La Corte Europea de Derechos Humanos está escuchando los alegatos orales de dos de los casos más importantes de su historia. Como en Brown v. Board of Education , el caso que logró derrotar la segregación racial en Estados Unidos hace medio siglo, se está pidiendo a la Corte Europea que dé contenido al principio fundamental de la igualdad ante la ley. Las decisiones resultantes podrían fijar reglas básicas claras que orienten las políticas futuras hacia las cada vez más numerosas minorías étnicas y religiosas de Europa.

Los demandantes son miembros del mayor y más pobre grupo minoritario de Europa, los romá o gitanos, cuyos ancestros se cree que migraron desde la India hace varios siglos.

Un caso afecta a 18 niños romá de Ostrava, ciudad del noreste de la República Checa, que fueron puestos en escuelas “especiales” para quienes son considerados como deficientes mentales, y donde recibieron una educación de calidad notablemente inferior. Los niños argumentan que esas escuelas son una barrera para su avance social y económico. Muchos romá son enviados a escuelas especiales, incluso si no muestran signos de discapacidad mental. Pocos terminan la secundaria o llegan a la universidad. Como resultado, los índices de desempleo de los romá en la República Checa, como en gran parte de Europa, superan con mucho a los del resto de la población.

La evidencia presentada ante la Corte indica que, en algunas comunidades checas, los niños romá tienen 27 veces más probabilidades de ser enviados a escuelas especiales que aquellos que no pertenecen a esa minoría. Los demandantes sugieren que esto constituye segregación racial, mientras que el gobierno lo niega enfáticamente. La audiencia de la Corte ha sido fijada para el 1 de marzo.

El segundo caso procede de Bulgaria. En 1996, la policía militar disparó a dos conscriptos romá, provocando su muerte. Se sabía que las víctimas, que se habían fugado hacía poco de un equipo de construcción militar, estaban desarmadas y no eran peligrosas. Los disparos fueron hechos con armas automáticas y ocurrieron a plena luz del día en un vecindario mayoritariamente romá, donde vivía la abuela de una de las víctimas. Inmediatamente después de los asesinatos, se alega que un agente de la policía militar gritó a uno de los residentes del barrio “¡Malditos gitanos!”, mientras le apuntaba con una pistola.

El año pasado un grupo de expertos de la Corte determinó que tanto los disparos como la investigación subsiguiente que sostuvo su legalidad estuvieron teñidos de un ánimo racista. A petición del gobierno búlgaro, la Gran Cámara de la Corte aceptó pasar revista al asunto antes de fines de febrero.

Aunque los hechos de ambos casos son conmovedores, su importancia va más allá de la sala de la corte. En momentos que la inmigración, el extremismo religioso y la violencia étnica dan pie a cada vez más inquietudes, ¿qué debe hacer el gobierno para garantizar la promesa de igualdad de oportunidades para todos?

Durante la última década, la Unión Europea se ha vuelto más étnicamente diversa. La inmigración a España, Italia y Grecia ha aumentado notablemente, lo que se agrega a las bien asentadas poblaciones inmigrantes en el norte de Europa y a los así llamados “trabajadores huéspedes” de Austria, Alemania y Luxemburgo. La reciente ronda de ampliación de la UE en mayo pasado incorporó a millones de romá que habitan en los nuevos estados miembros de Europa Central y del Este.

De igual manera que la composición étnica de Europa ha cambiado, así lo han hecho sus leyes. En 2000, el poder ejecutivo de la UE, respondiendo en parte a la creciente popularidad de los partidos políticos neonazis y antiinmigración, promulgó la legislación antidiscriminación más trascendente del mundo. No obstante, hasta la fecha esta legislación ha permanecido sin aplicarse. En muchos países, los abogados y jueces no están familiarizados con los conceptos legales que tienen relación con la discriminación. Tal vez no sea sorprendente, entonces, que a menudo haya actos de exclusión, segregación y violencia que quedan sin castigo.

Los dos casos que pronto se verán en la corte de Estrasburgo brindan una oportunidad para cambiar esta situación.

Una sentencia que estableciera que existió discriminación marcaría un precedente legal fundamental y pondría más allá de todo debate los valores básicos de la no discriminación e igualdad ante la justicia, en momentos que los políticos europeos piensan en la mejor manera de absorber a millones de nuevos inmigrantes y miembros de minorías. Lo que es igualmente importante, un dictamen así sería una potente señal de que el racismo y la xenofobia no tienen lugar en la nueva Europa.

Pero tal vez la mayor significación de estos casos radica en su sola presencia en los legajos del más alto tribunal de derechos de Europa. Hace una década, pocas víctimas pertenecientes a minorías se hubieran sentido inclinadas a buscar recursos legales contra la discriminación ni hubieran sido capaces de reclamarlos. El éxito de algunas de ellas en sus esfuerzos por hacerse escuchar es el testimonio del creciente poder de la ley como fuerza para un cambio positivo en Europa.