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Nicaragua: El retorno del
Carlos F. Chamorro
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Por Carlos F. Chamorro
Como miles de nicaragüenses, el pasado nueve de noviembre salí a votar en las elecciones municipales para elegir al alcalde de la ciudad de Managua. Al concluir las votaciones, las autoridades de mi jurisdicción estamparon una copia del acta de resultados en la puerta de la Junta Receptora de Votos, registrando 155 votos para el candidato opositor, 76 votos para el candidato oficial del Frente Sandinista, y dos votos para otros candidatos.
Sin embargo, al día siguiente los resultados de mi Junta no fueron publicados en el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE) que presentó los resultados de Managua, dándole la victoria al candidato oficial.
Lo mismo ocurrió con otras 660 Juntas --unos 120 mil votos, equivalentes al 30% de la votación en la capital--, que nunca fueron publicadas. Si los resultados de estas juntas se hubieran computado, la oposición habría vencido en la capital con amplia ventaja.
Este mes, los nuevos alcaldes tomaron posesión de sus cargos sin que el CSE, controlado por el gobierno, haya publicado jamás el 100% de las actas de votación, en abierta violación a la ley electoral.
Si bien el fraude ocurrido en la capital ha sido el más ampliamente documentado, el modus operandi se repitió a nivel nacional en otras importantes ciudades del país abarcando a más de 40 municipios. A pesar de los reclamos encabezados por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, las cámaras empresariales, y los partidos políticos, el CSE se negó a admitir un recuento de las actas de escrutinio ante observadores imparciales. Y cuando los ciudadanos protestaron de forma pacífica, el gobierno recurrió a la violencia para reprimirlos.
Así se proclamó ganador el gobierno en 109 de 153 municipios, culminando un proceso de fraude electoral que empezó cinco meses atrás con la suspensión de la personería jurídica a los partidos de oposición Conservador y Renovador Sandinista, y mantuvo hasta el último momento la prohibición de observadores nacionales e internacionales.
Hasta antes del nueve de noviembre, Nicaragua exhibía una reciente pero vigorosa tradición electoral, refrendada con altos niveles de participación en las urnas. Irónicamente, al perder la presidencia Daniel Ortega en 1990, la revolución sandinista inauguró sin proponérselo una era de democracia electoral. Pero el fraude del nueve de noviembre, hizo retroceder al país más de 50 años de historia a la época de la dictadura de los Somoza.
¿Por qué el presidente Ortega decidió robarse las elecciones municipales, a pesar de los costos políticos que esto implicaría para su gobierno? La única explicación plausible es el imperativo de despejar a toda costa el camino para una futura reelección.
A diferencia de Chávez en Venezuela o Morales en Bolivia, que llegaron al poder con un voto mayoritario, Ortega ganó la presidencia en primera vuelta con sólo el 38% de los votos. Logró la mayoría gracias a un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán, su ex rival, preso por corrupción por aquel entonces.
Ahora, después de dos años en el poder, Ortega necesitaba invocar un mandato mayoritario en las municipales, para imponer una reforma constitucional que estableciera la reelección presidencial consecutiva. De lo contrario, si hubiera admitido la derrota en la capital y en las principales ciudades del país, habría tenido que reconocer el fracaso de un modelo político autoritario, que tampoco ha tenido éxito en reducir la pobreza.
Por eso Ortega prefirió asumir los costos del fraude, y ahora el país entero está pagando los platos rotos. La Unión Europea suspendió la ayuda presupuestaria, por unos 70 millones de dólares. El gobierno saliente de Estados Unidos congeló la ejecución de 64 millones de dólares ayuda , en espera de que la nueva Administración de Obama adopte una decisión definitiva.
Sin embargo, pese a su aislamiento internacional y su descrédito interno, Ortega se jugó su última carta, reeditando el pacto con el ex presidente Alemán. El pasado 16 de enero la Corte Suprema de Justicia sobreseyó definitivamente al ex presidente Alemán, sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción. Una hora después, Alemán le pagó el favor a Ortega con creces: sus diputados eligieron una Junta directiva que le otorga a Ortega el control del parlamento, terminando con la parálisis legislativa provocada por la protesta ante el fraude electoral.
Así ganó Ortega un tiempo crucial, para maniobrar ante la debacle económica que se avecina en el país en medio de la recesión mundial, pero perdió la batalla de la legitimidad política. Con el fraude y la violencia desatada en los últimos meses, se quitó la careta del líder que pedía una segunda oportunidad para gobernar en paz, y se acabó para siempre el beneficio de la duda que se le otorgó a su administración.
Ciertamente, no hay indicaciones de que el fraude electoral sea una enfermedad que amenace con extenderse en América Latina. El caso de Ortega --de quien los europeos hablan ya como “el Mugabe de América Latina”-- parece más bien una excepción. Aunque quizás éste debería verse en el espejo de Noriega (Panamá 1989), o Fujimori (Perú 2000), responsables de los últimos fraudes electorales en la región, quienes no concluyeron sus mandatos pues resultaron desalojados del poder.
Carlos F. Chamorro es periodista, director del semanario Confidencial y director del programa de televisión Esta semana en Nicaragua.
Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org
Traducción de Claudia Martínez
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