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¿Por qué son malos los prejuicios étnicos en la aplicación de la ley?

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2009-06-24

BRUSELAS- Hace varios años, mientras el terrorismo, la inmigración y los disturbios en los barrios deprimidos parisinos ocupaban los principales espacios en las noticias francesas, un policía confesaba a un investigador: “Si piensa en los diferentes niveles de tráfico ilegal,  verá claramente que lo cometen negros y árabes. Si está en la calle y ve a un hombre negro o a uno con características árabes, se dirá a sí mismo, “este hombre no parece francés” y tal vez lo detenga para pedirle que le muestre sus papeles”.

Este policía describía un ejemplo clásico del concepto “prejuicios étnicos”: el uso de estereotipos por parte de las autoridades en la aplicación de la ley, en lugar de utilizar información específica sobre la conducta como fundamento para detener, registrar o arrestar personas. En Europa es ilegal recurrir a los prejuicios étnicos. Su uso no ha sido efectivo para detener delincuentes. Es contraproducente en la campaña contra el terrorismo. Sin embargo, las autoridades policíacas por toda Europa siguen utilizando dichos criterios.

La ineficacia del uso de los prejuicios étnicos se puso de relieve a inicios de mayo, cuando el gobierno británico dio a conocer cifras que muestran que, de las más de 117,000 detenciones hechas por la policía entre 2007 y 2008, sólo 72 dieron lugar a arrestos por delitos relacionados con el  terrorismo. Otros de los principales países europeos no recopilan datos sobre las detenciones policiales según los grupos étnicos o religiosos de los detenidos. Sin embargo, la investigación realizada por instancias privadas, así como los informes anecdóticos, ofrecen un panorama alarmantemente similar.

En un muy amplio ejercicio de análisis de datos realizado en Alemania de 2001 a 2003, se examinó la información personal de 8.3 millones de personas y no se logró detectar un solo terrorista. Las detenciones e investigaciones llevadas a cabo con base en los poderes contra el terrorismo en Europa han producido pocas acusaciones por dicho delito y ninguna condena. Estudios independientes realizados en Gran Bretaña, los Países Bajos, Suecia y Estados Unidos han concluido que el uso de prejuicios étnicos es una pérdida de tiempo y de recursos.

Un informe reciente de la O pen Society Justice Initiative muestra que al enfocarse en las minorías étnicas, la policía agravia a las mismas personas de las que depende para recibir cooperación e información. Además, al seleccionar categorías rígidas de personas que serán objeto de revisiones más estrictas, las autoridades pasan por alto a la gente que no cubre ese perfil.

Un joven español, miembro de un grupo étnico minoritario, lo explicaba de este modo: “Me preocupa que al andar por la calle la policía me detenga y me pida mis papeles sólo por el color o tono de mi piel, o por mi forma de caminar”.

Dados sus fracasos, ¿por qué están tan propagados los prejuicios étnicos? La respuesta es simple. Cuando la policía se basa en criterios étnicos proyecta una imagen de mano dura contra el crimen y el terrorismo. Esto tranquiliza a la opinión pública, que exige acciones antiterroristas enérgicas.

Luego de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, y de nuevo tras los de Madrid en 2004, y los de Londres en 2005, las autoridades policíacas por todo Europa pusieron en marcha operaciones de arrestos masivos, desplegaron una vigilancia muy extensa de las mezquitas, y detuvieron y registraron a personas con apariencia musulmana, y aplicaron otras medidas invasivas que perturbaron las vidas de ciudadanos europeos respetuosos de las leyes–y en muchos casos los humillaron.

A medida de que la ansiedad ha bajado y los altos funcionarios se han sentido menos presionados para mostrar que están haciendo algo, han disminuido los abusos más flagrantes. No obstante, dichas prácticas se siguen aplicando pero en menor grado, y se puede recurrir a ellas cuando las condiciones políticas o sociales así lo exijan.

Por suerte, algunos líderes europeos reconocen el problema. A finales de abril, el Parlamento europeo emitió un informe que hace notar el riesgo de que el uso ilimitado del análisis de datos basado en el origen racial, étnico o nacional hará que la gente inocente sea objeto de detenciones arbitrarias, de restricciones en sus viajes y de prohibiciones en sus actividades laborales o bancarias. El informe recomendó la creación de una legislación que dé protección contra los prejuicios étnicos.

La solución no es ignorar la amenaza que supone el terrorismo, sino abordarla de forma más inteligente. En los últimos dos años, en el marco de un proyecto conjunto entre nuestra organización y fuerzas policíacas y grupos de la sociedad civil implementado en Hungría y España, se determinó que la proporción de detenciones que desembocan en arrestos u otro tipo de sanciones aumentaron cuando se supervisaban sistemáticamente, y cuando se hacían públicos los datos. El trabajo de la policía se hizo más eficiente.

Ello parece lógico. Cuando se pide a las autoridades policíacas que sustenten sus sospechas, es más probable que se basen en los factores de la conducta y no en prejuicios.

En el futuro, la Unión Europea y sus Estados miembros deberían apoyar con financiamiento los esfuerzos de colaboración entre la policía y las comunidades minoritarias. La UE debería combatir las posturas radicales abordando el problema de la exclusión y no mezclando la fe de los grupos religiosos conservadores con el terrorismo. Además, debería indicar explícitamente que la policía no puede recurrir a los estereotipos étnicos, raciales, o religiosos.

Al sospechar de las personas sólo por su naturaleza, su apariencia física o sus lugares de culto religioso, en lugar de fijarse en sus actos presentes o pasados, los prejuicios raciales ponen en riesgo el espíritu mismo de la UE, una unión que está firmemente fundada en los valores de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

James A. Goldston es director de la "Open Society Justice Initiative".

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AUTHOR INFO

James A. Goldston is the executive director of the Open Society Justice Initiative. From 2007–2008 he served as coordinator of prosecutions at the International Criminal Court.