Thursday, October 23, 2014
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¿Comenzó el final de Evo?

El gobierno del Presidente Evo Morales parece encaminar su experiencia populista al fracaso. Frente a crecientes reclamos de los sectores más afectados por la inflación, promete cambios y demora decisiones pero, en esencia, no modifica sus políticas

A veces prevalece el sentido común en la gestión económica, pero por muy poco tiempo. Al finalizar el 2010 el gobierno boliviano decidió eliminar los subsidios a los carburantes. Buscaba reducir la sangría que representa importarlos a precios internacionales para venderlos a precios inmóviles desde hace diez años. Pero revirtió su decisión en menos de una semana porque la protesta social puso en las calles a las mismas organizaciones que lo encumbraron. Entonces prometió que va a “gobernar obedeciendo“.

Las encuestas de opinión registran una brusca caída en la popularidad de Evo Morales y las protestas sociales no cesan. A una prolongada huelga en el transporte público le siguió otra huelga, igualmente larga, de la Central Obrera y los empleados estatales. Los transportistas pedían un aumento en las tarifas, congeladas desde hace varios años, y los trabajadores, un aumento de salarios para compensar la inflación. Esta es más alta que el promedio de América Latina, mientras que el crecimiento económico es menor. El gobierno difirió la protesta haciendo concesiones y promesas de corto plazo.

La falta de resultados efectivos de la administración estatal de las empresas está disminuyendo el respaldo popular a las nacionalizaciones que llevaron a Morales al poder. En medio de negociaciones con los sindicatos agrupados en la Central Obrera, Evo Morales trató de apaciguarlos con la oferta de estatizar tres minas importantes. Los trabajadores rechazaron su propuesta porque prefieren trabajar en el sector privado.

El gobierno, sin embargo, no parece dispuesto a reconocer ni la insatisfacción de la gente ni el fracaso de sus inversiones de industrialización forzada. Ninguna de las fábricas estatales (papel, cartón, leche, úrea, cemento, textiles, cítricos) ha terminado siquiera de instalarse en estos años, y las empresas que pasaron a control estatal han decaído en productividad y eficiencia (como las refinerías). Sin embargo, convencido de que puede aumentar la producción y el empleo, ha roto la autonomía del Banco Central para que éste otorgue créditos favorables a las empresas públicas. Es decir: mantiene intacto su empeño en aumentar la presencia del Estado en la economía.

Mientras tanto, el narcotráfico crece y se diversifica, pese al aumento de los operativos policiales. La erradicación de plantaciones de coca sólo alcanzó las metas mínimas. Y la captura creciente de droga cristalizada y de pasta base de origen peruano indican que en Bolivia se localizan actividades superiores del narcotráfico, que mueven más dinero e involucran a grupos más organizados y violentos.

Los países vecinos, en especial Brasil y Chile, expresaron su preocupación y han logrado nuevos compromisos de Bolivia. Pero quedó clara la debilidad del gobierno cuando detuvieron en Chile a un general de la Policía que dirigía operativos de transporte de cocaína hacia los Estados Unidos. El alto oficial, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, era director del órgano de inteligencia de cuyo trabajo depende la eficacia de la lucha contra el narcotráfico.

Frente a sus crecientes problemas, Evo Morales ha recurrido a dos temas que en el pasado desviaron la atención de la opinión pública: el conflicto con Chile –al que le reclama una salida soberana al mar-, y una nueva campaña electoral, esta vez para magistrados judiciales.

La reivindicación marítima unifica el sentimiento nacionalista, pero no parece tener la misma atracción que en el pasado y las elecciones de magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional acabaron por generar la mayor derrota electoral de Evo: 60% de los votantes rechazó su proyecto anulando sus votos o dejándolos en blanco.

Los indígenas de las tierras tropicales jugaron un papel fundamental en estos meses. Durante 65 días ellos marcharon hacia La Paz en demanda de respeto a su Territorio Indígena que es también el Parque Natural Isidoro-Sécure (TIPNIS), amenazado por una carretera financiada con recursos del Brasil y promovida por el ex Presidente Lula da Silva. Luego de haber sido bloqueados por campesinos aliados de Morales y reprimidos por la Policía, los marchistas fueron recibidos como héroes y lograron imponer una ley que prohíbe la construcción de esa autopista.

El horizonte político de Evo Morales muestra cada vez más dificultades. Los gastos del Estado se llevan una gran parte de los ingresos por exportaciones: ha vuelto el déficit fiscal. La inflación, generada especialmente por el aumento de los precios de alimentos, produce descontento. Y la inseguridad jurídica desalienta inversiones que podrían aumentar la oferta. Los grupos organizados (sindicatos, vecinos, comunidades) están cada vez más impacientes y las instituciones estatales están perdiendo su ya escasa capacidad de gestión.

Cambiar el rumbo y adaptar la política a las demandas de la población debería ser fácil en un régimen que concentra el poder en el Presidente. Un caudillo puede tomar decisiones fuertes ya que el apoyo popular es personalizado: cualquiera es prescindible menos él. Pero lo que se observa es que Morales insiste con sus políticas, pese a que no están generando los resultados esperados. Con ello se aleja cada vez más de su base electoral porque parece más inclinado a repetir las fórmulas que le llevaron con éxito al gobierno, que a reconocer que ahora pueden llevarle al fracaso.

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