ATENAS – La crisis de la deuda soberana de la eurozona representa un reto significativo para Europa y la economía global, pero es también una oportunidad: superarla no solo contribuirá a una recuperación económica sostenida en todo el mundo, sino que probará nuestra capacidad de controlar los peligros de la globalización.

En las últimas décadas, la integración de los mercados, junto con un inmenso avance tecnológico en las telecomunicaciones y el transporte, ha llevado el crecimiento a regiones que por siglos habían quedado atrás con respecto al espectacular aumento de los estándares de vida en Europa, Norteamérica y Japón tras la Revolución Industrial. El uso más eficiente de los recursos globales permitió el crecimiento de la productividad, sacando a millones de la pobreza e integrándolos al mundo moderno.

El lado negativo es que el control de los estados sobre sus políticas económicas nacionales se ha visto muy reducido, al tiempo que los organismos de gobernanza económica internacional se enfrentan a una nueva dimensión de problemas. A medida que los mercados se integran y convergen los sistemas, se hace más difícil abordar los desequilibrios en la economía real o el sector financiero, debido a las limitaciones que plantea una cooperación multilateral basada en marcos institucionales creados pensando en las economías nacionales.

A lo largo de la década pasada se fueron creando grandes desequilibrios externos al interior de la eurozona. La competitividad de los países miembros ubicados en la periferia (Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia) se deterioró fuertemente frente a la de los países del núcleo. Los gobiernos de la periferia hicieron la vista gorda a las burbujas alimentadas por el crédito fácil y al endeudamiento público o privado, y no adoptaron medidas fiscales contracíclicas ni emprendieron reformas estructurales para mejorar la competitividad. A los grandes déficits externos les correspondieron superávits equivalentes en los países del núcleo, cuyos altos niveles de ahorros fluyeron a su vez a la periferia, generándose así un crédito excesivo y provocando colapsos fiscales.

Grecia fue el primer país en buscar ayuda financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, negociando un programa de rescate en mayo de 2010. Entre las excepcionalmente drásticas medidas de austeridad se incluían grandes aumentos de los impuestos y recortes a las pensiones y los salarios del sector público. Las reformas estructurales (en particular las privatizaciones, la liberalización del mercado, la apertura de las profesiones "cerradas" y la reducción del sector público) no se habían llevado a cabo o se habían supervisado con poco esmero. El resultado fue una recesión profunda y prolongada, escasos avances en la competitividad y el incumplimiento de los objetivos de déficit fiscal.

No hay duda de que los problemas de diseño e implementación de los programas de ajuste han contribuido de manera significativa a la persistencia de la crisis. No obstante, el aumento de la deuda ha puesto al descubierto un defecto fundamental de la constitución económica de la eurozona: las deudas nacionales son responsabilidad de los países miembros, pero la moneda común carece de una entidad de control. A diferencia de la mayoría de las autoridades monetarias, el Banco Central Europeo no puede actuar como acreedor de último recurso, lo que junto con la ausencia de bonos en común (Eurobonos) ha llevado a la especulación en gran escala sobre la deuda de los miembros nacionales, que se refleja en la ampliación de los diferenciales de los tipos de interés.

Es inevitable que para solucionar la crisis se deba actuar en dos frentes. Los países sobreendeudados deben abordar las causas de la persistencia de los desequilibrios, emprendiendo reformas estructurales para liberalizar los mercados e impulsar una mayor flexibilidad salarial. Al mismo tiempo, la eurozona debe contar con los instrumentos necesarios para restablecer la estabilidad y evitar que vuelvan a producirse crisis.

Debido a sus características históricas, Europa no puede emular el modelo de unión económica de Estados Unidos. No obstante, debería adoptar medidas en esa dirección para hacer que su unión monetaria sí funcione, lo que implica centralizar la deuda europea a través de eurobonos, movilizar fondos de rescate suficientes, permitir que el BCE intervenga en los mercados de bonos primarios y crear una unión bancaria y fiscal.

Sin embargo, no hay apoyo unánime para estas ideas. Emitir eurobonos implicaría subsidiar los costes del servicio de la deuda de los países con menos acceso al crédito, haciendo surgir el fantasma de una "economía de transferencias" (la dependencia permanente de los países más pobres de la ayuda de los más ricos), a la que Alemania se opone enfáticamente. Además, la unión fiscal implicaría un sistema tributario común, con la pérdida de soberanía que ello significa.

Estos temores se ven reforzados por la perspectiva de ampliar la unificación a la esfera política para dar suficiente legitimidad democrática a las instituciones de gobierno supranacional. Para ello, sería necesario que el presidente de la Comisión Europea se eligiera por votación popular y se fortalecieran los poderes del Parlamento Europeo, reduciéndose al mismo tiempo los del Consejo Europeo intergubernamental.

Hasta que eso ocurra, la toma de decisiones de políticas de la UE y la eurozona seguirá caracterizándose por su lentitud, lo que, sumado a la debilidad de las reformas en los países sobreendeudados, explica en gran medida su incapacidad para superar la crisis y fijar un rumbo para lograr la recuperación económica y un crecimiento constante.

En realidad, lo que se está viviendo en la eurozona es la crisis de la globalización. En una economía abierta y globalizada, la brecha entre ganadores y perdedores se amplía a medida que la competencia se vuelve más intensa. Y, porque los mercados se integran y vuelven más interdependientes, aumenta la necesidad de la cooperación internacional y la disciplina en la adopción e implementación de políticas.

Una tarea clave es evitar que se genere un exceso de desequilibrios de cuenta corriente, lo que implica apoyar las realineaciones de los tipos de cambio y realizar los ajustes adecuados a las políticas fiscales. Una contribución decisiva para elevar el nivel de la gobernanza económica internacional sería una nueva normativa para los servicios financieros globales, así como la liberalización del comercio y mayores volúmenes de ayuda para el desarrollo con objetivos bien definidos.

El reto para los líderes políticos es hacer que dure la época actual de aumento y difusión de la prosperidad, de manera que los más pobres del mundo puedan acabar por disfrutar de los beneficios de la civilización moderna. Para ello, es necesario reforzar las instituciones de gobernanza internacional, como el G-20, y que el resultado de la lucha de Europa por crear instituciones más eficaces abra paso al optimismo y no a la desesperanza.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen