BERLÍN – Finalmente, la canciller alemana Angela Merkel aceptó una nueva forma de Unión Europea. La UE necesita, hoy más que nunca, combinar mayor estabilidad con transferencias financieras y solidaridad recíproca, para impedir que el proyecto europeo naufrague bajo el peso de la actual crisis de las deudas soberanas.

Durante mucho tiempo, Merkel combatió con uñas y dientes esta nueva UE, porque sabe lo impopular que la idea es en Alemania (y por consiguiente, el peligro político que representa para sus perspectivas electorales). Merkel quería defender el euro, pero sin pagar el precio. Pero gracias a los mercados financieros, ese sueño terminó.

Los mercados plantearon un ultimátum: o Europa adoptaba una mayor integración económica y financiera basada en el federalismo o se exponía al derrumbe del euro y con él, el de la UE, incluido el Mercado Común. A último momento, Merkel eligió la opción más razonable.

Si los jefes de estado y de gobierno del Consejo Europeo hubieran tomado esta decisión (que era previsible) un año atrás, la crisis del euro no habría alcanzado la magnitud actual, el costo total hubiera sido menor y los líderes europeos hubieran cosechado, con justicia, los laureles de una hazaña histórica. Pero, como he dicho antes, en aquel momento Merkel no se atrevió a actuar.

El acuerdo alcanzado en la última reunión del Consejo Europeo será más costoso, tanto en el plano político como en el financiero. Si bien se duplica la ayuda financiera y se reducen los tipos de interés, el acuerdo no pondrá fin a la crisis crediticia de Grecia y de otros países de la periferia europea ni detendrá la concomitante crisis existencial de la UE: solamente servirá para ganar tiempo (y a un costo elevado). Dado que las pérdidas impuestas a los tenedores de deuda griega son insuficientes, parece que serán inevitables nuevos paquetes de ayuda para Grecia.

No se logró la estabilización de los otros países de la eurozona que están en crisis, porque Alemania (temerosa de la oposición política interna) no se atrevió a asumir, mediante la emisión de eurobonos, una responsabilidad compartida; incluso cuando el nuevo papel otorgado al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera implica que, en la práctica, eso ya está hecho en un 90%. Y una vez más, ha sido infructuoso el intento de reforzar la confianza frente a la dinámica de esta crisis.

Pero la idea de que los inversores privados asuman una parte de los costos (bail‑in), aunque muy aplaudida en Alemania, es de importancia secundaria y va dirigida solamente a la opinión pública alemana y a los parlamentarios de la coalición que gobierna el país; de hecho, al examinarla de cerca se ve que los bancos y las aseguradoras obtuvieron ganancias aceptables, mientras que sus pérdidas serán mínimas.

Al menos se evitó la caída de la moneda única, y el presidente francés Nicolas Sarkozy tiene razón al celebrar como un logro sustantivo la creación de un “Fondo Monetario Europeo”. Pero de esta audaz jugada se derivarán enormes consecuencias políticas que habrá que explicar a la opinión pública, ya que este paso en dirección a la creación de dicho fondo (y con él, un gobierno económico europeo) equivale a una revolución política en tres actos dentro de la UE.

En primer lugar, la Europa de dos velocidades, tal como existía desde las primeras rondas de ampliación, se dividirá entre una vanguardia (el grupo del euro) y una retaguardia (el resto de los 27 miembros de la UE). Al formalizarse esta división, la arquitectura interna de la UE se modificará desde los cimientos. Bajo el paraguas de la UE ampliada, reaparecerán las viejas líneas divisorias entre una Comunidad Económica Europea, liderada por Alemania y Francia, y una Asociación Europea de Libre Comercio, liderada por Gran Bretaña y Escandinavia. De ahora en adelante, la suerte de la UE dependerá más que nunca de los estados que utilizan el euro, en virtud de sus intereses en común.

En segundo lugar, este salto hacia la creación de un fondo monetario y un gobierno económico significará para los estados miembros una mayor pérdida de soberanía en aras de una solución europea federal. Por ejemplo, dentro de la unión monetaria, las leyes nacionales de presupuesto se someterán a un organismo supervisor europeo.

Por último, en el futuro (y especialmente para Merkel y Sarkozy) será mucho más difícil forjar mayorías electorales, un logro que ya es inusitadamente difícil en la actualidad.

Si se desea que el euro sobreviva, será inevitable una integración auténtica con mayor transferencia de soberanía al nivel europeo. Pero este paso histórico no se puede dar entre bambalinas por la vía burocrática, sino que se deberá ejecutar bajo el potente haz de luz de la política democrática. Una mayor federalización de la UE obliga a una mayor democratización.

Para la continuidad de la eurozona, será necesario que una mayoría de sus ciudadanos (especialmente en Alemania y Francia) respalden al euro como su moneda. No se trata de una cuestión tecnocrática, sino de naturaleza profundamente política y democrática. Por decirlo a la manera de Bill Clinton: “¡Es la soberanía, estúpidos!”. Por eso, el primer paso debe ser garantizar a los parlamentos nacionales un papel preponderante en este proceso.

En Alemania hay un amplio consenso en favor de la unidad cuando se trata de estabilidad, pero no tanto cuando se trata de transferencias o responsabilidades, y esto vale especialmente para el electorado de Merkel. A partir de ahora, los gobiernos deberán esforzarse para crear mayorías favorables al euro. Esto es bueno, porque solamente cuando lo logren se alcanzará un consenso democrático confiable respecto del futuro de Europa. La canciller alemana y el presidente francés deberán presentar sus políticas en público y abogar por una mayor integración y por la moneda única.

Su suerte y su continuidad en el cargo dependerán de sus resultados. Dado el estado actual de la opinión pública europea, no hay ninguna garantía de que lo consigan, pero si al menos no lo intentan, su derrota está asegurada (y con ellos, la de Europa).