European Economies
¿Cómo hacer que la integración europea sea popular?
Daniel Gros and Stefano Micossi
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Por toda la Unión Europea, los temores a la globalización y la aversión hacia la integración y la inmigración han tenido enormes consecuencias políticas, incluyendo los referendos fallidos en Holanda y Francia sobre el proyecto de tratado constitucional y la moratoria de facto en las negociaciones de adhesión de Turquía. El Consejo y la Comisión Europeos observan con impotencia, como si el asunto no estuviera en sus manos.
Se considera generalmente que la incapacidad de la UE para afrontar los retos de la integración se debe a la rigidez de las estructuras económicas y a un capital humano que no es el adecuado –debilidades que sólo se pueden abordar efectivamente con políticas nacionales, en las que la UE tiene poca participación. Pero la adopción de una cantidad sustancial de políticas en toda la UE justifica el fortalecimiento de la coordinación en el caso de las reformas del mercado laboral y de la seguridad social.
Las normas anticuadas del mercado laboral son la causa principal por la que no se han materializado todas las ventajas del mercado interno y la unión monetaria. La rigidez del mercado laboral -sobre todo en Francia, Alemania e Italia- impide que haya un ajuste ante la competencia cada vez mayor de los mercados en proceso de integración. Quienes pierden su empleo no pueden encontrar otro debido a las barreras de entrada, mientras que la alta tasa de desempleo de largo plazo hace que quienes sí tienen empleo se sientan amenazados. Al ver con inquietud a los inmigrantes y a la integración del mercado interno, ambos grupos están cada vez más en contra de Europa.
Si Francia o Italia no pueden llevar a cabo las reformas, a la larga pueden verse tentados a no cumplir con la libre circulación de bienes, servicios y mano de obra –e incluso tal vez abandonen el euro- con consecuencias perturbadoras para todos los miembros. Por ello, hay un interés común en fomentar políticas nacionales que sean compatibles con la integración en el mercado interno.
Es probable que el “aprendizaje” en cuestión de políticas refuerce los beneficios de la coordinación, como lo confirman las evidencias de que las reformas tienden a propagarse en oleadas. Las reformas estructurales generalmente se enfrentan a resistencias por la incertidumbre sobre los costos y su distribución. Una forma de debilitar estas resistencias es involucrar no sólo a los ministros y jefes de gobierno en el intercambio de información sobre el diseño de políticas, sino también a aquéllos que se resisten al cambio, los sindicatos en particular.
Después de todo, un mensaje claro del Consejo Europeo tendría un efecto mucho más fuerte si expresara no sólo los deseos de los jefes de gobierno, sino también una amplia aceptación de todos los niveles de la sociedad. Sólo entonces se puede esperar una implementación plena de las reformas y del círculo virtuoso de expectativas y desempeño económico mejorados que debieron haberse puesto en marcha hace siete años en la Cumbre de Lisboa del Consejo Europeo.
La experiencia de reformas exitosas en los países anglosajones y nórdicos muestra que Europa no tiene que estar condenada al estancamiento, siempre que renuncie a la protección laboral rígida. La clave para superar las resistencias es ofrecerle a los trabajadores esperanzas de que pueden encontrar un nuevo empleo. El Consejo Europeo también podría recomendar que cualquier relajación de la protección laboral se acompañara del establecimiento de un salario mínimo –determinado como una proporción acordada del salario legal de un empleo fijo a largo plazo. Con un paquete global de políticas como ese, la resistencia al cambio probablemente disminuiría.
La inmigración plantea desafíos de política aún mayores, puesto que existe una percepción muy amplia de que los recién llegados amenazan los empleos y excluyen a los nacionales de los servicios sociales. Hay abundantes evidencias de que las restricciones a la inmigración en un país hacen que los flujos migratorios se desvíen hacia otros países de la UE, y de que los beneficios sociales generosos son lo que atrae a la migración. Además, los mercados laborales que funcionan bien atraen a migrantes más calificados, mientras que quienes tienen pocas calificaciones o están dispuestos a trabajar de manera ilegal se dirigen a los países con protección laboral rígida. La migración laboral también plantea desafíos a los países expulsores porque disminuye su fuerza laboral joven y capacitada.
La coordinación puede proporcionar remedios eficaces para el exceso negativo de políticas. Dos medidas serían particularmente útiles. En primer lugar, los Estados miembros más antiguos deberían eliminar inmediatamente las restricciones que quedan a la libre circulación de la mano de obra proveniente de los nuevos países miembros. Todo salario mínimo también se aplicaría automáticamente a los trabajadores migratorios para mitigar la competencia “desleal” en los empleos no calificados.
En segundo lugar, la UE debería adoptar un mecanismo común para la admisión de trabajadores migratorios provenientes de fuera de la Unión. Ese mecanismo debería incluir un “sistema de puntos” para seleccionar a los solicitantes de permisos de residencia y trabajo que daría una puntuación a cada uno de ellos sobre la base de criterios objetivos, como el idioma, la educación y la experiencia. Este enfoque se ha utilizado con éxito en Australia, Nueva Zelanda y Suiza. Alemania y Gran Bretaña están haciendo otro tanto.
Establecer un “piso de seguridad social” común en toda la UE, proporcionar una red de seguridad efectiva para los trabajadores nacionales cuyos trabajos se ven amenazados por la integración y adoptar una política coordinada respecto a la inmigración tranquilizaría a los ciudadanos europeos. Esto, a su vez, podría reducir su hostilidad hacia los trabajadores migratorios y al mismo tiempo ofrecería a los migrantes un marco jurídico justo y equitativo.
Estas políticas de mercado laboral e inmigración deberían convertirse en el objetivo de la coordinación de políticas en la UE. Al concentrarse en políticas que promuevan la integración y al mismo tiempo preserven el modelo social europeo, el Consejo Europeo volvería a ser un foro importante de política donde las necesidades y esperanzas verdaderas de los ciudadanos pudieran encontrar respuestas efectivas.
Daniel Gros es Director del Centro de Estudios de Política Económica de Bruselas y Stefano Micossi es Director General de Assonime, una asociación empresarial y centro de reflexión de Roma, y fue Director General de Industria de la Comisión Europea.
Copyright: Project Syndicate, 2007.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz
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