BERLÍN – Entre los banqueros de inversiones hay una especulación renovada sobre la posibilidad de que un país salga –o se vea obligado a salir—de la Unión Monetaria Europea (UME). Las agencias de calificación han restado puntos a Portugal, Grecia y España debido a las perspectivas desfavorables de su crecimiento económico y la debilidad de sus finanzas públicas. A Irlanda se le ha asignado una previsión negativa y pronto podría reducirse su calificación también.

Ante los temores de que alguno de los países de la zona del euro pudiera declarar una moratoria, los márgenes de rendimiento de los bonos gubernamentales entre los países de la UME han alcanzado récords históricos. Desde hace algún tiempo, los rendimientos de los bonos del gobierno griego a diez años han estado alrededor de 300 puntos de base por encima de los alemanes. Esta es una señal de que los inversionistas ahora ven un riesgo significativo de moratoria griega o de que Grecia salga de la UME y redenomine sus bonos gubernamentales.

Pero el pánico de que la UME se puede desintegrar es exagerado. En lugar de declarar moratorias y salir de la zona del euro, es más probable que los Estados miembros anulen un principio básico de la UME y rescaten a otro Estado miembro.

Salir de la UME sería una opción costosa para los países con un mal desempeño. Por supuesto, volver a contar con el tipo de cambio como instrumento para la devaluación competitiva podría superar las pérdidas debidas al aumento de los costos por unidad de trabajo. Como demostró Argentina tras su moratoria y devaluación del invierno de 2001/2002, esa medida puede volver a poner en marcha las exportaciones y el crecimiento económico.

Pero Grecia, Portugal, Italia e Irlanda no son Argentina. El tratado de la Unión Europea no prevé una salida de la UME. Puesto que un impago exigiría el cambio de la moneda utilizada en los contratos privados, los socios de otros países de la UE sin duda presentarían demandas, las incertidumbres jurídicas se alargarían interminablemente y el comercio del país saliente con sus principales socios comerciales resultaría dañado durante años. Por ello, ninguno de los países en riesgo pensaría seriamente en introducir de nuevo una moneda nacional.

Es posible que el gobierno de algún miembro de la UME llegue a estar cerca de la insolvencia o la falta de liquidez. En efecto, se puede pensar en una crisis de deuda autocumplida: si los participantes en el mercado creen que es inminente una moratoria o una salida de la EMU, eso presionaría al alza los rendimientos de los bonos gubernamentales del país del que se tratara. En un momento dado, los rendimientos llegarían a ser tan altos que el gobierno en cuestión no podría refinanciar sus deudas que estuvieran próximas al vencimiento o financiar su gasto corriente. En esa situación, un país sólo tendría la opción del impago.

Pero incluso si este escenario es posible en teoría, es poco probable que suceda en la práctica. Dejar que un miembro quiebre crearía una presión especulativa sobre los gobiernos de otros miembros de la UME con posiciones fiscales débiles o mercados internos de bonos poco profundos. Una moratoria generalizada de varios países de la EMU conduciría a alteraciones graves del comercio dentro de la UE y a nuevos problemas en el sistema bancario, que tendría que depreciar los bonos gubernamentales en su posesión. Los gobiernos de los países grandes de la UE están plenamente conscientes de este problema y actuarían en consecuencia.

Con los préstamos que ha concedido a Hungría y Letonia, la Comisión Europea ya ha resucitado un mecanismo de crédito que no se había utilizado desde la crisis de 1992 del Sistema Monetario Europeo –y para países externos a la UME. El apoyo es enorme. Junto con la contribución del Fondo Monetario Internacional, el préstamo de la UE a Letonia asciende a más del 33% del PIB de ese país.

Al apoyar a tal grado a dos nuevos miembros de la UE que no forman parte de la UME, los países de la Unión han demostrado un compromiso mucho mayor para la ayuda mutua de lo que se podía pensar hace apenas unos años. Y se espera que haya más: en noviembre de 2008, el ECOFIN amplió a 25 mil millones de euros el límite para los posibles préstamos de balanza de pagos a países no miembros de la UME.

En esas circunstancias, parece inconcebible que la UE se negara a apoyar a un miembro de la UME que estuviera en una situación similar a la de Hungría o Letonia, sobre todo tomando en cuenta que todos los países de los que los mercados están muy pendientes actualmente son miembros de la UE desde hace mucho tiempo. En caso de dificultades reales, el resto de la UE ofrecerá un paquete de rescate.

En efecto, la cláusula de no rescate del artículo 103 del tratado de la UE—según la cual ni el Banco Central Europeo, ni la UE, ni los gobiernos nacionales “asumirá[n] ni responderá[n] de los compromisos” asumidos por otros gobiernos nacionales—ha perdido su credibilidad. Los costos políticos y económicos de permitir que el gobierno de un miembro quiebre son sencillamente demasiado elevados en la estrechamente interconectada UME.

Puesto que actualmente no hay un procedimiento para tomar esta medida, sólo podemos especular al respecto. Una opción sería que los países grandes de la UE crearan un paquete de rescate. De manera alternativa, la UE podría crear un mecanismo especial a través del cual pediría préstamos en el mercado de bonos para ayudar al miembro en problemas –un arreglo similar a los bonos que la Comisión Europea ya ha emitido para el mecanismo de emergencia de donde han estado pidiendo préstamos Hungría y Letonia.

La UE es hábil para eludir las obligaciones que imponen los tratados en tiempos de verdadera crisis. No hay razón para pensar que perderán esa habilidad esta vez.

Copyright: Project Syndicate, 2009.
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Traducción de Kena Nequiz