Recientemente participé en una conferencia en Belgrado titulada “Abordar el pasado en la antigua Yugoslavia”. Aunque el resto de la Europa poscomunista afrontó esas cuestiones hace un decenio, las guerras de los Balcanes en el decenio de 1990 dejaron tanto a los perpetradores como a sus víctimas empantanados en un limbo de justicia retrasada.

Mientras los participantes en la conferencia entraban en el Hotel Hyatt de Belgrado, eran recibidos por un airado grupo de personas, la mayoría de edad, que protestaban y enarbolaban carteles con el rótulo “Liberad a Milosevic”. En un barullo de medios de comunicación y agentes de seguridad, se encararon con Carla del Ponte, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIAY) en La Haya. Del Ponte ha instado al Gobierno de Serbia a que coopere en relación con los casos aún no resueltos de Radovan Karadzic y Ratko Mladic, que ordenaron, ejecutaron y supervisaron la matanza de 7.000 hombres y nińos musulmanes en Srebrenica en 1995.

Los que protestaban no estaban desligados de la opinión serbia. Casi un decenio después del comienzo de la labor del TPIAY, todavía hace furor el debate sobre la responsabilidad por los crímenes de guerra y hay poco acuerdo sobre los hechos más básicos de los conflictos de Bosnia, Croacia y Kosovo. El intento del Primer Ministro serbio (entonces Presidente) Vojislav Kostunica en 2001 de crear una comisión de la verdad estuvo condenado desde el principio por las acusaciones de parcialidad y al cabo de un ańo dicha comisión fue disuelta.

También el TPIAY tiene problemas. Desde luego, Milosevic está procesado y están juzgándolo en la Haya por crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio, pero las comparaciones con el tribunal de Nuremberg después de la segunda guerra mundial han ido diluyéndose: a medida que el proceso se alarga, los observadores se preguntan por qué se ha tardado tanto en determinar la responsabilidad penal. Al fin y al cabo, en Nuremberg los más altos jerarcas del Tercer Reich fueron juzgados y declarados culpables en unos meses.

En cambio, Milosevic se ha aprovechado de los procedimientos del TPIAY para alargar su proceso, al tiempo que impugnaba su jurisdicción y legitimidad, cosa que gusta en su país, donde todavía se considera héroes de guerra a los acusados de crímenes de guerra. De hecho, las últimas elecciones presidenciales se convirtieron en algo así como un referéndum sobre Milosevic... y, por tanto, sobre las relaciones de Serbia con Occidente y el mundo en general. El candidato pro Milosevic, Tomislav Nikolic, perdió, pero obtuvo el 46 por ciento de los votos.

Pese a las promesas hechas durante su campańa, el Presidente de Serbia Boris Tadic no ha cooperado hasta ahora con el TPIAY contribuyendo a la entrega de Mladic (Karadzic probablemente no esté en Serbia), que atestiguaría, seguro, contra Milosevic. Entendemos su temor: el primer Primer Ministro posterior a Milosevic, Zoran Djindjic, cooperó con el tribunal y lo pagó con su vida.

Esa demora revela la debilidad fundamental del TPIAY: a diferencia del tribunal de Nuremberg, la comunidad internacional lo creó durante una guerra y no después de ella. Sin un control total de las pruebas ni de los acusados, el TPIAY careció desde el principio de la legitimidad y la autoridad propias de la “justicia de los vencedores”.

Eso sigue obstaculizando la acusación contra Milosevic, por lo que se plantean interrogantes sobre si existen pruebas suficientes que lo vinculen directamente con la política de depuración étnica genocida, aunque es probable que esto último resulte menos problemático, ya que las acusaciones formuladas contra él no se refieren a la “responsabilidad del mando”, sino que se basan en los principios de la carta del TPIAY de responsabilidad individual, que autorizan implícitamente el procesamiento de los responsables de una “empresa criminal conjunta”, con lo que vinculan la responsabilidad por actos criminales, como las deportaciones y las expulsiones, con otras previsibles atrocidades.

Pero se está acabando el tiempo. El TPIAY debe conseguir nuevas acusaciones este ańo y disolverse en 2008, a más tardar. Entra en ese acto final con menos recursos y una voluntad política menguante en la comunidad internacional.

żCuál será el legado del Tribunal? Desde el comienzo, los objetivos del TPIAY fueron ambiciosos, pues fue establecido conforme a los poderes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el fomento de la paz. Si eso significaba que con el Tribunal se pretendía disuadir a quienes habían recurrido a la violencia para que dejaran de hacerlo, éste ha fracasado, al menos a corto plazo. Al fin y al cabo, las atrocidades –incluida la matanza de Srebrenica- continuaron después de que el TPIAY iniciara su labor.

żY qué decir de la reconciliación étnica? El primer fiscal jefe del TPIAY, Richard Goldstone, pidió la condena de la persecución étnica para permitir a todos los bandos transcender la política identitaria y pasar a un orden político más liberal. La responsabilidad individual había de romper en cierto modo la cadena de identidad étnica y venganza comunitaria.

Pero que fomente la reconciliación étnica es mucho pedir para cualquier tribunal y el TPIAY aún no ha cumplido a ese respecto. Un orden político liberal requiere un Estado de derecho que reconozca los precedentes y el pensamiento analógico, pero muchos serbios se aferran a su idea de excepcionalidad histórica y sufrimiento excepcional. De hecho, la coincidencia de los bombardeos de la OTAN en 1999 con el procesamiento de Milosevic contribuyó a convertir esos dos acontecimientos en “ataques contra el pueblo serbio”.

La negación histórica resulta no menos evidente en Croacia, donde se han invertido, sencillamente, las polaridades de acusación y sufrimiento. Tampoco allí se echará de menos el TPIAY.

De modo que actualmente de lo que se habla es de la “estrategia de salida” adecuada para la justicia internacional. Cuando el TPIAY cierre sus puertas, żadónde deben ir sus causas inconclusas? Del Ponte ha pedido “nuevas cooperaciones en pro de la justicia”. Eso parece estupendo, pero, żcuáles son las opciones desde un punto de vista realista? żDe verdad se pueden transferir las investigaciones y las acusaciones a los tribunales nacionales? Hasta ahora, el panorama no es alentador: los pocos juicios celebrados en esa región siguen reflejando la política de enfrentamiento y la omnipresente parcialidad étnica que la rodea.

Como en muchas partes del mundo, pueden hacer falta varias generaciones para que se pueda resolver la cuestión de los crímenes cometidos en esa región. La obligación del TPIAY debe ser la de elaborar y difundir una documentación que limite la posibilidad de negación histórica.