Human Rights
La masacre judicial de Srebrenica
Antonio Cassese
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El juicio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) referido a la participación de Serbia en la masacre de musulmanes bosnios en Srebrenica en 1995 debería verse con una ambivalencia considerable. Por un lado, el hecho de que un tribunal internacional se haya pronunciado sobre la responsabilidad de un Estado en una cuestión de genocidio es un avance innegablemente positivo. Pero por otro lado, la decisión de la Corte es uno de esos pronunciamientos judiciales que intenta complacer a todo el mundo y deja todo como estaba.
Se suponía que la Corte no responsabilizaría penalmente a individuos específicos; ésa es tarea del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La CIJ, que más bien se ocupa de controversias entre Estados, se vio enfrentada al reclamo de Bosnia de que Serbia era responsable de la masacre de Srebrenica. Si bien la Corte dictaminó que el genocidio había tenido lugar, decidió que Serbia no era responsable según el derecho internacional.
Según la Corte, los generales serbios bosnios que eran culpables de este genocidio, los diversos Mladic y Kristic, no actuaban como agentes de Serbia ni recibían instrucciones específicas de Belgrado. Por ende, no se le podía imputar el genocidio a Serbia, aunque el gobierno serbio le pagara sueldos a Mladic y sus colegas, al mismo tiempo que les proporcionaba asistencia financiera y militar. Serbia tampoco fue culpable de complicidad ya que, si bien ejercía considerable influencia sobre Mladic y su gente, no sabía, en el momento en que tenía lugar el genocidio, que se estaba cometiendo un crimen de esta naturaleza.
Al haber "absuelto" a Serbia del crimen principal, la CIJ le ofreció a Bosnia una suerte de "premio consuelo" al afirmar que las matanzas de Srebrenica tuvieron el carácter de genocidio -una conclusión a la que ya había llegado el TPIY-. Es más, según la CIJ, Serbia violó el derecho internacional al no haber impedido el genocidio porque, aunque podría haber evitado las masacres, no lo hizo y, en consecuencia, no ayudó al TPIY a arrestar a Mladic (quien, curiosamente, sigue escondiéndose en Serbia).
La decisión de la Corte, por ende, intenta ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Para decidir si Mladic actuó en nombre de Serbia cuando planeaba y ordenaba la masacre de Srebrenica, la Corte exigió pruebas de que las autoridades serbias le enviaron “instrucciones” específicas para cometer este acto de genocidio. Obviamente, este tipo de instrucciones nunca se encontrarían. ¿Por qué no bastó con demostrar que el comando del ejército serbio bosnio estaba financiado y pagado por Serbia y que estaba estrechamente conectado con la conducción política y militar de Serbia?
Más importante aún, la decisión de la CIJ de que Serbia es responsable de no haber impedido un genocidio del cual no era cómplice tiene poco sentido. Según la Corte, Serbia era consciente del altísimo riesgo de los actos de genocidio y no hizo nada. Pero Serbia no fue cómplice, sostuvo la Corte, porque “no se ha probado” que la intención de cometer los actos de genocidio en Srebrenica “hubiera atraído la atención de Belgrado”.
En el mejor de los casos, es una declaración desconcertante. La masacre fue preparada en detalle y tuvo lugar durante el transcurso de seis días (entre el 13 y el 19 de julio). ¿Es factible que las autoridades serbias ignoraran lo que estaba pasando mientras la matanza estaba en marcha y la prensa de todo el mundo la denunciaba? Parece mucho más razonable creer que los líderes de Serbia estaban al tanto de lo que estaba pasando y que, a pesar de eso, la asistencia militar, financiera y política de Serbia a Mladic nunca se interrumpió.
El problema fundamental con la decisión de la CIJ reside en su carga de la prueba ilógicamente alta para determinar que Serbia fue legalmente cómplice de genocidio. Después de todo, uno también puede ser culpable de complicidad en un delito si no lo detiene cuando tiene la obligación y el poder de hacerlo y cuando, a través de la inacción propia, se contribuye a la creación de condiciones que permiten que se produzca el crimen.
Los sobrevivientes de Srebrenica, para quienes Bosnia buscaba compensaciones por daños y perjuicios, no recibirán nada de Serbia. Y si el ex presidente serbio Slobodan Milosevic estuviera vivo, sería absuelto del cargo de genocidio.
Antonio Cassese fue el primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y, posteriormente, presidente de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur de las Naciones Unidas. Hoy enseña derecho en la Universidad de Florencia.
Copyright: Project Syndicate, 2007 (in cooperation with La Repubblica).
www.project-syndicate.org
Traducción de Claudia Martínez
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