Human Rights
Los jemeres rojos procesados
James A. Goldston
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Estos días hay sospechosos de haber cometido crímenes de Guerra -desde Rwanda hasta Serbia, pasando por Sierra Leona- procesados. Docenas de ellos están aún fugitivos, pero sigue habiendo esperanzas de que también ellos afronten a la justicia. No es así en el caso de los perpetradores del genocidio camboyano del decenio de 1970. Siguen libres y nadie los busca.
Una cuarta parte de los ocho millones de habitantes de Camboya fue ejecutada, murió de hambre o sucumbió a las enfermedades durante el gobierno de los jemeres rojos en el período 1975-79. No ha habido un juicio auténtico ni una comisión de la verdad ni reconocimiento oficial de uno de los crímenes más atroces de la historia humana.
A consecuencia de ello, muchos camboyanos nacidos a partir de 1979 no entienden el alcance ni la gravedad de las atrocidades. Entretanto, la angustia y la aflicción de los supervivientes -casi todos los cuales perdieron a seres queridos- no han recibido reparación.
Puede que esta situación esté a punto de cambiar. Hace un año, las Naciones Unidas y el Real Gobierno de Camboya acordaron en principio crear un "Tribunal Extraordinario", compuesta de fiscales y jueces camboyanos e internacionales para investigar y juzgar a los "máximos dirigentes de la Kampuchea Democrática y a quienes fueron más responsables de crímenes" durante el gobierno de los jemeres rojos. La ratificación del acuerdo se ha retrasado por el punto muerto en que se encuentran los partidos políticos de Camboya, constantemente enfrentados, tras las elecciones del año pasado, pero un avance decisivo parece estar cercano.
La decisión oficial de crear un tribunal para los jemeres rojos representa un logro de la mayor importancia después de un decenio de gestiones diplomáticas. Sin embargo, para hacerlo realidad sigue habiendo varios obstáculos que salvar.
El primer obstáculo es el costo. Las autoridades camboyanas pueden contribuir a granjearse credibilidad venciendo la tentación de inflar las facturas y los salarios. Pero los extranjeros habrán de cargar inevitablemente con la parte del león del presupuesto para el tribunal. El cálculo actual -50 millones de dólares a lo largo de tres años- ha escandalizado a los gobiernos donantes, pero resulta favorable en comparación con el Tribunal Especial de Sierra Leona (más de 70 millones de dólares en tres años) y los 100 millones de dólares gastados anualmente en los tribunales internacionales para Rwanda y Yugoslavia.
El precio es apropiado. Los Estados Unidos y otros gobiernos occidentales alimentaron la guerra civil de Camboya en el decenio de 1970 y después prestaron legitimidad a los jemeres rojos en el decenio de 1980, al insistir en que siguieran ocupando el puesto de Camboya en las Naciones Unidas. Para que los juicios a los jemeres rojos avancen, los países donantes deben considerar el Tribunal Extraordinario una inversión prudente con miras a la consecución de una Camboya estable y productiva. En vista de lo que se ha tardado en llegar hasta aquí, los donantes deben actuar con presteza para conseguir los fondos necesarios.
El segundo obstáculo se debe a que el de Camboya será el primer tribunal internacionalizado en el que los jueces nacionales constituyan una mayoría, lo que representa un desafío para un país en el que los abogados figuraron entre los objetivos de la violencia genocida, en el que pocos jueces en activo cuentan con la formación jurídica propiamente dicha y que tiene poca tradición de independencia judicial. De modo que preocupa que algunos miembros del gobierno de Camboya -del que forman parte funcionarios que en tiempos sirvieron bajo los jemeres rojos- intenten secuestrar los juicios para fines políticos.
Para garantizar un proceso creíble, Camboya y las Naciones Unidas deben seleccionar a jueces de la máxima categoría y no a los que se sometan a una línea partidista. Los fiscales deben seguir las pruebas hasta sus últimas consecuencias. Se deben celebrar los juicios de forma transparente y con amplia participación pública. Es necesario que supervisores no gubernamentales inspeccionen los procesos para velar por que se descubran los errores lo antes posible a fin de poder corregirlos. Las Naciones Unidas deben declarar claramente que, si el tribunal no se ajusta a los criterios internacionales, interrumpirán los procesos.
El tercer obstáculo es el peligro de que se considere el Tribunal Extraordinario el fin y no el principio de una búsqueda a largo plazo de rendición de cuentas y de reforma jurídica. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos, no es probable que se juzgue a más de una docena de acusados, pero otros miles participaron en la violencia. Sus numerosas víctimas intentarán -y con razón- conseguir alguna forma de recuento... como mínimo, una relación oficial de los delitos de que fueron víctimas. No tardará en ser necesario documentar y publicar la verdad.
Si se celebran adecuadamente, los procesos del Tribunal Extraordinario podrían tener otras ramificaciones positivas al contribuir a propiciar cambios duraderos en los tribunales ordinarios de Camboya. Al poner de relieve modelos positivos de celebración de juicios y de defensa legal, los juicios pueden estimular la demanda pública de tribunales nacionales que impartan justicia imparcial y eficazmente. El Gobierno de Camboya y los donantes internacionales deben responder a esa demanda lanzando programas de reformas que superen el período de funcionamiento del Tribunal Extraordinario.
Los procesos de los jemeres rojos no serán perfectos, pero son necesarios. Pol Pot murió en 1998, pero importantes colaboradores suyos, ya envejecidos, como el "Hermano Número Dos", Nuon Chea, y el ex presidente de los jemeres rojos, Khieu Zampan, viven en libertad en Camboya. Con los recursos suficientes y la determinación de no ceder en cuanto a la calidad, el Tribunal Extraordinario puede impartir cierta justicia para las víctimas y constituir un ejemplo del poder de la ley al servicio del bien público.
James A. Goldston es Director Ejecutivo de la Iniciativa Pro- Justicia de la Sociedad Abierta, que persiguen una reforma de las leyes, basada en los derechos, a escala mundial.
Copyright: Project Syndicate, junio de 2004.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
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