PRAGA --El 7 de noviembre, cuando se celebren en Birmania las primeras elecciones en casi dos decenios, se escenificará un guión bien ensayado. Los generales que gobiernan el país tergiversarán lo que debe ser un proceso democrático, mediante el cual el pueblo tiene la posibilidad de expresar su voluntad, y lo convertirán en una burla de la libre expresión en la que el pueblo vota con miedo y sin esperanza.

La comunidad internacional debe juzgar a los generales de Birmania por sus acciones, no sus palabras y promesas. Lo sucedido en Birmania expresa la verdad más claramente que todas las proclamaciones de los generales sobre una votación libre y una transición democrática.

Más de 2.100 presos políticos siguen encarcelados en Birmania. Muchos han sido torturados y mantenidos en condiciones espantosas y se les ha denegado la atención médica. Los ataques contra las minorías étnicas del país continúan, dirigidos deliberadamente contra civiles, incluidos niños, por el ejército y la policía birmanos. Los medios de comunicación del país siguen censurados y la libertad de expresión denegada y el partido político más popular del país, la Liga Nacional por la Democracia, que ganó las elecciones en 1990, se ha visto obligado a disolverse, porque decidió no registrarse para las elecciones de noviembre.

En esas condiciones, unas elecciones libres y justas serán imposibles. Esa supuesta transición democrática, proceso concebido exclusivamente por dictadores y con la exclusiva participación de los leales al régimen, dará como resultado una dictadura continua.

Antes de que la suerte de Birmania quede sentenciada en un nuevo modelo de dictadura, las Naciones Unidas deben lanzar inmediata y vigorosamente un nuevo proceso destinado a lograr la reconciliación nacional y la democracia para ese castigado país. La comunidad internacional, el Este y el Oeste, debe unirse tras una iniciativa encabezada por las NN.UU. para que se inicie un diálogo auténtico.

Pero, para que ese diálogo tenga de verdad legitimidad, debe participar en él la premio Nobel Daw Aung San Suu Kyi, que ha padecido decenios de detención domiciliaria, y su partido, la LND. También se debe conceder voz y voto a otros grupos de la oposición democrática y a representantes auténticos de las minorías étnicas.

Se debe presionar a los generales de Birmania para que acudan a una mesa de negociación en la que se celebren negociaciones de verdad y se deben utilizar todos los instrumentos de que dispone la comunidad internacional para lograrlo.

Pero el deber de ayudar a Birmania no corresponde sólo a las NN.UU. Las presiones a los generales de Birmania deben ser también bilaterales y multilaterales y se debe reforzarlas con medidas económicas cuidadosamente calibradas, incluidas sanciones bancarias y financieras específicas.

También se deben adoptar medidas para acabar con la impunidad con la que han gobernado los generales birmanos. La dictadura está acusada de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la mayoría contra las minorías del país, que han padecido decenios de opresión, ostracismo y desgobierno militar. La Asamblea General de las NN.UU. debe seguir la recomendación de su Relator Especial de que se cree una comisión de investigación sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Birmania.

Además, el Consejo de Seguridad debe imponer un embargo de armas a Birmania, como lo ha hecho en otros países igualmente afligidos por conflictos y violaciones graves de los derechos humanos. Los países que suministran armas a Birmania se exponen a cargos de complicidad en los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura.

Después del 7 de noviembre, continuarán la dictadura y las violaciones de los derechos humanos. No necesitamos esperar hasta después de las elecciones para saberlo. Así, pues, no hay excusa para que continúe la inacción. Ahora es el momento de que el mundo se una tras el pueblo de Birmania y le aporte paz y dignidad por fin.