Las personas hacen cosas -deliberadamente o no- que dañan a otras personas. A fin de que funcione la sociedad, debe brindar a las personas incentivos -mediante premios y castigos, reglamentos y multas- para que no las hagan. Al contaminar el aire, perjudicamos a quienquiera que respire. El sistema legal desempeña un papel importante al respecto. Si perjudico a alguien, debe poder demandarme.

Naturalmente, las personas tienen el deber moral de no perjudicar a los demás. De hecho, tal vez se trate del imperativo moral fundamental: actúa con los demás como te gustaría que lo hicieran contigo y no actúes con los demás como no te gustaría que lo hiciesen contigo.

Emmanuel Kant, con su imperativo categórico, aportó el fundamento filosófico a quienes deseaban un fundamento para la ética diferente del representado por los aforismos religiosos, Pero la sociedad moderna no depende -ni puede hacerlo- sólo de que las personas actúen "correctamente". Recurre a las zanahorias y los palos.

Motivar a las empresas para que actúen correctamente es aún más difícil. Al fin y al cabo, las empresas no tienen conciencia; es sólo la conciencia de quienes las dirigen y, como han mostrado con demasiada claridad los recientes escándalos habidos en los Estados Unidos, a menudo la conciencia queda subordinada a los beneficios.

El sistema legal de los Estados Unidos vela por que se responsabilice de las consecuencias a las empresas que ofrezcan un producto defectuoso y, en particular, si resulta peligroso. Las empresas están en condiciones mucho mejores que los consumidores para evaluar la inocuidad de sus productos; todos nos beneficiamos de que nuestro sistema legal haya brindado incentivos a las empresas para que presten atención a la inocuidad de lo que producen.

Asimismo, la legislación medioambiental hace responsables a las empresas de sus residuos tóxicos y muchos países, incluidos los Estados Unidos, han consagrado el principio de que "el que contamina paga", es decir, que las empresas deben pagar los daños que causen. Es una cuestión de incentivos y de justicia social.

Sin embargo, en otras esferas estamos empezando tan sólo a pensar en lo que debe significar la responsabilidad empresarial para nuestro sistema legal. En la segunda guerra mundial las empresas alemanas no tuvieron el menor inconveniente en beneficiarse del trabajo esclavo de quienes estaban internados en campos de concentración y los bancos suizos tuvieron mucho gusto en embolsarse el oro de las víctimas judías del terror nazi. En procesos recientes se los ha obligado a devolver parte de lo que tomaron.

En época más reciente, las compañías petroleras han demostrado tener poca conciencia al entregar dinero que alimenta a movimientos guerrilleros... con tal de que quedaran preservados sus intereses. Cuando una empresa valerosa, BP, quiso actuar correctamente en Angola, al intentar velar por que las regalías del petróleo fueran a parar al gobierno y no a manos de funcionarios corruptos, otras compañías petroleras se negaron a seguir su ejemplo.

En el Congo los beneficios de las compañías mineras contribuyeron a mantener en el poder durante decenios al difunto Presidente Mobutu del Zaire, país que ahora se llama el Congo, con lo que le permitieron saquear su país, gracias, al parecer, a las cuentas bancarias secretas que son la especialidad de países como Suiza, las Islas Caimán y Chipre. El dinero del Banco Mundial y del FMI también contribuyó a sostener a Mobutu. Esas instituciones sabían -o debían haber sabido- que sus préstamos y su asistencia no iba a ayudar a la población desesperadamente pobre del país. Lo único que haría sería endeudarla aún más.

Hoy consideramos que las personas, las empresas y las instituciones se deben responsabilizar de sus acciones. Pero, ¿qué debe significar eso, para que sea algo más que mera retórica? En primer lugar, significa condonación de las deudas: puede que las entidades crediticias internacionales no puedan compensar plenamente los daños causados cuando su dinero contribuye a mantener a autócratas odiosos en el poder, pero al menos no se debe hacer cargar a las víctimas con una herencia financiera desastrosa.

En Sudáfrica, es posible que la presión económica ejercida con las sanciones derribara con el tiempo el sistema racista del apartheid , pero, del mismo modo, el apoyo económico desde el exterior -incluidos préstamos de bancos multinacionales- fue lo que mantuvo con vida ese sistema durante tanto tiempo. Lo mismo en gran parte es aplicable al Iraq durante el decenio de 1990.

Se debe considerar responsables a quienes contribuyeron a mantener el apartheid y, en particular, quienes no se adhirieron a la aplicación de las sanciones, después de que las Naciones Unidas las aprobaran. Puede que el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación funcione o no para curar las heridas de Sudáfrica, pero, a fin de que las empresas tengan incentivos para actuar correctamente, deben pagar ahora el precio por los beneficios que obtuvieron con aquel sistema aborrecible.

Si las empresas tuvieran conciencia, actuarían sin que se las obligara a hacerlo: calcularían el beneficio obtenido con el sistema del apartheid y lo devolverían al país con los intereses correspondientes. Pues la desaparición del apartheid no ha resuelto los profundos problemas económicos del país, incluida una tasa de desempleo que supera el 25 por ciento.

Hasta ahora, no parece haber prisa por reparar los daños causados en Sudáfrica y, en otros lugares, apenas hay muestras de que la conciencia empresarial sea demasiado profunda, pero hemos de abrigar la esperanza de que los sistemas legales de Occidente aporten un recurso diferente, que no sólo repare en parte las injusticias del pasado, sino que, además, brinde incentivos a las empresas para que en el futuro se lo piensen dos veces antes de beneficiarse de regímenes brutales.