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¿Se puede reformar a Francia?
Raphaël Hadas-Lebel
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Todo empezó hace un año con el "no" al referéndum sobre la Constitución Europea. Continuó el otoño pasado con la ola de violencia en los suburbios. Ahora, Francia otra vez ha atraído la atención mundial con manifestaciones durante semanas en contra del "contrato de primer empleo" (CPE) propuesto por el Primer Ministro Dominique de Villepin para abordar la alta tasa de desempleo juvenil.
Estas tres series de acontecimientos, si bien son diferentes entre sí, en conjunto ilustran varias características profundamente arraigadas de la vida social en Francia.
Primero, para Francia ha sido difícil ajustarse a las exigencias de la globalización. Además de la insatisfacción usual por los problemas económicos, el mal logrado referéndum de mayo de 2005 expresó el rechazo de una parte importante del electorado francés a la disciplina impuesta por las políticas de la UE para asegurar el libre movimiento de personas, bienes y capital -y por lo tanto la supremacía de la competencia económica. De modo similar, la explosión de violencia en los suburbios del otoño pasado reflejó la frustración de jóvenes desorientados que se enfrentan a las perspectivas desalentadoras que una economía moderna ofrece a aquéllos que no tienen la capacitación y la educación adecuadas.
La juventud también está en el centro de las protestas más recientes, pero en esta ocasión, los descontentos incluyen a todo los estratos de la juventud francesa, contando a los estudiantes graduados. Al luchar en contra del CPE, están expresando su rechazo a una vida precaria fuera del modelo francés de seguridad en el empleo que sus padres disfrutaron en el contexto de una economía profundamente diferente.
Hay algo muy francés en todo esto, porque mientras que las reglas económicas del juego han cambiado por toda Europa en las últimas dos décadas, la necesidad de una mayor flexibilidad en el mercado laboral parece haber sido aceptada más fácilmente en la mayor parte de los otros países.
En España, bajo un gobierno socialista, aproximadamente un tercio de los asalariados trabajan con contratos temporales; el porcentaje es incluso mayor entre los jóvenes. En Italia, el gobierno de Prodi introdujo en 1997 una mayor flexibilidad laboral que más adelante se reforzó bajo la llamada ley Biagi de 2003.
También en Alemania, el acuerdo de coalición entre los socialdemócratas y los demócrata- cristianos incluye una disposición que amplía de seis meses a dos años el período de prueba durante el cual un empleado puede ser despedido sin explicación -la misma duración contemplada en la ley del CPE de Villepin. En todos estos países europeos, las nuevas leyes laborales al parecer se aceptaron como inevitables.
En Francia, en contraste, la tradición estatista -que, como Tocqueville acertadamente observaba, se remonta al Ancien Régime, y que hoy es igualmente compartida tanto por la ideología gaullista como la socialista- está fuertemente unida a un marcado rechazo de las limitaciones del liberalismo económico. Desde la Revolución Francesa, el imperativo de la igualdad ha triunfado frecuentemente sobre la preocupación por la libertad. Como resultado, los franceses están enamorados del Estado de bienestar en todas sus manifestaciones.
Ni siquiera las fallas evidentes del modelo social francés en el contexto actual -el desempleo masivo (que alcanza el 25% entre los jóvenes), el enorme déficit público, la obstrucción de la movilidad social- han disminuido su prestigio público. Sería mucho más lógico tomar más bien el ejemplo del modelo escandinavo de "flexiseguridad" que combina flexibilidad laboral y seguridad social (aunque a costa de una carga fiscal que Francia no aceptaría fácilmente).
A todo esto sumemos la preferencia francesa por la confrontación ideológica y la ausencia de una cultura de negociación y avenencia, para no mencionar el consenso, y entonces se puede entender por qué tantos proyectos de reformas en Francia terminan siendo cuestionados en las calles. En efecto, de una manera muy significativa, la mayoría de los observadores han asociado automáticamente los disturbios recientes con los de mayo de 1968, que siguen siendo una fascinación para los franceses. En realidad, sin embargo, excepto porque reflejan la preferencia francesa por la política de la calle, los dos fenómenos no tienen nada en común.
Entonces, ¿Francia no se puede reformar? Por supuesto que sí. El país se ha transformado profundamente en décadas recientes. Ya sea por la ruptura de los monopolios públicos, como la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, e incluso el correo; o el reemplazo del servicio militar obligatorio por el servicio militar profesional; o la reforma al sistema de pensiones; Francia ha cambiado mucho más de lo que comúnmente se piensa. Esto es particularmente cierto con relación a las compañías francesas que se han adaptado extraordinariamente a las exigencias de la competencia internacional.
Pero falta mucho por hacer: todo el sistema educativo, hasta el nivel universitario, requiere una reforma seria, y muchos tabúes con relación a las reglas laborales, la seguridad social y el funcionamiento del Estado deben ser cuestionados. Lo que muestra la experiencia del CPE no es que la reforma sea imposible, sino que no se puede imponer unilateralmente. Hay que tomarse el tiempo para explicar, consultar y negociar. En una sociedad como la francesa, marcada por la incertidumbre sobre el futuro y con una gran necesidad de restablecer su confianza en sí misma, el tiempo que se destine a crear consenso y legitimidad para futuras reformas con toda seguridad estará bien empleado.
Raphaël Hadas-Lebel, autor de 101 palabras sobre la democracia francesa, es miembro del Conseil d’Etat y Profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París. Las opiniones expresadas aquí son las suyas.
Copyright: Project Syndicate, 2006.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz
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