The Rules Of The Game
La necesidad de un impulso real a la reforma sobre gobierno corporativo
Lucian Bebchuk
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CAMBRIDGE – Cuando se reunieron a principios de este mes, los ministros de finanzas del G-20 y los encargados de los bancos centrales llamaron a aplicar mejoras globales en las reglas de gobierno corporativo. A menudo se escuchan esos llamados, pero hay potentes intereses creados que dificultan el que los gobiernos puedan hacerlos realidad. Así, será necesaria una fuerte y persistente presión pública para que haya reformas serias.
Muchos países dan a los inversionistas de empresas que se cotizan en la bolsa niveles de protección que son claramente inadecuados. Incluso en países con sistemas bien desarrollados de gobierno corporativo, existen disposiciones excesivamente permisivas para quienes forman parte de corporaciones y cuentan con información privilegiada, los llamados “ corporate insiders ”. Por ejemplo, en los Estados Unidos disfrutan de protección frente a la compra por parte de otras compañías que, de acuerdo a una cantidad sustancial de evidencia empírica, en realidad reducen el valor de la compañía misma. .
Las reglas de gobierno corporativo poco estrictas por lo general no son el resultado de la falta de conocimiento por parte de las autoridades públicas. A menudo hay impedimentos políticos que permiten su existencia incluso después de reconocida su ineficiencia.
Por lo general, la mayoría de los ciudadanos no da seguimiento a este tipo de temas. Como resultado, los políticos esperan que sus decisiones sobre protección a los inversionistas tengan pocos efectos directos sobre la decisión de voto del electorado. Por el contrario, los grupos de interés que tienen mucho que ganar o perder con estas reglas siguen los temas de gobierno corporativo estrechamente e intentan influir sobre los políticos para obtener normativas favorables.
En tiempos normales, se puede esperar que el grupo que tenga la mayor influencia sea el formado por ejecutivos con información privilegiada que forman parte de compañías que se cotizan en la Bolsa. Se trata de un grupo de influencia particularmente poderoso, debido a su capacidad de utilizar algunos de los recursos de las compañías que controlan. Tienen el poder de dirigir las contribuciones de campaña de sus empresas, ofrecer cargos o negocios a parientes o socios de los políticos (o a éstos, tras su jubilación), y utilizar sus organizaciones para apoyar temas y causas que los políticos buscan promover.
Puesto que quienes cuentan con información privilegiada cosechan todos los beneficios que genera el ejercer influencia para que las reglas de gobierno corporativo no sean demasiado estrictas, al tiempo que sus compañías cargan con la mayoría de los costos de estas actividades de presión, tienen una ventaja en la competencia por influir sobre los políticos. Sus actividades de presión, que se llevan a cabo a expensas de sus compañías, son subsidiadas por los accionistas.
Si bien no cabe esperar que los inversionistas individuales inviertan en actividades de presión para lograr una mayor protección al inversionista, se podría esperar que los inversionistas institucionales (es decir, fondos mutuos, bancos, compañías de seguros y otros) lo hagan. Los inversionistas institucionales reciben fondos de particulares y los invierten en compañías que cotizan en la bolsa. Puesto que invierten cantidades sustanciales en ellas, deberían estar bien informados acerca de los asuntos de gobierno corporativo.
Sin embargo, por lo general los inversionistas institucionales no representan un contrapeso suficiente para las actividades de presión por parte de los ejecutivos con información privilegiada. A diferencia de éstos, no pueden cargar los costes de las actividades de presión a las compañías que cotizan en la Bolsa cuya protección está en juego. Además, dependiendo de su relación con sus propios inversionistas, algunos inversionistas institucionales (por ejemplo, gerentes de fondos mutuos) pueden aprovechar sólo una pequeña fracción del aumento de valor de sus carteras como resultado de las reformas al gobierno corporativo. Esto reduce su disposición a invertir en contrarrestar la presión de los ejecutivos con información privilegiada.
Aún, quienes toman decisiones para los inversionistas institucionales a menudo tienen intereses que desalientan el hacer presión para que haya mayores limitaciones a los ejecutivos con información privilegiada. Algunos inversionistas institucionales son parte de firmas que cotizan en la bolsa, por lo que están bajo el control de ejecutivos con información privilegiada cuyos intereses pueden verse afectados por las nuevas disposiciones. E incluso los inversionistas institucionales que no tienen relación con empresas que cotizan en la Bolsa pueden tener intereses en hacer negocios con éstas, lo que puede volverlos reticentes a impulsar reformas a las que se opongan quienes cuentan con información privilegiada en las corporaciones.
De este modo, normalmente la política de los grupos de intereses genera obstáculos sustanciales a las reformas del gobierno corporativo. Sin embargo, algunos acontecimientos (como una ola de escándalos corporativos o una crisis del mercado de valores) pueden interrumpir las actividades ordinarias a favor de los ejecutivos con información privilegiada en el mapa de la política de los grupos de interés y hacer que los ciudadanos comunes y corrientes presten más atención a las insuficiencias de las normativas del gobierno corporativo.
Cuando los ciudadanos se sienten tan directamente afectados por que el hecho de que los políticos no mejoran la protección a los inversionistas que pueden llegar a cambiar su voto en las elecciones, la exigencia pública de una reforma al gobierno corporativo puede superar el poder de los intereses creados. De hecho, la mayoría de este tipo de reformas ocurre en esas circunstancias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tras el crash de la Bolsa de 1929 se aprobaron nuevas leyes sobre valores, y la ley Sarbanes-Oxley se adoptó en 2002, inmediatamente después del colapso de la burbuja de Internet y los escándalos de Enron y WorldCom.
Al crear una gran demanda pública por la implementación de reformas, la actual crisis ofrece otra oportunidad de mejorar las normativas de gobierno corporativo. No deberíamos dejar pasar esta oportunidad.
Lucian Bebchuk es Profesor de Leyes, Economía y Finanzas, y Director del Programa de Gobierno Corporativo de la Escuela de Derecho de Harvard. Este artículo se basa en una teoría desarrollada en su reciente estudio “Investor Protection and Interest Group Politics” (La protección a los inversionistas y la política de los grupos de intereses) escrito en conjunto con Zvika Neeman.
Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
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