CHICAGO – Imagínese que es usted un miembro electo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante el debate sobre la ley de reforma de servicios de salud que se aprobó en 2010. En una junta de un comité de la Cámara se entera antes que nadie de que no se incluirá una opción de seguro público que se había propuesto –un programa que habría competido con los seguros privados. Esta información tendría un gran impacto en los precios de las acciones de las compañías de atención a la salud. ¿Puede usted realizar operaciones con esas acciones antes de que se publique?

Moralmente es difícil separar este ejemplo de los casos tradicionales de utilización de información corporativa privilegiada. No obstante, ninguna ley prohíbe esa práctica. El Congreso de los Estados Unidos –la rama legislativa del gobierno del país- se exime así mismo efectivamente de las reglas usuales que rigen el uso de la información privilegiada. El Congreso y la Suprema Corte de los Estados Unidos son los únicos órganos federales cuyos empleados pueden comprar y vender acciones, sin restricciones, con base en información que no se ha publicado. Cualquier otro empleado del gobierno de los Estados Unidos que realizara operaciones basándose en el tipo de información privilegiada que hemos descrito estaría actuando de manera ilegal.

Los miembros del Congreso no solo pueden realizar esas operaciones legalmente con base en información confidencial, sino que lo hacen, pese al costo potencial para su reputación. En el programa de televisión 60 minutes se informó hace poco que varios miembros actuales del Congreso supuestamente utilizaron información confidencial que obtuvieron debido a sus cargos para enriquecerse. Si bien el vínculo entre la información privilegiada y las operaciones es difícil de demostrar (como lo es en la mayoría de los casos de utilización de información privilegiada), los tiempos en que se dieron generan sospecha.

Sin embargo, es difícil cuestionar este “privilegio” del Congreso, particularmente porque el concepto de operaciones con información privilegiada es ambiguo en la legislación estadounidense que  no tiene definiciones de lo que es un “utilizador de información privilegiada”, “información privilegiada” o “utilización de información privilegiada”.

En contraste, la Unión Europea ha intentado definir estos términos en directivas que tienen la finalidad de prohibir esta práctica. Según una directiva emitida en 1989, “un utilizador de información privilegiada es alguien que, debido a su relación con la empresa como gerente, director, empleado, o accionista principal, posee información privilegiada, (hechos materiales que no son públicos) y a sabiendas utiliza dicha información privilegiada para adquirir o vender valores a los que se refiere la información por cuenta propia o de un tercero.”

Sin embargo, esta definición, si bien es directa, crea una gran laguna en el caso de los legisladores. Por ejemplo, crea la posibilidad de que los miembros del Parlamento británico puedan realizar operaciones bursátiles sobre la base de información adquirida en el curso de sus funciones, porque no cumplen los requisitos de “utilizador de información privilegiada”.

En un documento publicado en 2004, en el Journal of Financial and Quantitative Analysis se demostró que los senadores estadounidenses que realizaban operaciones bursátiles obtenían resultados superiores a los del mercado en un 12% anual. Puesto que incluso a los mejores administradores de fondos de cobertura de riesgo les resulta difícil obtener resultados comparables, debemos concluir que esos senadores son mejores administradores de fondos de cobertura o se benefician de información privilegiada.

Aún más preocupante que la utilización de información privilegiada por los representantes electos es la industria de inteligencia política que está floreciendo en Washington, Bruselas y otras capitales globales importantes. En los Estados Unidos algunos ex congresistas y miembros de su personal reúnen información privilegiada y la venden a los administradores de fondos de cobertura de riesgo y obtienen ganancias anuales de 100 millones de dólares.

Desde 2006, una propuesta para prohibir la utilización de información privilegiada por los legisladores estadounidenses languidece en el Congreso. Sin embargo, parece que el programa 60 minutes tuvo cierto impacto; cuatro días después de su transmisión, el número de copatrocinadores de la propuesta paso de 9 a 57 y se convocó una sesión para discutir la legislación el próximo mes.

No obstante, el problema no es solamente la exención del Congreso de las leyes sobre la utilización de información privilegiada. Lo realmente preocupante es que el Congreso de los Estados Unidos –al igual que las legislaturas de muchos países- se rige por normas muy distintas a las que se imponen a los ciudadanos comunes y corrientes. En particular, las normas de contabilidad, transparencia y fraude que regulan a las empresas no se aplican a los representantes electos.

Se trata de un problema que va mucho más allá de la utilización de información privilegiada. Si un ejecutivo corporativo miente a un cliente puede ser objeto de una demanda. Por su parte, los políticos  mienten durante las campañas electorales y ya que están en sus cargos, sin grandes consecuencias. Si el gobierno estadounidense se hubiera visto obligado a cumplir las mismas normas de contabilidad que el sector privado habría tenido que fusionar Fannie Mae y Freddie Mac –las gigantescas empresas hipotecarias respaldadas por el gobierno que estuvieron en el centro de la reciente crisis financiera- y publicar todos los pasivos contingentes a valor de mercado.

Más que simplemente ampliar las leyes sobre la utilización de la información privilegiada al congreso estadounidense  (o a otras legislaturas), los ciudadanos deberían exigir que todas las restricciones y requisitos de información que se imponen al sector privado se apliquen también automáticamente a los representantes electos. Esto daría más credibilidad a esas legislaturas y haría que sus leyes fueran más justas.