CHICAGO – La peor pesadilla financiera que acecha a la economía mundial es la insolvencia de un banco internacional grande. Ya sea por el impago de una deuda soberana o por pérdidas importantes acumuladas bajo normas de contabilidad permisivas, la insolvencia de un banco grande (particularmente de un banco europeo), no es una posibilidad remota. Incluso si lo fuera, la crisis financiera de 2008 nos ha enseñado que los acontecimientos poco usuales suceden.

Lo que hace que esta posibilidad sea una pesadilla financiera peor que el colapso de Lehman Brothers en 2008 es el temor de que muchos Estados soberanos ya quemaron toda su pólvora y por lo tanto ya no podrían intervenir. Los instrumentos de cobertura de riesgos crediticios (CDS por su siglas en inglés) de los principales bancos europeos del Sur se negocian a un valor ligeramente inferior que los CDS de sus Estados soberanos, lo que indica que el mercado no percibe que éstos sean capaces de apoyar a aquéllos.

Lamentablemente, casi dos años después del colapso de Lehman's, no se ha hecho mucho para abordar este riesgo. El Congreso de los Estados Unidos está por terminar un proyecto de ley que dará autoridad resolutiva sobre las principales instituciones financieras del país a un consejo sistémico creado recientemente. No obstante, los procedimientos para activar esa intervención son complejos y el financiamiento es tan opaco que la ley no eliminará los daños secundarios derivados de la quiebra de un banco grande ni siquiera para las instituciones estadounidenses, ya no se diga las internacionales, cuyo colapso requeriría la coordinación de varios estados con grados distintos de solvencia.

Para reducir al mínimo los riesgos de un colapso desordenado, es necesario aprobar un mecanismo resolutivo internacional que tenga autoridad sobre todas las grandes instituciones financieras. El objetivo no sería rescatar a los banqueros y sus acreedores, sino minimizar los trastornos que podrían provocar los impagos descontrolados.

Esta institución debe ser una versión internacional del Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Pero, mientras que el objetivo del Capítulo 11 es preservar el valor corriente de una empresa, el de un mecanismo de resoluciones internacionales debe ser proteger el valor corriente de las contrapartes de las instituciones financieras insolventes.

El primer problema que debe solucionarse para aprobar este mecanismo es quién debe detentar la autoridad. La respuesta evidente es el Fondo Monetario Internacional.

Creado después de la Segunda Guerra Mundial para financiar los desequilibrios temporales de los miembros de un sistema de tipo de cambio fijo, el FMI ha estado en busca de una causa desde la desaparición del sistema de tipo de cambio basado en el dólar en 1971. Lo que es más importante, mediante sus numerosos rescates de Estados soberanos, el FMI ha adquirido experiencia en reestructuración de deuda, y al mismo tiempo ha creado una reputación de firmeza e imparcialidad que sería muy útil en estas situaciones.

El FMI también tiene la ventaja de ser el único depositario de las reservas internacionales. En ausencia de una autoridad fiscal internacional, el FMI es la organización que más se acerca a serlo.

Cuando una institución financiera importante es insolvente, el FMI debería hacerse cargo y garantizar sus obligaciones a corto plazo, pero eliminando a los accionistas y pagando a los acreedores a largo plazo únicamente después de haber pagado a todos los demás acreedores (incluido el FMI mismo). Algunos clamarán que eso es equivalente a una nacionalización, pero no lo es más que el proceso de bancarrota del Capítulo 11 de los Estados Unidos.

El que una organización internacional se haga cargo tiene tres ventajas en comparación con una solución nacional. En primer lugar, garantiza que la comunidad internacional comparta el costo (si las pérdidas son superiores al valor combinado del capital y la deuda a largo plazo) y no que sea únicamente el país donde se encuentra esa institución quien lo pague, lo que hace que la intervención sea creíble incluso si el Estado soberano no lo es.

En segundo lugar, al quitarle los poderes de decisión al gobierno nacional del país sonde se encuentra la institución insolvente, esta solución minimiza las distorsiones potenciales creadas por el poder de presión de los banqueros. ¿Confiaríamos en que el gobierno griego administrara sin corrupción un banco griego si se hiciera cargo de él? El FMI sería mejor.

Por último, gracias a la participación del FMI, incluso los países menos avanzados podrían aprovechar los mejores conocimientos internacionales para abordar el problema. En caso de que hubiera un derrame de petróleo importante en Haití que amenazara el Golfo de México, ¿no desearíamos utilizar la mejor tecnología (y no únicamente la que estuviera disponible en Haití) para tratar de contenerlo? ¿Por qué ha de ser distinto en el caso de los mercados financieros?

El último problema por resolver es el nivel de activación. En el caso de la autoridad resolutiva estadounidense, esta ha sido una cuestión muy controvertida. El temor era que los bancos poderosos pudieran explotar la ayuda del gobierno federal, pidiendo su intervención demasiado pronto.

Dos salvaguardas pueden evitar este problema en el contexto internacional. En primer lugar, las normas rígidas que eliminan a los accionistas y castigan a los acreedores de largo plazo son un claro elemento disuasivo desde el punto de vista de los banqueros. En segundo lugar, puesto que la acción del FMI reduciría la influencia de los grupos nacionales poderosos, una intervención temprana les sería menos atractiva. El nivel de activación debería estar dado por el gobierno nacional mismo. Rechazar la ayuda internacional en esos casos significaría el suicidio electoral para cualquier gobierno que se enfrentara a un gran colapso bancario.

Hay pocas esferas en las que la intervención del gobierno cree valor; reducir los efectos devastadores de una corrida contra un banco es una de ellas. Únicamente un gobierno que tenga el poder suficiente en términos de autoridad y solvencia es capaz de hacerlo. Desgraciadamente, en la arena internacional estas dos condiciones casi nunca se cumplen. Dar al FMI el poder para hacerse cargo de los bancos internacionales fallidos llenaría ese vacío – y eliminaría nuestra peor pesadilla.