Venezuela está sumida en un peligroso punto muerto. El Presidente Hugo Chávez se aferra al poder, a pesar de los obvios fracasos de su gobierno: un grave deterioro económico y una peligrosa polarización política. La oposición, manchada por su torpe golpe de estado de abril de 2002, ahora intenta sacar a Chávez del cargo mediante una costosa huelga general.

Ambos lados justifican su intransigencia con interpretaciones parciales y unilaterales. Los simpatizantes de Chávez lo glorifican como el defensor de los pobres, acosado por una elite egoísta y golpista. Sus más encarnizados oponentes demonizan a Chávez como un autócrata que busca crear una revolución al estilo cubano y destruir la democracia. Ambas interpretaciones son erróneas.

El gobierno de Chávez no ha ayudado a los pobres de Venezuela de ninguna manera que sea significativa. Por el contrario, su retórica beligerante y su gobierno inepto asustaron a los inversionistas, provocando un declive económico y aumentando el desempleo y la pobreza. Ahora Chávez ha perdido el apoyo mayoritario incluso entre los pobres.

La oposición está compuesta por la mayor parte de la sociedad civil venezolana, no sólo empresas, sino también sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales. De modo que la polarización de Venezuela no enfrenta a "los pobres" contra "la oligarquía", sino a un populista contra la sociedad civil.

La visión de la oposición (compartida por los hombres de derecha de la administración Bush) es igualmente poco convincente. Más que iniciar una revolución, Chávez meramente recita una violenta retórica. Si bien sus credenciales democráticas son dudosas, no ha actuado de una manera abiertamente autoritaria. Es cierto que sistemáticamente ha concentrado el poder en sus manos y que ha debilitado los equilibrios y controles gubernamentales. Pero al hostilizar a la oposición no ha pasado por sobre los principios mínimos de la democracia. De hecho, ahora invoca su legitimidad democrática formal para invalidar los argumentos que exigen su renuncia.

Pero la insistencia de Chávez en la inviolabilidad de la constitución actual es hipócrita. Hace cuatro años, Chávez se apartó de la antigua constitución, usando un plebiscito para crear otra, hecha a su medida. Ahora invoca esa carta fundamental para bloquear las demandas de un plebiscito acerca de su continuidad en el cargo.

La paradoja aquí es que el ejemplo de Chávez puede proporcionar la solución al actual punto de estancamiento. Tal como Chávez usó métodos para-constitucionales para dar expresión a un deseo de cambio en 1999, la comunidad internacional no se debería confinar a la constitución actual al presionar para resolver una crisis que está arruinando al país.

De hecho, los miembros latinoamericanos del "grupo de países amigos" que intenta mediar en este conflicto pueden aprovechar algunas experiencias interesantes para llegar a dicha solución. Después de todo, no es inusual encontrar confrontaciones como ésta en los rígidos sistemas presidenciales de América Latina. Cuando los jefes del poder ejecutivo con periodos fijos en el cargo pierden apoyo político, no se pueden deponer mediante un voto de censura, como en los sistemas parlamentarios. Por tanto, los sistemas presidenciales se arriesgan a sufrir largos periodos de inmovilidad política que afectan a la democracia, como ocurre en Venezuela hoy.

Pero durante la pasada década, los políticos latinoamericanos han flexibilizado los sistemas presidenciales, creando maneras novedosas de destituir a presidentes impopulares. Uno de los desacreditados predecesores de Chávez fue sacado de su cargo en base a débiles acusaciones de malversación; el Congreso del Ecuador declaró "mentalmente incompetente" a un desastroso presidente; en el Perú, un presidente autocrático, tras meses de presión nacional e internacional, fue obligado a elegir el exilio.

Si bien en estos casos los políticos interpretaron la ley con una buena dosis de creatividad, usualmente lo hicieron para asegurar la supervivencia de frágiles democracias que enfrentaban una crisis. Siempre y cuando estas maniobras no proliferen y se conviertan en un recurso fácil para la oposición del momento, pueden convertirse en una válvula de seguridad para los sistemas presidenciales. El monitoreo internacional también puede ser una salvaguarda contra el uso frívolo de tales mecanismos.

Es de esperar que el grupo de países amigos pueda ayudar a diseñar una solución creativa para la situación de Venezuela. Para que sea aceptable para ambos bandos, tal solución debe apartarse de las posturas más extremas de cada uno. La oposición prefiere un voto de "sí o no" sobre la continuidad de Chávez en su cargo, que éste probablemente perdería... y que nunca aceptará.

Chávez insiste en recurrir al mecanismo de referendo incluido en su constitución, el que la oposición no puede tolerar: destituir al presidente de esta manera requeriría una cantidad absoluta de votos superior a la que Chávez obtuvo en la última elección. La creciente abstención hace que esto sea prácticamente imposible. Por tanto, ambas propuestas con políticamente poco factibles.

Sólo un mecanismo democrático para la solución de conflictos que tenga un resultado incierto tiene alguna posibilidad de ser adoptado por las partes. Tal mecanismo es una elección que se realice lo antes posible (para ser realistas, tendría que ser este verano). Ambos lados tendrán que trabajar duro si desean ganar. La oposición, llena de facciones, tendrá que ir más allá del rechazo a Chávez, elaborar un programa para la reconstrucción del país y unirse tras un candidato atractivo.

El Presidente Chávez tendrá que aclarar el contenido y significado de su "Revolución Bolivariana". Puesto que Chávez es un consumado candidato en campaña y la oposición hasta ahora carece de unidad, tendrá una oportunidad real de ganar, lo que haría una contienda de este tipo aceptable para él.

La presión del grupo de países amigos puede inducir a ambos grupos a aceptar esta última oportunidad de evitar un colapso político y económico. Las elecciones se pueden legitimar mediante una enmienda constitucional que acorte el periodo presidencial, como propuso Jimmy Carter en su reciente iniciativa mediadora. Puesto que esto se ha ideado para evitar una crisis excepcional, no se convertiría en un precedente que estimule ataques frívolos a los gobiernos de América Latina electos democráticamente. Más que debilitarla, una elección hoy en Venezuela salvará a la democracia.