de lado las opiniones que defendió durante tanto tiempo y menciona el tema de los aumentos impositivos para ayudar a achicar el creciente déficit presupuestario del gobierno.
Mientras Hatoyama siga oponiéndose a un aumento del impuesto al consumo en los próximos cuatro años, el tema será una prueba de la seriedad elemental del gobierno. En las elecciones generales del año pasado, el PDJ pronunció innumerables promesas halagüeñas. Se introducirían nuevas asignaciones para el cuidado infantil de 26.000 yenes mensuales, a un costo de 5,2 billones de yenes. Se eliminaría el impuesto a la gasolina, que reporta 2,6 billones de yenes. Y se reducirían las emisiones por parte de Japón de gases de tipo invernadero un 25% en relación a los niveles de los años 1990.
En su intento por cumplir estas promesas inconsistentes, el gasto del gobierno este año alcanzará un pico inédito de 92,3 billones de yenes. Pero el ingreso fiscal cubrirá sólo una fracción de esa suma, ya que se estima que apenas ascenderá a 37 billones de yenes para 2010. Así las cosas, en aras de hacer frente al déficit presupuestario, se emitirá la asombrosa suma de 44,3 billones de yenes en bonos del gobierno. En un momento en que gobiernos incluso menos endeudados que Japón necesitan demostrar que están poniendo sus casas financieras en orden, el presupuesto de Japón envía precisamente la señal equivocada a los mercados.
El impuesto al consumo de Japón (esencialmente el mismo que el impuesto al valor agregado en Europa) se introdujo en 1989 a una tasa del 3%, y subió a 5% en 1997, después de acaloradas batallas políticas. Japón no es diferente de otros países en cuanto a ser testigo de este tipo de disputas sobre los impuestos. Lo que sí es diferente es que, dada la magnitud de los problemas fiscales del país, el gobierno todavía sigue pensando en los impuestos exclusivamente en términos partidarios.
Los votantes eligieron al PDJ para que cambie a Japón, pero lo que han visto son básicamente los mismos escándalos políticos de siempre. Hatoyama ha sido acusado de recibir donaciones turbias –“asignaciones para cuidado infantil”- de su madre heredera. Ozawa, el todopoderoso secretario general del PDJ, ha sido acusado de utilizar fondos partidarios para comprar bienes raíces, y de recibir sobornos de las empresas de construcción.
Este tipo de escándalos ha teñido la política japonesa durante décadas. Pero, de la misma manera que Kan planea sólo “discutir” un aumento de los impuestos, el supuestamente limpio PDJ planea sólo discutir el problema del dinero en la política estableciendo una nueva comisión no partidaria que investigue el problema. Japón, sin embargo, no puede darse el lujo de perder tiempo creando un nuevo aparato para impedir los escándalos de financiamiento del partido. El país tiene leyes en los libros que se ocupan de la cuestión. No tienen más que aplicarlas.
Lo que se necesita, y con urgencia, es un organismo no partidario que encuentre una manera sostenible de pagar los programas de seguridad social del país. Los gastos de seguridad social enfrentarán un déficit de 6 billones de yenes este año. Teniendo en cuenta que la población de Japón es cada vez más vieja, existe un incremento natural del presupuesto de seguridad social de 1 billón de yenes por año. El país simplemente no puede seguir apilando deuda sobre deuda.
Para frenar la pudrición fiscal del país, Japón debe lograr un consenso sobre el tipo de servicios sociales que el gobierno nacional y los gobiernos locales deberían ofrecer, por cuánto tiempo y a qué costo. El problema es demasiado grave como para dejarlo librado a una rencilla partidaria. Asegurar la salud fiscal de Japón, así como la salud física de su pueblo, es la cuestión más urgente que ha enfrentado el país en medio siglo.


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