Friday, November 21, 2014
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A China le llegó la hora de la bancarrota

BEIJING – Los empresarios de China siempre han necesitado resistencia, pero ahora deben acostumbrarse al espectro de la quiebra. Ya que China hoy tiene un código de quiebras exigente, y las cortes del país están empezando a aplicarlo con rigor.

La legislación sobre quiebra en China empezó inmediatamente después de que Deng Xiaoping lanzara sus reformas pro-mercado hace tres décadas. La Ley de Quiebras Empresariales (Implementación Experimental), la primera de su tipo, se sancionó en 1986. Su ejecución, sin embargo, se vio entorpecida por su estrecho margen de aplicación, la falta de leyes correspondientes para regular la reestructuración corporativa, la excesiva intervención gubernamental, una incompatibilidad con el procedimiento de quiebras basado en las reglamentaciones en vigencia en aquel momento, errores técnicos y una incapacidad general para hacer que el código resultara operativo.

De modo que, en 2006, se sancionó una versión revisada de la ley, lo que marcó un hito importante en los esfuerzos de China por construir un sistema legal efectivo al tiempo que avanza hacia una economía de mercado. Comparado con el código de quiebras original, el de 2006 está firmemente arraigado en las necesidades de una economía de mercado.

En primer lugar, apunta a asegurar que se cumpla con las obligaciones de manera ecuánime y regular cuando un deudor se vuelve financieramente insolvente. En consecuencia, busca proteger los derechos legales tanto de los acreedores como de los deudores.

La legislación también impuso una fecha límite para abolir la "quiebra basada en reglamentaciones" -la práctica adoptada por el Consejo de Estado para liquidar empresas estatales deficitarias (SOE por su sigla en inglés) y reubicar a los empleados despedidos-. A diferencia de la Ley de Quiebras, el procedimiento administrativo tiene una jerarquía diferente de las prioridades de liquidación: lo que una SOE en quiebra le debe a sus empleados y los cargos por reubicación de los mismos deben ser cubiertos principalmente por sus activos totales, entre ellos los activos de la empresa ofrecidos como garantía, a fin de no depender tanto de los presupuestos de los gobiernos locales.

Sin embargo, este proceso deja desprotegidos los derechos de los acreedores, lo que motivó una crítica generalizada. La nueva Ley de Quiebras Empresariales redefine su margen de aplicación para impedir una superposición con otras leyes como la Ley de Seguridad Social y la Ley Laboral. De hecho, hoy principalmente el gobierno debe ocuparse de la reubicación de los empleados despedidos de las SOE, y de otras implicancias sociales de los despidos, a través de la red de seguridad social, y no como parte del proceso de quiebra.

El nuevo código también introduce el concepto de "receptoría administrativa", por el cual abogados, contadores certificados y otros intermediarios actúan como administradores de las empresas que van a la quiebra. El procedimiento elimina el Equipo de Liquidación, un régimen de larga data al que muchos acusaban de injusto, agresivo en la intervención administrativa, poco profesional y carente de responsabilidad.

Para que esta parte de la ley avanzara, la Corte Suprema del Pueblo decretó interpretaciones judiciales que establecen a quién se puede designar como receptor de una compañía y la cantidad y tipo de compensación que se le puede pagar. Hasta ahora, se han incluido unas 2.520 agencias y 388 individuos en la lista de receptores.

Sin embargo, los problemas persisten. Por ejemplo, los receptores cobran injustificadamente poco en casos de activos limitados; es más, el nombramiento aleatorio e indiscriminado de receptores a veces hace que algunos casos tengan asignada una cantidad excesiva de gente y otros, un número insuficiente. En consecuencia, el trabajo del receptor, si bien conlleva responsabilidades legales estrictas, es sumamente riesgoso en términos de retribución. Si no se encuentra una solución viable, ninguna agencia o individuo querrá actuar como el receptor de casos de quiebra de poca monta.

Otra innovación importante es la adopción de procedimientos de reestructuración basados en las experiencias de otros países. La posibilidad de reestructuración equilibra los intereses de los accionistas y utiliza protecciones legales para ayudar a que empresas potencialmente riesgosas prevengan o eviten la quiebra si amerita un rescate o éste resulta posible.

No obstante, deberían establecerse normas más estrictas y más razonables para la aprobación por parte de las cortes de los planes de reestructuración. Por ejemplo, si la mayoría necesaria de accionistas adopta un plan de este tipo, la corte debería proteger los derechos de la minoría de acreedores que se han manifestado en contra. Y si se define que la tasa de liquidación para los reclamos comunes de los acreedores no debe ser inferior a la tasa al momento en que se presentó el borrador del plan de reestructuración para su aprobación, se debe considerar una compensación en el caso de que el pago se demore.

Es más, la Ley de Quiebras, la Ley de Empresas y la Ley de Títulos-Valores deberían estar bien coordinadas y reforzarse mutuamente. ¿Cómo se puede reestructurar una empresa, digamos, encontrar la manera de emitir valores para financiamiento si ésta no puede cumplir con estándares convencionales como rentabilidad y valor de activos netos, tal como lo requiere la Ley de Empresas y la Ley de Títulos-Valores? La ley debe contener estipulaciones específicas con respecto a estas cuestiones de manera de asegurar un registro en bolsa exitoso de las empresas en reestructuración.

Para impedir el fraude, un problema grave en el pasado, la nueva ley estableció un "derecho de rescisión", por el cual el receptor puede solicitarle a las cortes que rescindan cualquier acción por parte de un deudor que implique fraude, evasión o liquidación injusta en el período prescripto antes de que se acepte un pedido de quiebra y se recuperen los activos. El sistema hoy es la clave para una liquidación ecuánime. Es más, la Ley Penal de la República Popular de China actualmente incluye el fraude de bancarrota.

La exitosa implementación de la Ley de Quiebras revisada de China depende de su efectivo cumplimiento y de que se abandonen la mentalidad y las prácticas vinculadas con la versión anterior, especialmente en lo que concierne a una quiebra basada en las reglamentaciones. A pesar de las dificultades que todavía persisten, la legislación de quiebras de China está cada vez más adaptada a la economía de mercado; la tendencia es irreversible.

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