MADRID – Atrapada desde los años 1960 en un conflicto armado prolongado con las milicias más inescrupulosas que uno pueda imaginar, y rehén de los señores de la droga que convirtieron las vastas zonas rurales del país en feudos de crimen y atrocidades inenarrables, Colombia durante mucho tiempo proyectó al mundo la imagen de un país adicto a la violencia. Pero ya no.

La paradoja colombiana es que la violencia y la economía de la droga convivían con una de las tradiciones más antiguas y genuinamente  más constitucionales de América Latina. Sin embargo, una larga sucesión de presidentes fracasó al no poder encontrarle una solución a la paradoja. Fue la administración excepcionalmente eficiente de Álvaro Uribe en 2002-2010 la que finalmente marcó la diferencia.

La fortaleza inquebrantable del presidente Uribe para ajustarse a su política de “seguridad democrática” –cabe decirlo, sus defectos fueron criticados, con razón y dureza, por grupos de derechos humanos- cambió radicalmente el curso y la autoimagen nacional de Colombia. La violencia disminuyó más significativamente con el desmantelamiento de los paramilitares de derecha, y con la aniquilación en combate de las guerrillas izquierdistas FARC y la decapitación de su liderazgo. La tasa de homicidios de Colombia, durante muchos años una de las más altas del mundo, casi se ha reducido a la mitad desde 2002.

Es más, Colombia dejó de ser la medalla de oro del mundo en materia de producción de cocaína. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína de Colombia llegó a su nivel más bajo desde 2000. En 2009 solamente, el gobierno erradicó más de 165.000 hectáreas de coca.

El nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que como ministro de Defensa del segundo gobierno de Uribe fue responsable de las hazañas más espectaculares del ejército contra las FARC, probablemente sea el político con mejores herramientas para lograr que el país crezca en base a este éxito. Santos, un economista con una carrera ministerial impecable sobre su espalda, y un estadista que hizo las paces con Venezuela a los tres días de asumir el cargo, evitando así una guerra y abriendo inmensas oportunidades económicas y comerciales, está empeñado en cambiar el curso de Colombia del conflicto a la paz.

Sin embargo, no esperemos que Santos sea más blando que Uribe en cuestiones de seguridad. A menos que las FARC abandonen la lucha armada, no habrá negociación alguna de paz. No obstante, Santos está decidido a virar el énfasis de Uribe en la “seguridad democrática” hacia la “prosperidad democrática” –un cambio por el que Uribe merece un crédito-. En el curso de la presidencia de Uribe, la inversión extranjera amentó el 50% y el crecimiento económico anual promedió el 4%.

Aún así, la presidencia “civil” de Santos enfrenta serios desafíos no menos exigentes que la guerra contra las guerrillas. Con una geografía colosal y diversa de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, la infraestructura inmensamente inadecuada de Colombia es un escollo tan grande para el desarrollo económico como la deficiencia en el terreno de la seguridad. Para reducir los niveles apabullantes de pobreza del país, Santos necesitará concentrarse en un plan ambicioso para mejorar la infraestructura, modernizar la agricultura y la minería, construir viviendas e introducir nuevas tecnologías.

Otro objetivo importante es resolver otra paradoja. Colombia, el aliado más incondicional y más leal de Estados Unidos en América Latina, y el tercer receptor más importante de la ayuda estadounidense –después de Israel y Egipto- hasta ahora no logró convencer al Congreso norteamericano de firmar el tipo de acuerdo de libre comercio que Estados Unidos tiene con otros países del continente.

Gran parte de la oposición parlamentaria surge de los temores sobre un ingreso de mercaderías colombianas a precio rebajado, que se traduzca en una pérdida de empleos estadounidenses. Esta es una preocupación legítima, pero que se puede resolver mediante negociaciones cuidadosas. Por ende, los opositores de Colombia prefieren centrar sus críticas en la violación de los derechos humanos en el curso de la lucha del gobierno contra los insurgentes. Especialmente sensible es la matanza dirigida de líderes sindicales.

Por cierto, ha habido muchas violaciones a los derechos humanos en Colombia. La más impresionante fue la matanza por parte del ejército de miles de civiles inocentes para presentar las muertes como bajas de las FARC. Pero el régimen de derecho finalmente se impuso. Una vez que se descubrieron estas atrocidades, el gobierno se ocupó de ellas rápidamente. Los comandantes responsables fueron expulsados, y los asesinos están siendo llevados a juicio ante tribunales civiles.

Sigue habiendo sindicalistas amenazados y asesinados, pero la cantidad de homicidios de este tipo ha caído más marcadamente que el número de homicidios en general en Colombia. Es más, un estudio meticuloso llevado a cabo por el Centro para el Estudio del Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes en Bogotá ha demostrado que no había ninguna evidencia de que los sindicalistas sean asesinados sistemáticamente por su participación en actividades gremiales. Frecuentemente la motivación detrás de los crímenes es su postura ideológica y política, como podría ser el caso de otras víctimas del conflicto armado de Colombia.

Esto, por supuesto, no hace que los asesinatos sean más digeribles. Lo que los legisladores estadounidenses deberían hacer, sin embargo, es ayudar a que la caída de la violencia se torne irreversible. Un acuerdo de libre comercio que mejore el bienestar del pueblo colombiano no puede ser menos efectivo que las operaciones militares a la hora de reducir la violencia y el narcotráfico, que sigue siendo un objetivo estratégico importante de Estados Unidos.