PALO ALTO – Una de las peores respuestas de las autoridades a la crisis financiera y la profunda recesión  ha sido revivir la "política industrial". Una vez más, los gobiernos están usando subsidios, mandatos, regulación e inversión de capital para elegir a los ganadores y perdedores industriales, en lugar de apelar a una estrategia amplia y equitativa.

La nueva ronda de política industrial está teniendo lugar en economías avanzadas como Estados Unidos y el Reino Unido, que resistieron durante mucho tiempo sus peores excesos, en Francia, que por mucho tiempo promocionó a las empresas nacionales, y en economías emergentes como Brasil y China. Por ejemplo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, planea pedir prestados 52.000 millones de euros para promover lo que su gobierno supone que serán, o espera que sean, "industrias de crecimiento". Incluso los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, han estado respaldando a determinadas empresas y tipos de activos por la crisis financiera.

La política industrial les está resultando atractiva a los políticos que pueden favorecer a sectores clave al mismo tiempo que dicen estar ayudando a la economía en su totalidad. Pero normalmente esto causa más daños que beneficios.

Quizás el área más polémica de la política industrial es el papel de los gobiernos en materia de investigación y desarrollo. Mientras los gobiernos tienen un interés obvio en I&D en relación a cuestiones militares, los mercados funcionan bien cuando los dueños privados reciben las ganancias y asumen los riesgos. En el caso de la investigación científica básica, todos y cada uno podrán acceder a las potenciales ganancias, hayan pagado o no por ella y asumido el riesgo del fracaso. Como los inversores privados no pueden apropiarse de las ganancias, los mercados privados invierten demasiado poco en ciencia básica.

Es por eso que los economistas de todas las persuasiones políticas coinciden en que los gobiernos deberían financiar la ciencia básica y la tecnología. Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos para el presidente George H. W. Bush, duplicamos el presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencia. Los gobiernos, sin embargo, corren el riesgo de atestar el sector de I&D privado, cuyas ganancias podrían ser incautadas plenamente por las empresas, no sólo para uso propio, sino para el patentamiento y el otorgamiento de licencias de la tecnología a otras empresas.

El lugar apropiado para trazar la línea conceptualmente es en la ciencia y tecnología pre-competitiva y genérica. Los gobiernos deberían financiar la I&D hasta que ésta alcanza la fase en que las empresas privadas pueden apropiarse del grueso de los beneficios. También debería seguir siendo una investigación genérica, manteniendo así un terreno de juego en igualdad de condiciones para aplicaciones comerciales.

Por ejemplo, la tecnología de enlaces informáticos que dio lugar a Internet fue financiada por una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero sería tonto que el gobierno subsidiara un determinado motor de búsqueda o una plataforma de redes sociales.

Los gobiernos no deberían participar del juego de utilizar subsidios, impuestos, regulación, mandatos, préstamos e inversiones para elegir a determinados ganadores. Esto sencillamente no funciona y, peor aún, atesta o sofoca otras tecnologías potencialmente valiosas.

En los años 1980, los defensores de la política industrial elogiaban el uso extensivo que se hacía de ella en Japón. Pero el intento por parte del poderoso sector de comercio e industria y los ministros de finanzas de Japón de controlar cada detalle de la economía es una razón por la que los japoneses acabaron con una burbuja de activos hecha añicos, una década perdida, tres recesiones y por lejos la mayor relación deuda pública-PBI de cualquier economía avanzada.

Por ese entonces, los defensores de la política industrial de Estados Unidos -muchas veces llamados "demócratas Atari", por el fabricante de los primeros juegos de computación eclipsado hace ya tiempo- ni siquiera entendían la situación de Japón. Si bien había un proyecto informático de "quinta generación" y uno sobre HDTV (televisión de alta definición), el grueso de los subsidios japoneses no estuvo destinado a nuevas tecnologías, sino a industrias anticuadas y de alto empleo, como la agricultura, la minería y la industria pesada.

Problemas económicos similares impregnaron la historia de las últimas décadas, desde Corea del Sur y Europa occidental hasta Estados Unidos. En 1980, el presidente Jimmy Carter se presentó a una reelección con una plataforma de "bancos de reconstrucción nacional", política industrial y un consejo encabezado por líderes sindicales y empresarios que decidirían dónde invertir decenas de miles de millones de dólares. Fue derrotado por el defensor del libre mercado Ronald Reagan.

Pero incluso en Estados Unidos, la política industrial está volviendo a la escena. El presidente George W. Bush dedicó años y miles de millones de dólares a impulsar un auto a hidrógeno. El impulso no llegó a ninguna parte y, si bien el hidrógeno podría tornarse comercialmente viable para fuentes estacionarias, su utilización para el transporte todavía debe superar algunos obstáculos serios (entre ellos, la inflamabilidad y la combustibilidad que es de una magnitud superior a la de la gasolina).

El masivo estímulo fiscal de 787.000 millones de dólares de Estados Unidos, ostensiblemente destinado a combatir la recesión y crear empleos (pero hasta el momento ineficaz), contenía sumas gigantescas para subsidios a determinadas industrias y tecnologías, casi 40.000 millones de dólares solamente para programas de energía limpia. Al tiempo que las empresas y los inversores captan los fondos, existe un vasto financiamiento privado de proyectos comerciales de energía alternativa; una cantidad enorme de fondos de capital riesgo en todo el mundo está dedicada a la energía alternativa y limpia.

El gobierno debería establecer objetivos generales para la energía y el medio ambiente y luego permitir que empresarios, inversores y consumidores decidan cuál es la mejor manera de alcanzarlos. Debería financiar una investigación científica y tecnológica básica aplicable a estas cuestiones. Pero ninguna política tiene sentido si no puede sostenerse sin un respaldo gubernamental a largo plazo.

Más allá de los discutibles méritos temporarios de revivir la política industrial en una recesión profunda, los gobiernos necesitan una estrategia de salida antes de que los programas se afiancen y generen poderosas comunidades en busca de renta. Un gasto voluminoso financiado con deuda demandará mayores impuestos futuros, lo que desviará capital y mano de obra de aplicaciones de mayor valor que pueden sustentarse sin rescates gubernamentales permanentes. 

La política industrial fracasó de manera lamentable en los años 1970 y 1980. Permitir que los gobiernos elijan a los ganadores y perdedores industriales hoy también es una mala idea.