Friday, April 25, 2014
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La tentación populista de Bolivia

En abril de 2002, manifestaciones violentas conocidas como la "guerra del agua" en Bolivia obligaron al Presidente Hugo Bánzer a anular el contrato con la única empresa internacional interesada en hacerse cargo del proyecto hídrico más ambicioso jamás propuesto en el país. Recientemente, otro importante levantamiento popular ha acabado con un proyecto de exportación de gas natural a México y a los Estados Unidos pasando por un puerto de mar chileno.

Ha sido la "guerra del gas", que sus dirigentes han utilizado para derrocar al Presidente Sánchez de Lozada y frenar el proceso modernizador consistente en el fortalecimiento de las instituciones, la apertura de los mercados y la integración de Bolivia en la economía mundial. Esas llamadas "guerras" forman parte del mismo conflicto que provocó los bloqueos campesinos de septiembre de 2000, las continuas protestas de los cultivadores de coca contra los intentos de erradicar sus cultivos por su papel en el tráfico de cocaína y la retirada este año de un proyecto fiscal progresivo.

Esencialmente, forman parte de un conflicto en curso entre democracia y populismo en el que el futuro de Bolivia se ve atrapado entre dos fuegos. Ninguno de los dos bandos confía en el otro, las guerras sociales han substituido los avances políticos sólidos. Mientras la violencia de las movilizaciones sociales y el nivel de descontento han aumentado, los intelectuales y políticos de Bolivia siguen en estado de choque, con miedo a contradecir a las masas. Por su parte, los populistas pueden enardecer a las masas, pero no ofrecen opciones substitutivas. Sienten nostalgia del pasado y temen la mundialización.

Cuando los dos bandos chocan, el país sufre las consecuencias: el resultado de la guerra del agua ha sido el de que los pobres siguen utilizando un agua sucia y cara, mientras que el resultado de la guerra del gas podría ser el de que nos veamos privados de nuevos ingresos de exportación. Bolivia necesita dirigentes gracias a los cuales el país supere las guerras sociales que provocan el estancamiento.

Para avanzar, ambos bandos deben ser realistas sobre el pasado de Bolivia. El nivel de pobreza -más visible con la urbanización del país- es enorme, pero peor era antes de que se iniciaran las medidas modernizadoras. De hecho, casi todos los indicadores señalan avances importantes logrados en los 21 años de historia de la democracia boliviana. La mortalidad infantil se ha reducido a la mitad, más ciudadanos que nunca gozan de oportunidades educativas y los servicios de electricidad, teléfono y saneamiento han aumentado y un mayor número de personas disfruta de ellos. Además, se han multiplicado los cauces que propician una mayor participación política y social.

Dichos avances son el resultado de reformas institucionales audaces y de una inversión estatal mayor y sostenida en programas sociales. Forman parte de la democracia moderna.

Sin embargo, ninguno de dichos avances ha ido acompañado de la intensificación del sentido de la responsabilidad de nuestros ciudadanos para con su nación. De hecho, mientras que los bolivianos exigen el derecho a disfrutar de los numerosos beneficios de la democracia, no se toman en serio obligación alguna de contribuir al bien público. Muchos evaden o rechazan el pago de impuestos, apelando en parte a la compasión para con los pobres.

Los dirigentes de los pobres prefieren romantizar el pasado. Así, aunque en los 50 últimos años se han reducido espectacularmente las desigualdades étnicas, la memoria histórica permanece vívida para las nuevas generaciones de aimaras y quechuas, ahora urbanos. Condenan con razón la degradación de sus antepasados, pero también idealizan su carácter rural y comunitario.

La situación actual no satisface sus esperanzas, en particular cuando la contrastan con una versión idealizada del pasado o las nuevas formas de consumo reflejadas en los medios de comunicación. De modo que las esperanzas se alejan de la realidad y los políticos contribuyen a ello al prometer más de lo que pueden dar... con lo que pierden la confianza de sus votantes.

El malestar se ha agudizado aún más después de que muchos dirigentes políticos bolivianos y sus partidarios, desalentados por la crisis regional del decenio de 1990, expresaron dudas sobre el proceso de modernización. Gracias a las reformas institucionales, los gobiernos no pudieron seguir utilizando los recursos públicos con la misma discrecionalidad que antes. A consecuencia de ello, los partidos políticos y las organizaciones sociales atacaron al unísono las reformas. Los presidentes Bánzer, Quiroga y Sánchez de Lozada vieron menguar su autoridad, mientras que los movimientos contra ellos adquirían cada vez mayor fuerza.

Después de la rebelión política y los saqueos del pasado mes de febrero, los obispos católicos de Bolivia hicieron esfuerzos reales y coherentes para crear un espacio armonioso para el diálogo, pero los grupos indígenas más radicales rechazaron la iniciativa y el grupo organizado de los cultivadores de coca aprovechó la situación para agitar los sentimientos nacionalistas.

No les resultó difícil hacerlo, dado el recuerdo por parte de Bolivia de sus pérdidas: la pérdida de su puerto de mar a manos de Chile en la guerra del Pacífico de 1879, de los cultivos de coca por el programa de erradicación de los Estados Unidos y la riqueza minera del país a manos de las empresas transnacionales. Los populistas han convertido eficazmente esos recuerdos en una fuerza política que ha rechazado las medidas propiciadoras de la mundialización y la sociedad abierta.

El conflicto continúa. En Bolivia, el movimiento populista y comunitario tiene cogidas las riendas, pero no hace otra cosa que poner trabas a los proyectos de reforma. Para que se resuelva el conflicto subyacente, los bolivianos deben convencerse de que la reforma es la vía idónea, la única, de hecho, que propicia el progreso y el desarrollo auténtico.

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