Egipto está viviendo un acalorado debate acerca de las reformas políticas. El asunto central es la demanda de todos los partidos de la oposición y grupos de la sociedad civil de que se enmiende la constitución de 1971 y se dé término al Estado de emergencia que ya lleva 23 años en vigencia y fuera impuesto tras el asesinato de Anwar Sadat en 1981.

Estas demandas no son nuevas. Pero el Presidente Hosni Mubarak y el gobernante Partido Democrático Nacional han evadido el tema desde mediado de la década de los 80. Lo que da más urgencia esta vez a las exigencias de reformas son los ominosos sucesos acaecidos en Egipto, la región y el mundo en general.

En el país crece la preocupación acerca de la edad de Mubarak (76) y su salud en deterioro. La mala salud de Mubarak, motivo de rumores durante años, nunca fue reconocida oficialmente sino hasta noviembre de 2003, cuando ya no se pudo ocultar más. Mientras hablaba ante el Parlamento, el Presidente se desmayó frente a millones de televidentes. Aunque volvió una hora después para terminar su discurso, los egipcios comenzaron a exigir una mayor transparencia acerca de la salud del presidente, así como sobre otros asuntos de estado.

Mientras tanto, la atrasada economía egipcia, la alta tasa de desempleo y la corrupción rampante han hecho que miles de jóvenes egipcios caigan en la desesperanza. Más de la mitad de los egipcios vivos nacieron durante el gobierno de Mubarak. Según un informe reciente del Programa de Desarrollo de la ONU, cerca de la mitad de quienes tienen entre 15 y 30 años sueñan con emigrar a Europa, América del Norte o Australia.

Cada semana hay noticias sobre egipcios que se ahogan en el Mediterráneo tratando de emigrar. Hace pocas semanas, varios jóvenes murieron sofocados mientras eran deportados de vuelta a Egipto a través del desierto libio en camiones saturados y sobrecargados de personas. El incidente causó una conmoción que obligó a las autoridades a arrestar, interrogar y enjuiciar a los oficiales de policía responsables.

Los sucesos regionales e internacionales también han fortalecido a la oposición egipcia, no sólo en sus presiones por que se realicen reformas, sino también en la lucha por enmendar los artículos de la constitución que tienen relación con la presidencia. Mubarak ha sido reelecto cuatro veces, y hay rumores de que buscará una quinta reelección de seis años o creará una "república hereditaria" y preparará a su hijo de 41 años, Gamal, para que lo suceda del mismo modo como Hafez al-Assad de Siria y su hijo Bashar.

El grito de batalla de la oposición es "No" a la reelección de Mubarak y "No" a la sucesión de Gamal en la presidencia. Muchos egipcios pueden no tener recelos importantes contra Gamal Mubarak per se, pero les mortifica el hecho de que, tras 24 años de gobierno del padre, puedan verse ante 24 o más años de gobierno del hijo.

La constitución actual fue adoptada en octubre de 1971 y posee 211 artículos, 30 de los cuales tienen relación con la presidencia. El presidente es nominado por dos tercios de la Asamblea del Pueblo, y electo en un plebiscito que sólo permite un simple "Sí" o "No". Se requiere la mayoría simple de los votos para ganar un periodo de seis años, el que se puede renovar de manera indefinida mediante el mismo proceso.

Estos flojos procedimentos contrastan de manera irritante con los poderes del presidente. Es el jefe de estado y comandante en jefe; preside el Consejo Judicial Supremo, el Consejo Policial Supremo y el Gabinete de Ministros; y puede nombrar y destituir a uno o más vicepresidentes a su exclusivo criterio. También nombra al primer ministro y a los ministros de mayor importancia, y debe aprobar a todos los demás ministros, embajadores y representantes del estado. Puede llamar a elecciones generales, declarar la guerra, imponer el estado de emergencia y promulgar decretos con fuerza de ley.

No hay contrapesos para estos poderes. Un solo artículo estipula que "Es posible acusar al Presidente de cometer traición a la patria u otro actor criminal, mediante una moción presentada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea del Pueblo y aprobada por dos tercios". A continuación, se suspende al presidente de todos sus deberes y el vicepresidente ocupa su lugar hasta que se resuelve la acusación.

Pero Mubarak nunca ha promulgado la ley necesaria para implementar este artículo ni nombrado un vicepresidente, a pesar de las demandas populares en ese sentido. El resultado ha sido una "presidencia imperial" de facto, con un Mubarak que se asemeja a los faraones por derecho divino del antiguo Egipto. Ningún otro jefe de estado disfruta de tanto poder en la actualidad.

Una analogía popular más apta en Egipto compara a Mubarak con Leonid Brezhnev, quien presidió durante dos décadas el estancamiento y declive de la Unión Soviética. El estatus de Egipto como potencia regional se ha debilitado bajo Mubarak de manera similar y constante. En el frente económico, los flujos de inversión extranjera anual han caído de $3 mil millones a mediados de los 90 a una minúscula cantidad de $300 millones en 2003.

Las demandas por reformas están centradas ahora en la introducción de elecciones presidenciales directas con uno o más contendores y la limitación de los presidentes a uno o dos periodos consecutivos en el cargo. No menos importante es reducir los amplios poderes de la presidencia y formular mecanismos viables para hacer que todas las autoridades públicas sean responsables de sus actos, sin excepción.

Si Mubarak y su gobierno no proponen enmiendas constitucionales que satisfagan estas demandas, incluso más egipcios abandonarán al régimen y arriesgarán sus vidas en busca de la salvación en otras tierras.