WARWICK, INGLATERRA – ¿Es asequible la libertad académica en tiempos de crisis económica? Ese fue el tema de debate este año en la firma anual de la Magna Charta Universitatum en la madre de las universidades, la Universidad de Bolonia.

La Magna Charta es la declaración de principios más visible del mundo para la promoción y protección de la autonomía universitaria. A lo largo de las dos últimas décadas, cerca de 700 instituciones de educación superior de todos los continentes la han firmado. Sin embargo, persiste la molesta sensación de que las universidades son lujos ahora que la gente común y corriente tiene que esforzarse por llegar a fin de mes.

Siempre ha habido razones para preocuparse. En el pasado, las universidades se han creado en tiempos de abundancia, por lo general para estimular a las personas a pensar más allá de su necesidad inmediata de supervivencia y apuntar a objetivos espirituales o nacionales superiores y más edificantes. Hace cerca de 50 años, un historiador de la ciencia con interés por las estadísticas. Derek de Solla Price, observó que el mejor indicador de producción de investigación académica es el consumo de energía per cápita de una nación: ambos crecen a la par.

Esto no supone una sorpresa. Desde un punto de vista estrictamente económico, la libertad académica requiere una relativa inmunidad frente a los costes, ya sea los que implican la experimentación de ensayo y error o los retos más radicales al status quo. Pero, ¿deberían las universidades reducir ahora sus exigencias para satisfacer las necesidades de la sociedad en general, no en último término en cuanto a las huella de emisiones de carbono que puedan generar sus actividades?

Si las universidades han de seguir siéndolo en el sentido planteado originalmente por los abogados boloñeses, la respuesta es no. Más aún, esto no es una afrenta a la economía. Los ahorros en eficiencia de la academia ocurren más adelante en el proceso que desencadenan sus actividades. De hecho, las universidades deben de ser los productos de inversión de capital de largo plazo de rendimiento más constante y uniforme, especialmente si uno se inclina a pensar en la "inversión" social y económica en exactamente los mismos términos.

Después de todo, la misión institucional específica de la universidad es crear conocimientos como bien público. Los nuevos conocimientos producidos por la investigación original son un ejemplo de formación de capital social. Es el resultado del esfuerzo conjunto de académicos y financistas en proyectos que apuntan a aumentar la ventaja competitiva de cada uno en sus dominios respectivos.

En esta etapa, el conocimiento es simplemente propiedad intelectual y el acceso a éste se restringe a los clientes que pagan por él. Sin embargo, las universidades también tienen un mandato institucional de enseñar, lo que obliga a que se facilite al acceso al conocimiento, con lo que se rompe el monopolio que, de otro modo, tendrían los investigadores y sus financistas. La frase de Joseph Schumpeter, "destrucción creativa" -su definición para el espíritu de empresa- describe bien este proceso.

Una vez que la enseñanza reduce, si no elimina, la ventaja competitiva original relacionada con un estudio académico, los investigadores y sus financistas se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ventaja, produciendo más conocimientos. En el proceso, el público general -quienes no participan de la producción original de nuevos conocimientos- se beneficia a través de la instrucción en el aula. En este sentido, el núcleo de la universidad se encuentra en su comité de currículo, como mecanismo por el cual la investigación se traduce regularmente en enseñanza, generando nuevos ciclos de destrucción creativa.

Los gestores actuales, que se centran en la eficiencia, dicen que la idea misma de la universidad como lugar donde la mismas personas producen y distribuyen es un retroceso a la Edad Media. Se dice que hoy es más fácil entregar conocimiento en línea y que la mejor manera de investigar es a través de "parques científicos".

No obstante, si bien el sentido de "eficiencia" que impulsó a las órdenes cristianas mendicantes, los dominicos y los franciscanos, a poblar las universidades originales era más bien diferente, no es menos pertinente en la actualidad. Los dominicos y los franciscanos vivían literalmente de mendigar, es decir, dependían de otras fuentes de ingresos cuyo retorno al inversionista particular siempre era poco claro. La autonomía de estas órdenes dependía de una probada capacidad de hacer en el largo plazo más de lo esperado con lo que se les daba.

La palabra latina para esta capacidad era povertas, o "pobreza" en español. Si bien no conserva sus connotaciones virtuosas originales, todavía nos abrimos a la virtud de "hacer más con menos". En el caso de la universidad, esto significa permitir el acceso al conocimiento a estudiantes que carecen de los recursos intelectuales, políticos o financieros que les hubieran permitido producirlo por sí mismos. Las universidades llevan a cabo su función económica natural cuando los académicos hablan y escriben con franqueza, desmitifican las jergas, presentan sus ideas en medios de comunicación alternativos y ponen énfasis en aplicaciones en dominios no académicos.

De estos modos, los académicos permiten que el conocimiento haga un trabajo máximo a un coste mínimo para sus destinatarios. En pocas palabras, las universidades demuestran su valor si a los estudiantes les resulta más fácil apropiarse del conocimiento académico que a los académicos en su producción original.