En cuanto tome posesión como Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso -el ex primer ministro de Portugal-tendrá que poner especial atención en recuperar el orden y disminuir la dispersión de la política económica de la Unión Europea.

El expediente más grueso en su escritorio es el de la agenda de Lisboa, un ambicioso programa aprobado en 2000 por los jefes de Estado y de gobierno de la UE, cuya meta es hacer de la Unión "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica" para 2010. Todos los campos principales de la política económica están incluidos: innovación y espíritu empresarial, reforma de la seguridad social e inclusión social, capacidades y empleo, igualdad de géneros, liberalización de los mercados laboral y de bienes, y desarrollo "sustentable".

Ciertamente todos esos son objetivos admirables, pero pertenecen intrínsecamente a la esfera de las decisiones políticas nacionales. En efecto, bajo los tratados europeos, la Unión no tiene competencia para legislar o establecer políticas en esos ámbitos, ni poderes para hacerlas cumplir.

Pero el Consejo Europeo, alentado por la Comisión Europea, inventó un nuevo enfoque de política -llamado "coordinación abierta" con el fin de inmiscuirse en esos campos. La coordinación abierta supone la definición de metas comunes a nivel de la UE, el cumplimiento voluntario por parte de los Estados miembros y la revisión de los resultados en el seno del Consejo Europeo.

Inevitablemente, la coordinación abierta no ha cumplido sus promesas. Además, la ilusión de que el Consejo Europeo tiene la facultad de crear crecimiento y productividad de la nada ha proporcionado a los políticos que no quieren respaldar decisiones impopulares en sus países una forma de desviar la atención.

Por lo tanto, mi primera sugerencia para Barroso es eliminar la agenda de Lisboa. Eso es lo único que dejará en claro que la responsabilidad del desempeño económico nacional corresponde a quienes diseñan las políticas nacionales.

Esto me lleva al tema de la coordinación macroeconómica a nivel de la UE. El Tratado de Maastricht ofrecía un marco sencillo de política para la unión económica y monetaria. La política monetaria se centralizaba y quedaba a cargo de un banco central independiente, mientras que la política fiscal se dejaba a los Estados miembros. Los gobiernos nacionales quedaron sujetos -bajo el procedimiento de déficit excesivo-a la doble limitación de que los déficits no debían exceder el 3% del PIB y de que la deuda pública debía permanecer por debajo del 60% del PIB (o al menos acercarse a ese valor).

Más tarde, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento añadió el requisito de que, en el mediano plazo, las cuentas gubernamentales debían estar "cerca del equilibrio". Esencialmente, eso buscaba impedir que se adoptaran políticas presupuestarias irresponsables después del lanzamiento del euro, y dejar al mismo tiempo espacio suficiente para las oscilaciones cíclicas del déficit dentro del límite del 3%.

La credibilidad del mecanismo resultó muy dañada en noviembre de 2003 con la controversia pública entre la Comisión y el Consejo de Ecofin sobre la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a Francia y Alemania. Eso no significa que se le deba abandonar.

Por el contrario, se necesita un límite externo común al comportamiento fiscal como salvaguarda conjunta en contra de una acumulación insostenible de deuda pública que pudiera afectar la estabilidad financiera y la inflación en toda la UE -un riesgo agravado por el impacto del envejecimiento poblacional sobre el sistema de pensiones. Tal límite también proporciona un ancla para el diseño de política interna en aquéllos países con sistemas políticos más débiles.

Pero es necesario revisar el sistema. Yo no escucharía a quienes aconsejan excluir la inversión de los déficits fiscales: lo único que se lograría con eso es crear incentivos para la contabilidad tramposa y la acumulación insostenible de deuda. Más bien, el énfasis debe desplazarse de los déficits anuales hacia la sustentabilidad de la deuda.

Por ejemplo, se podría complementar el criterio de deuda con un límite sobre (la tendencia de) la tasa de crecimiento del gasto público, la cual debería mantenerse por debajo de la del PIB nominal. Se deberían fortalecer los poderes de la Comisión para emprender acciones cuando exista el riesgo de incurrir en déficits excesivos -siempre y cuando, por supuesto, la Comisión no vuelva a olvidar jamás que la supervisión de las políticas nacionales es una tarea que exige criterio político y que no se puede dejar en manos de contadores y abogados.

Por último, se debe dar la máxima prioridad a terminar el Mercado Europeo Unico, en el que la Unión tiene instrumentos legales poderosos para abrir mercados y mantener la competencia. La mejor terapia para vigorizar el crecimiento es tanto directa, al aumentar la presión competitiva, como indirecta, al desencadenar las adaptaciones necesarias en las políticas nacionales sobre empleo, seguridad social y educación.

La tarea dista de estar terminada. La asistencia del Estado a compañías en problemas sigue siendo ubicua y los Estados miembros no respetan a cabalidad las reglas comunes diseñadas para garantizar la libre circulación de bienes y servicios -los ejemplos más claros son las compras de gobierno y los mercados energéticos. Además, la mayoría de los mercados de servicios -los valores, la distribución al mayoreo y al menudeo, los servicios empresariales y los servicios urbanos locales-siguen protegidos de las reglas de competencia y libre circulación. Las evidencias empíricas muestran que esas distorsiones en los mercados de servicios, que representan alrededor de las dos terceras partes del PIB, están en el fondo de gran parte de la brecha de productividad entre la UE y los Estados Unidos.

En años recientes, el Consejo Europeo no ha puesto la debida atención a esas tareas, que requieren del compromiso total y permanente de los Estados miembros para trasponer e implementar las directrices comunitarias. Con demasiada frecuencia, la Comisión ha favorecido la adopción de legislación nueva y la creación de programas de gasto por sobre la administración eficiente de lo que ya existe.

Así, Barroso se debería olvidar de las trivialidades de altos vuelos de la agenda de Lisboa y concentrarse en la terminación del Mercado Unico y en mantener en orden las políticas fiscales de los Estados miembros. Que los gobiernos nacionales se hagan responsables del desempeño económico de sus países.