BUENOS AIRES – Desde la llamada “crisis de las tortillas" mexicana, ocurrida en enero pasado, las protestas callejeras contra la escasez de alimentos y sus altos precios, o contra el aumento de los impuestos a la producción agrícola, se han desatado desde Haití a los países de América Central, y en toda América Latina. A veces los gobiernos han reaccionado con medidas proteccionistas o iniciativas macroeconómicas, pero en algunos casos también lo han hecho con represión.

La paradoja de la crisis alimentaria de América Latina es que, aunque la región es una importante productora de alimentos, a veces debe recurrir a las importaciones para prevenir periodos esporádicos de escasez. Según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe exportaron en 2006 55 mil millones de dólares en alimentos; no obstante, las familias más pobres del continente destinan un 50% de sus presupuestos a alimentos, y esto en una época en que América Latina ha tenido sus mejores índices económicos desde los años 70.

Es poco probable que los precios de los alimentos, que han subido un 83%, comiencen a caer sino hasta después del 2009. Para América Latina, esto es más que un desafío; es una oportunidad. El reto central es político: corregir políticas formuladas cuando los recursos, incluidos el petróleo, el gas natural y los alimentos básicos, no se consideraban una fuerza impulsora de la economía global. La clave aquí es evitar la trampa del proteccionismo y el aislamiento internacional.

Incluso antes de la crisis actual, el reciente “viraje a la izquierda” de la política de América Latina estaba vinculado al problema de los alimentos. Durante su primer periodo, el Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva implementó un plan de “Hambre Cero” destinado a la gente más vulnerable de la sociedad brasileña. Alrededor de esta época, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, utilizaba controles de precios para mantener bajos los precios de los alimentos. En Venezuela, Hugo Chávez dio un paso más radical y emprendió un amplio plan de reforma agraria.

Ninguna de estas medidas estuvo exenta de polémica, ni evitó el impacto de la inflación global de los alimentos que se vive en la actualidad. Lula fue acusado de corrupción y clientelismo. La credibilidad del gobierno de Kirchner se vio seriamente cuestionada cuando se comenzó a sospechar que manipulaba el índice inflacionario. En Venezuela, la reforma agraria y la retórica socialista no evitó la escasez crónica de leche, azúcar y carne. Sin embargo, a pesar de estas insuficiencias, estas políticas conservaron suficiente popularidad como para asegurar su continuidad.

Considerando este historial, no es de sorprender que la primera reacción de los gobiernos latinoamericanos a la actual crisis alimentaria fuera unilateral. El 23 de abril, Brasil anunció una suspensión temporal de las exportaciones de arroz para prevenir la escasez interna. Bolivia prohibió la exportación de maíz, arroz, carne y aceite vegetal. La decisión argentina de marzo de aumentar drásticamente el impuesto a las exportaciones agrícolas causó un choque generalizado con los productores rurales, generando una nueva y compleja polarización social y una crisis política que todavía está en desarrollo.

Algunas de las medidas incluso pusieron en peligro las relaciones bilaterales. Para controlar la inflación, Argentina decidió suspender la venta de trigo al principal mercado de sus exportaciones, Brasil, donde el precio del pan había aumentado en un 20% en los últimos 12 meses. En Perú, la movilización social contra una mayor alza del precio de los alimentos condujo que se renegociara el acuerdo de libre comercio con EE.UU.

En comparación con otras regiones, el impacto de la crisis en América Latina, con la excepción de Haití, hasta ahora no ha sido dramático. La razón es la abundancia de recursos naturales y la persistente demanda internacional, que ha sostenido el crecimiento. Sin embargo, sigue ausente la cooperación regional para encontrar soluciones creativas a una crisis que, en muchos aspectos, está interrelacionada.

Hasta ahora, la única iniciativa con una perspectiva regional ha venido de Caracas en la forma de la así llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). México, Perú y otras naciones sentían suspicacia de la retórica anti-estadounidense del ALBA, pero de ella han salido algunas propuestas prácticas, como la creación de un banco de productos agrícolas para reducir los costos de los productores pequeños y medianos.

Una de las consecuencias inevitables de la actual crisis alimentaria será una reconsolidación del papel del estado en la agricultura. La presión por poner la seguridad alimentaria en la agenda política regional es una clara evidencia de ello.

Después de una última crisis alimentaria mundial de 1973, la agricultura quedó casi olvidada como factor de crecimiento. Si bien a fines de los 80 se promovió una liberalización que se abrazó en los 90, los mercados alimentarios en el mundo desarrollado siguieron altamente protegidos, y los países latinoamericanos sufrieron las consecuencias. Un resultado indirecto y, sin embargo, trágico ha sido el constante cultivo de hojas de coca como forma de supervivencia económica por parte de los campesinos bolivianos, peruanos y colombianos.

Para las autoridades latinoamericanas, asegurar la seguridad alimentaria sólo se puede hacer realidad si se crea un nuevo régimen internacional de libre comercio de productos agrícolas básicos. Sin un acuerdo global de este tipo, continuarán las confusas intervenciones de hoy, con pocas esperanzas de que produzcan mejoras reales.

Copyright: Project Syndicate, 2008. 
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Traducido del inglés por David Meléndez Tormen