Los egipcios pasarán por las urnas el 7 de septiembre para elegir a un presidente de entre diez candidatos, incluido quien lo ha sido durante 24 años, Hosni Mubarak. Aunque pocos dudan que el resultado será la reelección de este último, muchos están siguiendo apasionadamente el proceso.

Unos 6.000 observadores nacionales han recibido capacitación para esas elecciones y centenares de corresponsales extranjeros están convergiendo en el país esta semana. Aunque todos los detalles formales de una verdadera contienda electoral están presentes,  aspectos importantes de autenticidad brillan por su ausencia.

Pese a las promesas hechas en sentido contrario, el campo de juego dista de ser igual para todos. Mubarak sigue contando con activos desproporcionados: reconocimiento del nombre, un virtual monopolio de los medios de comunicación electrónicos controlados por el Estado y el 85 por ciento, aproximadamente, de los medios de comunicación impresos. Una semana antes de los comicios, algunos candidatos de la oposición aún no han podido presentar un anuncio electoral en la televisión egipcia. Todos los miembros de la Comisión de las Elecciones Presidenciales han sido nombrados por Mubarak y las nuevas normas electorales han eliminado a todos los candidatos independientes.

Desde el año 2000, los 8.000 jueces de Egipto deben supervisar y certificar los resultados electorales, conforme a una resolución del Tribunal Supremo. Fue un importante paso con vistas a la celebración de elecciones más justas, pues la Asociación Profesional de la Magistratura ha seguido contando con bastante independencia, pese a los intentos  del  poder ejecutivo de arrebatársela a lo largo de medio siglo.

De modo que el régimen de Mubarak ha tenido que recurrir a diversas estratagemas para neutralizar a la Asociación de la Magistratura. Una fue la de ampliar la definición de “judicatura” para incluir a miles de empleados leales del Gobierno que tienen títulos de licenciados en Derecho, pero no experiencia judicial, lo que deja desarmados a los verdaderos jueces, pues, si protestan boicoteando sus funciones de supervisión, la tarea recaerá una vez más en la policía del infame Ministerio de Interior.

Así, en el pasado la Asociación de la Magistratura solía decir amén, con resultados previsibles. En las elecciones parlamentarias de 2000, mientras que el gobernante partido de Mubarak recibió el 38 por ciento, aproximadamente, del voto popular en los distritos supervisados por los verdaderos jueces, ese porcentaje pasó a ser nada menos que el 86 por ciento allí donde la supervisión corrió a cargo de los cuasijueces.

Este año parece que va a ser muy diferente. En la primavera los jueces celebraron una asamblea nacional y decidieron que, a no ser que el régimen les concediera independencia total y la supervisión exclusiva del proceso de votación, no supervisarían los próximos comicios presidenciales (o parlamentarios). El 2 de septiembre presentaron sus exigencias finales: permitir que grupos de la sociedad civil observen el proceso de votación, acabar con las injerencias en la definición de los jueces legítimos con vistas a las elecciones y acceder a la presencia permanente de un juez legítimo delante de cada una de las urnas hasta que se haya contado, certificado y comunicado su contenido.

Hasta ahora, es probable que la situación sea la de un callejón sin salida, porque el Presidente de la Comisión Electoral ha declarado públicamente en la televisión egipcia que rechaza la supervisión del proceso electoral por parte de todos los ciudadanos.

Otra novedad interesante en vísperas de las elecciones es un enconado debate público sobre si votar o boicotear las elecciones presidenciales. Diversos partidos de la oposición han pedido a sus miembros que no participen: para protestar contra unas normas electorales restrictivas que favorecen enormemente a Mubarak. Por otra parte, los Hermanos Musulmanes, considerados el grupo de oposición más fuerte de Egipto, están instando a sus seguidores a ir a votar y a hacerlo en conciencia, pero no dar apoyo a ningún gobernante “despótico y corrupto”. Se trata de un claro, aunque implícito, repudio de Mubarak, el único gobernante en 24 años.

Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil están preparando a miles de jóvenes egipcios para que observen las elecciones, pese a las reiteradas objeciones gubernamentales. Dichos grupos sostienen que, si el régimen no se propone amañar los resultados electorales, la presencia de observadores nacionales y extranjeros del proceso electoral no debe ser un problema. La respuesta del régimen es la de que cualquier supervisión exterior es una violación de la soberanía egipcia y los observadores nacionales son una afrenta a la integridad de los jueces. Ese argumento quedó rápidamente invalidado cuando la Asociación de la Magistratura anunció que apoyaba la presencia de observadores de la sociedad civil.

Ya sea que el régimen de Mubarak esté asustado ante las exigencias interiores y exteriores en aumento para que celebre unas elecciones libres y justas o que sea, sencillamente, incapaz de depurar el partido de su tendencia natural a la estafa, las señales actuales no son un buen augurio para las elecciones que se celebrarán el próximo miércoles. Entretanto, los egipcios están experimentando por primera vez la emoción de desafiar a la tiranía y disfrutar de un espacio recién descubierto para la libertad.