BARCELONA – La crisis financiera global actual ha puesto en evidencia las enormes presiones a que está sometida la política de competencia en ambos lados del Atlántico. En particular, la política de competencia ha sufrido un revés principalmente debido a las medidas distorsionadoras de ayuda a los intermediarios financieros, así como a la suspensión de las reglas sobre fusiones para rescatar instituciones. En efecto, la provisión pública de capital y otros subsidios han hecho que las condiciones sean desiguales, de modo que las instituciones débiles terminan por estar mucho mejor capitalizadas que las sanas.

Esto es crucial en un sector como la banca, donde las percepciones sobre la salud de una institución son fundamentales para su capacidad de competir. Por ejemplo, Lloyds TSB adquirió el HBOS, el mayor prestamista hipotecario del Reino Unido, que estaba en problemas, mediante una fusión a la que se opuso la Oficina de Comercio Leal de ese país, mientras que en 2001 se le había impedido adquirir el banco Abbey National. En los Estados Unidos, el sector de la banca de inversiones se ha consolidado mediante las adquisiciones de Bear Sterns por JP Morgan y de Merrill Lynch por el Bank of America. El resultado es una competencia muy débil entre los actores que quedan.

La política de competencia estaba preparada para encarar crisis individuales, pero la crisis sistémica casi la ha destruido. No únicamente en la banca, sino también en otros sectores –principalmente el de los fabricantes de automóviles—los enormes subsidios mantienen a las viejas empresas ineficientes, lo que limita el crecimiento de las eficientes o, peor aún, impide la entrada al mercado de nuevas compañías. En la Unión Europea, los gobiernos nacionales maniobran en una carrera de subsidios para pasar a sus vecinos los costos del ajuste de capacidad en la industria automotriz, como lo demuestra el caso de Opel.

Pero la consolidación para reducir el exceso de capacidad percibido en los sectores bancario y automotriz podría crear estructuras de mercado anticompetitivas de largo plazo. Mientras esas estructuras logren mantener fuera a las empresas nuevas, la disciplina del mercado quedará sofocada y los consumidores sufrirán.

Es precisamente el tamaño y el poder de las grandes compañías financieras, automotrices y de otras ramas lo que ha condicionado el alcance de la regulación y la intervención pública. En efecto, se reconoce que la influencia de los esfuerzos de cabildeo de la industria de la banca de inversiones estadounidense sobre la relajación de las normas cautelares de la regulación financiera es un factor que ha conducido a la crisis actual. Muchos argumentarían también que la industria ha tenido un impacto sustancial en las medidas para resolver la propia crisis.

La influencia de los “tres grandes” fabricantes de automóviles en los Estados Unidos también es evidente, a pesar de su relativamente débil historial en términos de eficiencia y de proporcionar valor a los consumidores. En efecto, es notable que, dado que General Motors aparentemente no responde a las demandas de los consumidores, ahora hay un debate sobre si se le debe obligar a producir automóviles con un uso más eficiente de combustible.

Si las grandes empresas pueden modificar las condiciones a su favor mediante su influencia en el proceso político y en la regulación –y mantener así fuera de sus industrias a las empresas nuevas y transferir los costos a la sociedad—lo que sigue es una perspectiva totalmente nueva sobre la política de competencia. O tal vez, después de todo no sea tan nueva.

La política antimonopolios comenzó en Estados Unidos a finales del siglo XIX con una desconfianza profunda hacia las empresas grandes, debido a la concentración del poder que supone un gran tamaño. Esta visión un tanto populista dio paso posteriormente a una visión antimonopólica que se centraba en la eficiencia. Lo que buscaba abordar era el poder de mercado en un sector en particular, no el tamaño per se , porque el poder de mercado conduce a precios más elevados y potencialmente reduce la variedad y la innovación. En Europa también prevaleció el "punto de vista de la eficiencia" de la política de competencia.

Pero la crisis actual puede plantear la pregunta de si la visión populista antimonopólica –limitar el tamaño de las empresas por la excesiva influencia que podrían ejercer—tiene algún fundamento. La cuestión no es únicamente que las empresas que se vuelvan sistémicamente vitales puedan chantajear a la sociedad, sino también que las empresas demasiado grandes puedan modificar las condiciones para promover sus intereses a expensas de la sociedad. El dicho de que lo que es bueno para GM es bueno para los Estados Unidos, si alguna vez fue válido, no parece sostenible actualmente.

No obstante, una cosa es reconocer el problema y otra imaginar medidas para abordarlo. Con una regulación adecuada se puede hacer que las empresas internalicen los costos que imponen a la sociedad (por ejemplo, requisitos de capital con una carga sistémica para las instituciones financieras), pero no es tan obvio qué hacer con la influencia “excesiva” que viene de la mano del tamaño.

Limitar el tamaño de las empresas para frenar la concentración del poder es un instrumento muy burdo, que resalta el fracaso de otros controles del proceso democrático dirigidos a garantizar que los grupos de interés poderosos no acaben imponiendo regulaciones que no sean acordes con el bienestar social. Pero si no se establecen mecanismos de equilibrio, el concepto antimonopólico del siglo XIX podría volver a estar de moda más temprano que tarde.