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La Madre Tierra para Evo Morales

LA PAZ – "La Madre Tierra no está en venta" dijo con vehemencia el representante boliviano ante la Conferencia de Doha, afirmando que "no hemos venido a hacer negocios con el cambio climático". Este esfuerzo por ejercer cierta superioridad moral sobre los demás países, sin embargo, pierde credibilidad cuando se lo confronta con las políticas que se aplican para preservar el medio ambiente en la misma Bolivia.

El discurso radical en defensa del medio ambiente, que rechaza los instrumentos de mercado para la conservación de bosques y áreas vulnerables, así como los compromisos graduales de reducción de emisiones, se basa en la idea de que la causa de la destrucción ambiental en el mundo es el capitalismo, y no el uso de tecnologías específicas o la debilidad de los mecanismos reguladores.

Junto a esta explicación se aludió además a una razón de apariencia esencial: no mercantilizar la Madre Tierra. Tal alusión simbólica es muy fuerte y tiende a colocar a los otros países en una situación incómoda, sobre todo cuando se recuerda que fue por gestión del Presidente boliviano que las Naciones Unidas cambiaron la nominación del Día de la Tierra a la de Madre Tierra.

El éxito simbólico que se puede alcanzar con este discurso es, sin embargo, efímero y de poca eficacia. Más aún cuando se observan las dificultades que tiene quien lo enarbola para traducirlo en políticas efectivas donde el medio ambiente está bajo su responsabilidad: la Amazonía boliviana.

El contraste es notable. En los últimos 15 meses, el gobierno de Morales enfrentó dos marchas de protesta  de los indígenas que defienden su derecho a ser consultados sobre la construcción de una carretera que dividirá su territorio que es, además, parque nacional protegido: el Isiboro-Sécure o TIPNIS según su acrónimo.

Ajeno al radicalismo ambientalista que mostró en Doha, el gobierno de Bolivia decidió iniciar la construcción de una carretera que unirá las ciudades de Cochabamba y Trinidad atravesando dicho parque, sin contar con un diseño de ingeniería ni estudios de impacto ambiental, y menos la aceptación de los indígenas, aunque sí mostró el respaldo financiero del gobierno del Brasil y sus empresas.

El parque Isiboro-Sécure fue creado en 1965 con el fin de proteger esa área ante la amenaza que representaba la carretera que se construía entonces para vincular la zona andina al trópico boliviano. En 1990 el parque fue reconocido también como territorio indígena, en respuesta a la demanda de los pueblos moxeño, yuracaré y tsiman, amenazados en su supervivencia como etnia. Para el 2011 estos grupos indígenas contaban ya con un título de propiedad colectiva sobre ese territorio, firmado por el Presidente Morales y en concordancia con las leyes vigentes.

Por eso, para ellos y para los ciudadanos preocupados por el cambio climático fue inconcebible que fuera el gobierno indígena que promovía el ambientalismo mas radical el que proyectara la amenazante carretera y la impulsara, como lo afirmó el propio Morales, "cueste lo que cueste".

Los grupos indígenas afectados por el proyecto no pudieron dialogar con las autoridades e iniciaron una marcha de 600 kilómetros con la que esperaban ser escuchados. La marcha demoró más de dos meses en llegar a La Paz, sufrió agresiones violentas de grupos afines al gobierno y de las fuerzas policiales, pero conquistó un amplio apoyo de la población urbana, obligando a Morales a decretar la intangibilidad del parque. Los indígenas no habían terminado de regresar  a sus comunidades cuando recibieron la noticia de que el mismo Presidente había iniciado una campaña para revertir su compromiso con ellos y construir la carretera. Realizaron entonces una segunda marcha, que no logró el impacto esperado, porque el gobierno optó por simular una consulta popular que le permitiera reiniciar la construcción, aunque ya sin el respaldo brasileño.

Con el problema no resuelto, y quebrada su alianza con los grupos indígenas de tierras bajas, con los ambientalistas y con los activistas de derechos humanos, el gobierno de Morales fue a la conferencia de Doha. Si algún eco tuvo su discurso no parece haber sido para luchar de forma más efectiva contra el cambio climático, sino más bien para fortalecer posiciones reivindicativas, como las del derecho al desarrollo y a la compensación por daños y pérdidas causadas por desastres climáticos, poniendo en riesgo incluso los limitados avances que se habían venido logrando en los últimos años.

Los discursos políticos y los acuerdos que se logran basados en ellos pueden ser importantes, pero serían más eficaces si tuvieran el respaldo de las prácticas. Lamentablemente, la acción eficaz no es uno de los principales atributos del gobierno de Morales.