Monday, September 1, 2014
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La Argentina ante la Ley

MADRID – La decisión de la Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirschner, de renacionalizar la empresa petrolera YPF ha provocado un maremoto de declaraciones de políticos, amenazas de los autores más insospechados, comentarios acalorados de periodistas de todo el mundo e indignación pública en la Argentina, España y muchos otros países, pero lo más probable es que Fernández haga caso omiso de las quejas; sus partidarios peronistas en su país han acogido muy bien la renacionalización.

De modo que ahora la Argentina tiene que afrontar el derecho internacional. Además de Repsol, la empresa petrolera española que poseía una participación mayoritaria en YPF, España y la Unión Europea (que, conforme al Tratado de Lisboa, adquirió competencia respecto de las inversiones comunitarias en terceros países) lucharán contra la expropiación con todos los medios legales a su alcance.

También la Argentina saldrá perdiendo económicamente a consecuencia de esa medida. En vista del desprecio de Kirchner al mayor inversor extranjero en su país, a la renacionalizada YPF le va a resultar difícil encontrar un nuevo socio en los mercados internacionales. De hecho, en vista de esa acción arbitraria de Kirchner, es probable que las empresas chinas que estaban negociando con Repsol para participar en YPF se lo piensen mejor.

Al final, habrá que encontrar una solución que sea aceptable para todos. En consecuencia, serenar los ánimos es la máxima prioridad y no hay forma mejor de hacerlo que la de recurrir al cauce jurídico. El anuncio de Repsol de que interpondrá una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un buen comienzo.

Pero la intención de Repsol de recurrir al arbitraje plantea diversos interrogantes al público en general, poco familiarizado con los caminos del derecho internacional (que a veces resultan inescrutables incluso para los expertos). ¿Qué significa acudir al CIADI? ¿Qué eficacia tienen sus pronunciamientos contra un Estado?

El CIADI, dependiente del Banco Mundial, fue creado en 1965 mediante el Convenio sobre Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, como respuesta a la proliferación de situaciones en las que se solicitaba la intervención del Presidente de la Institución como árbitro ad hoc en controversias de inversión. Su mayor virtud es la de ofrecer dos medios de solución de controversias, la conciliación y el arbitraje, en un proceso que iguala a ambas partes y equipara al Estado con el inversor.

Históricamente, los laudos arbitrales emitidos por el CIADI han gozado de un altísimo grado de cumplimiento. Indudablemente, además de las vías formales sobre el CIADI,  venía planeando la imponente sombra del Banco Mundial y su carácter de ineludible vía de acceso al mercado internacional de capitales para los países en vías de desarrollo, pero la presencia hoy de una pléyade de actores con capacidad para constituirse en alternativa al Banco Mundial difumina su influencia, al menos en algunos casos.

En los quince últimos años, desde que en 1996 se registró el primer caso contra un Estado latinoamericano (Costa Rica), se ha producido una auténtica explosión en el número de arbitrajes de inversión sometidos al CIADI en esa región, principalmente por inversores extranjeros, con casi la mitad de los casos vistos.

La Argentina es con mucha diferencia la causa principal del aumento de casos en esa región, pues acumula el 25 por ciento, aproximadamente, del total de casos y el 50 por ciento de los originados en esa región. De hecho, desde 1996 Chile sólo ha sido parte en tres casos y el Perú en menos de diez.

Naturalmente, sería deseable que la controversia entre Repsol y el Estado argentino quedara resuelta por negociación, pero, si los antecedentes tienen algún significado –y lo tienen– no cabe hoy albergar grandes esperanzas de que este caso se resuelva por acuerdo entre las partes. Finalmente, es también de señalar que la Argentina se distingue entre un elenco de países renuentes al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el laudo.

La inclinación de los dirigentes argentinos al comportamiento demagógico y populista es una razón que explica su carácter excepcional a ese respecto. Así, pues, debe denunciarse dicho comportamiento no sólo por parte de otros dirigentes, sino también ante las instancias jurisdiccionales. Sólo el cumplimiento riguroso de la ley puede disuadir la tentación populista de buscar atajos para resolver los problemas.

Las inversiones y el crédito son dos caras de la misma moneda y sólo fluyen allí donde se les ofrece un marco de seguridad libre de la arbitrariedad de los gobernantes. Como la autarquía no es una opción –ni siquiera en Corea del Norte– el daño resultante de actuaciones caudillistas, con la renacionalización del YPF, es inconmensurablemente mayor para el Estado que las adopta. No es casualidad que los países más prósperos del mundo sean los que cuentan con instituciones más fuertes, actuaciones más previsibles, y en los que los gobernantes se someten al imperio de la Ley.

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  1. Commentedsantiago Das Narrenschiff

    Sra. Palacio, su artículo está bien sin comentarios, no se los merece. Parece que se lo escribió algún empleado de Repsol, usted siempre fiel a su estilo repitiendo mentiras como en el atentado de Atocha. En el primer párrafo leemos "a virtual tsunami of political diatribes" , pero en su escrito no se encuentra un solo argumento, usted se limita a descalificar a la excelentísima sra. Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y el pueblo argentino que la votó (54,4%).
    Intenta argumentar o quizás ud lo cree, que el ir a arbitraje es algo malo, ¿sugiere una intervención como en la isla perejil, o Irak?
    Muy poco aporta usted con su historial

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