BRUSELAS – La zona del euro afronta una crisis fundamental a cuya resolución no contribuirán precisamente los ataques a los especuladores. El Consejo de Ministros europeo tuvo que prometer centenares de miles de millones de euros para sus países miembros financieramente en peligro, pese a que la economía europea en conjunto no esta en crisis en realidad, Al contrario, la mayoría de las encuestas y los indicadores económicos más fiables señala una fuerte subida y el único país que tiene problemas en verdad muy graves, Grecia, representa sólo el 3 por ciento del PIB de dicha zona.

No obstante, la crisis representa una amenaza casi existencial para la Unión Europea –y ha requerido sumas tan enormes– porque afecta directamente al principio fundamental y subyacente de la gobernación europea: la naturaleza del Estado. El caso de Grecia ha planteado una pregunta simple, pero profunda: ¿se puede permitir que quiebre un Estado miembro de la UE?

Una opinión es la de que el Estado es sacrosanto: la UE debe intervenir y ayudar a cualquier miembro extraviado para que vuelva a estar en condiciones, pero esa opinión da por sentado que todos los Estados miembros comparten los valores económicos subyacentes de la prudencia fiscal y la reforma del mercado. Sólo podrían surgir problemas por sacudidas no previstas, dificultades políticas locales temporales y –se trata del culpable preferido– mercados irracionales.

Aplicada a Grecia, esa opinión da a entender que la crisis fiscal del país fue consecuencia de una reacción exagerada de los mercados financieros mundiales ante las dificultades políticas locales (gasto excesivo del Gobierno griego antes de las elecciones del año pasado). Además, da a entender que la crisis está plenamente bajo control europeo y que las autoridades europeas han preparado un plan completo que resolverá todos los problemas fiscales y estructurales de Grecia. A eso se debe la cantinela –llamémosla “sureña”– oficial: “El plan de la UE y del FMI dará resultado. La quiebra no es una opción”.

La opinión contraria es más pragmática y basada en las normas. Esa opinión “norteña” parte de la premisa de que los Estados miembros siguen siendo unidades soberanas y de que es posible que un país miembro no aplique un programa de ajuste económico necesario. Encarna esa opinión la cláusula que excluye “el rescate” en el documento fundacional del euro, según el cual cada uno de los países es responsable de su deuda pública. Así, pues, la quiebra pasa a ser una opción, si el país de que se trate viola las normas básicas de la moneda única.

Los mercados financieros no participan directamente en ese debate, pero puede afectarles mucho. Cualquier titular de deuda griega, en particular de deuda a largo plazo, debe calcular la probabilidad de que el sistema político griego demuestre ser lo suficientemente fuerte para sacar adelante las reformas necesarias a fin de que el país salde su deuda enteramente (y a tiempo).

El juicio colectivo de los mercados financieros sobre cualquier política económica y fiscal del gobierno se expresa en la prima de riesgo que éste debe pagar por su deuda externa. Las dudas de los mercados financieros propician primas de riesgo más elevadas, lo que hace que resulte aún más difícil financiar a un gobierno que ya está teniendo problemas financieros. Los mercados financieros se equivocan con frecuencia en sus juicios, pero son una realidad de la vida que no se puede suprimir con simples deseos o reglamentaciones.

Se podría objetar que actualmente la distinción entre opiniones sureñas y norteñas es académica, porque la quiebra no es en verdad una opción, en vista de que desencadenaría una reacción desastrosa en los mercados financieros mundiales, pero el Consejo Europeo también creó, por iniciativa del Presidente Herman Van Rompuy, un grupo de trabajo para que preparara propuestas concretas encaminadas a reformar la unión monetaria.

La alternativa fundamental ante la que se encuentra dicho grupo es sencilla: ¿debe dedicarse exclusivamente a prevenir la quiebra (incluido el apoyo fiscal sin límites) o debe prepararse también para la quiebra de un Estado miembro a fin de mitigar las consecuencias, en caso de que así fuera?

La primera opción ha de entrañar medidas detalladas encaminadas a aportar “más de lo mismo”: un fortalecimiento del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, por ejemplo, con más disposiciones relativas a la vigilancia en materia de políticas económicas y la cooperación al respecto, pero ese planteamiento no brinda una respuesta a la pregunta fundamental: ¿y si ese marco no da resultado? Mientras los dirigentes de la UE no puedan responder a esa pregunta, los mercados financieros seguirán abrigando dudas sobre la estabilidad del euro a largo plazo.

No se podrá estabilizar la zona del euro desde el punto de vista económico y político sin un marco sólido para la resolución de crisis y la capacidad para abordar la suspensión de pagos de la deuda soberana por un Estado miembro. La opinión de que los Estados miembros no pueden quebrar entraña, lógicamente, que una unión política o al menos una unión fiscal debe apuntalar el euro.

Ésa es la alternativa que los dirigentes europeos afrontan ahora: un paso radical hacia la integración política o de las políticas o un marco claro para abordar las consecuencias de la incapacidad de un Estado miembro para cumplir las normas fundamentales de la unión monetaria. No hay suma de dinero que permita a los dirigentes europeos eludir esa cuestión.