Ahora que Saddam Hussein ya fue capturado, la atención del mundo se concentra en su juicio. ¿Debe ser enjuiciado por los iraquíes en Iraq, o debe enfrentarse a un tribunal internacional? La conferencia sobre democracia, derechos humanos y el papel de la Corte Penal Internacional, que se llevará a cabo en Yemen del 10 al 12 de enero, ofrecerá un foro para discutir esas preguntas.

Es seguro, por supuesto, que Saddam Hussein no se librará de un juicio por las ejecuciones sumarias, extra judiciales e ilegales, la tortura y la persecución sistemática de cientos de miles de iraquíes que caracterizaron las décadas de su régimen asesino. Sin embargo, el propósito de su juicio debería de ser no sólo el de castigar al dictador y sus cómplices, sino también promover la reconciliación nacional a través de la reafirmación, por parte de los iraquíes, de principios universales como la no discriminación, la equidad y la transparencia.

Durante años, en Iraq sólo han existido las salvajes leyes de la fuerza y la intimidación. Para que el juicio de Saddam Hussein se convierta en la piedra angular de la construcción de un Iraq libre, democrático y reconciliado, los EU, como líderes de la coalición que lo derrocó, deben hacer todo lo que esté en su poder para aprovechar esta oportunidad y fijar estándares muy altos de justicia.

El presidente George W. Bush ha declarado que trabajaría "con los iraquíes para diseñar una forma de enjuiciar [a Saddam Hussein] que resista el escrutinio internacional". La mejor manera de encarar ese escrutinio y evitar acusaciones de que se esté aplicando la "justicia del vencedor" es involucrar a otros actores internacionales en este ejercicio.

Para abordar las violaciones sistemáticas de las leyes de la guerra y los crímenes contra la humanidad que se cometieron en la ex Yugoslavia, en la región de los Grandes Lagos de Africa, o en Sierra Leona y Camboya, la comunidad internacional, con la participación de las Naciones Unidas, estableció tribunales internacionales. Esas instituciones finalmente han establecido el principio de que las violaciones flagrantes de los derechos y la dignidad humanos son de competencia universal, y que la comunidad internacional debe participar activamente en la búsqueda de la justicia y las indemnizaciones para las víctimas.

Aunque nadie duda de la voluntad de los jueces iraquíes para enjuiciar a su ex "jefe de Estado" en un tribunal nacional, debido a la novedad de un esfuerzo de esa índole y sus implicaciones políticas se podría buscar algún tipo de participación internacional en aras de la competencia y, sobre todo, de la imparcialidad.

A lo largo de los últimos diez años, la comunidad internacional ha establecido tribunales especiales o ad hoc, con participación internacional, para situaciones en las que las instituciones locales no podían garantizar un proceso legal o juicios justos. En Iraq la situación es otra. Treinta años de dictadura brutal han destruido el concepto mismo de justicia en ese país. Porque la justicia debe ser más que los gritos de "Muerte a Saddam" que se escuchan actualmente en algunos lugares del mundo.

Es importante que los EU asuman el liderazgo en este aspecto crucial de la construcción del Estado. Deben acercarse a la ONU en un ejercicio similar a los que, sin considerar la pena de muerte, han llevado a juicio a Slobodan Milosevic y a los líderes responsables del genocidio en Ruanda (y que el día de mañana podrían castigar a Charles Taylor de Liberia y a docenas de líderes del Khmer Rouge).

Un beneficio adicional de la internacionalización sería tal vez dejarle en claro a la actual administración estadounidense que no dar su aprobación a la Corte Penal Internacional va fundamentalmente en contra de sus intereses. También podría facilitar el proceso de internacionalizar la carga de la reconstrucción de Iraq, que los EU y sus aliados no pueden asumir en su totalidad.

Las condiciones para gozar de derechos civiles y políticos no se pueden crear de la noche a la mañana. Antes de que pueda haber elecciones libres y justas, se deben hacer enormes esfuerzos para establecer una sociedad verdaderamente abierta en la que todos los individuos y los grupos puedan expresar sus opiniones políticas.

Es indispensable establecer un sistema de justicia que proteja esos derechos; de otra manera, nunca habrá una paz duradera en Iraq. Una corte internacional en Iraq para juzgar los crímenes contra la humanidad contribuiría al desarrollo de un sistema nacional que de veras procure justicia para todos los iraquíes, y que contribuya, de esa manera, a apoyar los esfuerzos alentadores del Consejo de Gobierno Iraquí por la democracia.