La agencia de noticias estatal de China Xinhua informó recientemente acerca de una investigación sobre una serie de esterilizaciones y abortos forzosos en el pueblo de Linyi, en la provincia de Shandong. La celeridad de la investigación –que, según dicen, comenzó días después del rapto de Chen Guangchen, activista ciego que había salido públicamente en defensa de las víctimas– y la franqueza del informe dieron la impresión de una mayor receptividad del Gobierno y una mayor audacia por parte de los medios oficiales de comunicación. ¿Es acertada esa impresión?

Lo sucedido en Linyi es el tipo de noticia que los funcionarios encargados de la propaganda suelen enterrar en los archivos secretos del Partido Comunista. Según las informaciones, las autoridades locales de Linyi, para no sobrepasar las cuotas de nacimientos impuestas por la política de “un solo hijo” en China, obligaron a varias mujeres a someterse a abortos y esterilizaron a la fuerza a muchos matrimonios con más de un hijo. Los habitantes del pueblo que se ocultaron para eludir esa campaña padecieron, al parecer, el encarcelamiento de familiares suyos. Algunos en Linyi alegaron tratos degradantes, torturas y extorsiones.

¿Por qué se ha investigado ese escándalo y se ha informado sobre él? La mejor interpretación de las informaciones de la agencia Xinhua es la de que van encaminadas a controlar los daños.

China está intentando conseguir financiación de las Naciones Unidas para mejorar la salud reproductiva, operación que ha resultado retrasada por las informaciones sobre los abortos forzosos. Las autoridades centrales no investigaron los malos tratos en Linyi hasta que la noticia del acoso a Chen Guangcheng –y su secuestro con ayuda de la policía de Beijing– llegó a los medios internacionales de comunicación.

Chen había informado de los malos tratos a funcionarios y había pedido a una organización no gubernamental, el Grupo de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, que los investigara. Miembros de ese grupo se trasladaron a Linyi en mayo. Un mes después, la red de Defensores Chinos de los Derechos Humanos informó sobre las conclusiones del grupo y pidió la intervención de la Comisión de Planificación Familiar (CPF) del gobierno central.

Como voluntaria de la red, yo estuve en contacto con Chen y seguí de cerca los acontecimientos. En julio, al no haber recibido respuesta alguna del Gobierno, Chen comenzó a buscar asesoramiento jurídico de abogados destacados para preparar querellas judiciales en nombre de las víctimas, lo que causó alarma entre los funcionarios locales. Chen, perseguido por la policía, se ocultó.“Mi seguridad personal estaba amenazada”, escribió el 30 de agosto en el último mensaje electrónico que recibí de él.

A raíz de las enérgicas protestas internacionales por el secuestro de Chen, la CPF decidió investigar. La agencia Xinhua anunció que los funcionarios locales responsables de la violencia podrían ser procesados. Las autoridades centrales parecieron sentir una necesidad inmediata de acallar las críticas a sus controvertidas medidas de control demográfico y la agencia Xinhua se apresuró a afirmar que los malos tratos se limitaban a unas pocas ciudades pequeñas.

Sin embargo, las autoridades del gobierno central han hecho poco para poner coto a la intimidación de los habitantes de Linyi. Chen fue liberado, pero permanece sometido a arresto domiciliario y el 2 de septiembre fue llevado otra vez a la comisaría de policía por razones desconocidas.

La policía se niega a devolver la computadora personal y el teléfono portátil de Chen. Además, la aldea se ha quedado misteriosamente sin servicio telefónico. Entretanto, mediante detenciones, amenazas y sobornos, las autoridades están obligando a los habitantes del pueblo a desdecirse sobre los malos tratos recibidos y retirar sus querellas judiciales, al advertirles sobre las graves consecuencias que tendría su cooperación con Chen y los abogados.

La CPF se niega a intervenir, alegando que carece de competencias para imponer el cumplimiento de la ley. El 10 de octubre, los abogados de los habitantes de la aldea fueron informados de que la vista judicial prevista para aquel día había sido anulada. En el camino de regreso a Beijing, unos matones atacaron, al parecer, a los abogados.

Vista en ese marco, la creencia de que la actitud del Gobierno en el caso de Linyi refleja una nueva receptividad ante las violaciones de los derechos humanos parece ingenua. Si el Gobierno estuviera volviéndose de verdad más receptivo, ¿por qué no hemos visto respuestas similares ante otras disputas sobre robos de tierras de cultivo, violación de derechos de inversores o corrupción de alto nivel?

En todos esos casos, las autoridades han respondido con la represión, incluida la contratación de milicias de paisano para secuestrar o golpear a personas que intentan dar a conocer problemas. Las tardías muestras de transparencia sobre la propagación del sida y la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave en las zonas rurales indican claramente que el gobierno central considera la transparencia sólo un asunto de conveniencia.

Otros sostienen que el Gobierno de China está perdiendo, sencillamente, su control sobre las autoridades locales. Esa perspectiva no es alentadora precisamente. Si los abusos y la represión en las provincias continúan, independientemente de la atención que preste el gobierno central o de la firmeza de que pueda dar muestras la prensa, entonces, ¿qué?

Sin embargo, más probable es que las autoridades centrales estén aplicando una política que la mayoría de los chinos conocen bien: neijin waisong, es decir, “controlado por dentro y relajado por fuera”. Aplicada en este caso, esa política significa

la consolidación del poder en el interior, al tiempo que se desarma a los críticos en el extranjero.

Creo que la pérdida de control por el Gobierno en las provincias ha sido orquestada. El caos permite tapar la represión. Resulta muy cómodo cuando matones no identificados golpean y acosan a los activistas que ponen en entredicho el gobierno del Partido y resulta demasiado fácil a los funcionarios achacarlo a una “sociedad delincuente” y descontrolada, cuando los medios internacionales de comunicación empiezan a hacer preguntas.

Desde luego, ataques de “delincuentes” sospechosamente centrados en determinadas víctimas han ocurrido en otros lugares, además de en Linyi. Unos matones dieron una paliza al activista en pro de los derechos civiles Lu Banglie en la ciudad de Taishi, en Guangdong, a principios de octubre. Seis habitantes del pueblo de Hebei, en Dingzhou, que protestaban por la ocupación de sus tierras por el Gobierno, murieron después de sangrientos enfrentamientos con una banda de bravucones en julio. La lista continúa.

Recientemente, los medios de comunicación estatales comenzaron a dar a conocer datos estadísticos anuales de “incidentes de masas”. El año pasado, según el Gobierno, hubo 74.000 de esos incidentes. Los observadores se asombran de que los dirigentes de China reconozcan un número tan elevado de protestas, pero también en ese caso el Gobierno está ocultándose a la vista de todos. Los órganos de comunicación estatales se han visto obligados a reconocer que esas protestas ponen a prueba la voluntad del Partido de mantenerse en el poder. Lo que no cuentan es la historia real de cómo ejerce el Partido esa voluntad, pues confían en que el propio reconocimiento nos satisfaga. No debemos apresurarnos a seguir ese juego.