Un reciente estudio de la OCDE nos recuerda, una vez más, que los niveles de renta por habitante en la zona del euro, además de en los tres mayores países de la Europa continental –Alemania. Francia e Italia— que más influyen en sus resultados, son un 30 por ciento, aproximadamente, inferiores a los de los Estados Unidos. Es probable que ese desfase aumente con el empeoramiento de las perspectivas demográficas de Europa y en caso de que la productividad siga aumentando más despacio que en las demás economías industriales.

¿Por qué no han alcanzado las grandes economías europeas los niveles de renta de los Estados Unidos? Gran parte del déficit se debe a una menor utilización de mano de obra: las tasas de empleo correspondientes a las mujeres y a los grupos de edad más jóvenes y más viejos son inferiores en la zona del euro a las de los Estados Unidos, el número de horas de trabajo es muy inferior y las tasas de desempleo son superiores, si bien esto último es menos importante.

Algunos se consuelan considerando positivo que los europeos prefieran el ocio al trabajo, pero los bajos niveles de utilización de la mano de obra se deben en gran medida a unos impuestos de la renta y unas contribuciones a la seguridad social más gravosos, además de unos niveles elevados de prestaciones sociales correspondientes a una época en que la mano de obra aumentaba rápidamente y la necesidad de substituir el desempleo voluntario por el involuntario parecía más urgente que en la actualidad. Habrá que revisar esas medidas para aumentar la oferta de mano de obra y para que las finanzas públicas resulten más sostenibles.

Ese proceso está ya en marcha, en particular en Italia y Francia, mediante reducciones en las contribuciones a la seguridad social correspondientes a los trabajadores con sueldos más bajos, condiciones más estrictas para la obtención de prestaciones por desempleo y bonificaciones fiscales para "los pobres que trabajan". Desde mediados del decenio de 1990, se ha invertido ligeramente la relativa reducción del empleo en esos países.

Pero hay otros factores, además de los impuestos y las prestaciones sociales, que contribuyen a unas bajas tasas de empleo en las tres mayores economías de la zona del euro: los altos salarios mínimos y algunas características de la legislación relativa a la protección del empleo reducen el flujo de trabajadores por el mercado laboral. Aunque se está empezando a abordar un largo programa de reformas, primero en Alemania y, más reciente y cautamente, en Francia, los resultados tardan en llegar y la comprensión pública de la necesidad de cambio sigue siendo limitada.

De la experiencia de cada uno de los países y de la de los Estados miembros más pequeños de la UE se pueden extraer enseñanzas, pero las reformas del mercado laboral tienen inevitablemente un marcado carácter nacional. Desde 1997 se han formulado objetivos en materia de empleo para todos los Estados miembros de la UE en la llamada Estrategia Europea de Empleo (EEE), que ahora forma parte del "programa de Lisboa", el conjunto de objetivos establecidos para incrementar la productividad de la UE, pero, como los instrumentos normativos encaminados a la consecución de dichos objetivos son en gran medida nacionales y los argumentos para aplicarlos simultáneamente en varios Estados miembros poco sólidos, la EEE ha infundido esperanzas públicas irrealistas y sólo ha desencadenado la adopción de medidas limitadas por parte de los gobiernos.

Además, el desfase en materia de empleo con los EE.UU. no es el único problema de Europa. A partir de mediados del decenio de 1990, la tasa de crecimiento de la producción por hora trabajada, factor decisivo para el aumento de la renta por habitante, se redujo en la mayoría de los países europeos, mientras que aumentó en los EE.UU, con lo que se invirtió una tendencia que había durado decenios. Entre 2000 y 2004, la productividad por hora trabajada aumentó en los EE.UU. a un ritmo que fue superior al doble del de las grandes economías de la zona del euro: un 2,8 por ciento al año frente a poco más del 1 por ciento.

Así, pues, ¿por qué no han podido los europeos mantener las mejoras en las dos bases del crecimiento –el empleo y la productividad– al mismo tiempo? Resultó posible no sólo en los EE.UU., sino también en otras economías avanzadas de fuera de Europa –Australia, Canadá y Nueva Zelanda– y, como era de esperar, en los nuevos Estados miembros de la UE.

La explicación no estriba en los gastos de inversión, que normalmente están vinculados con el aumento de la productividad. No ha habido diferencias importantes al respecto entre los EE.UU. y las grandes economías de la zona del euro, por lo que la "explicación" ha de estribar en lo que lo economistas llaman "productividad total de los factores" (PTF), combinación de varios elementos importantes, incluida la actividad innovadora, un sistema financiero eficiente y dispuesto a correr riesgos y la flexibilidad organizativa que facilita la difusión rápida de las nuevas tecnologías.

El principal fallo en materia de crecimiento de la PTF en Europa en el pasado decenio se ha dado en los servicios (excluidas las tecnologías de la comunicación y la información), por lo que la desreglamentación y la integración de los servicios serán esenciales para que la PTF de la zona del euro mejore, pues en la mayoría de las economías de la UE las dos terceras partes de la renta total proceden de ese sector.

Mientras que los mercados de productos han ocupado el centro del escenario en la creación del Mercado Único europeo, los servicios siguen fragmentados por los usos reglamentadores y anticompetitivos nacionales. Gran parte de la explicación estriba en la propia heterogeneidad de los servicios y las mayores dificultades que el reconocimiento mutuo o el "principio del país de origen", esencial para la integración de los mercados de productos, entrañan para los servicios.

Lamentablemente, en 2005 la reforma quedó paralizada. Durante la campaña del referéndum en Francia, previa a la votación sobre el proyecto de Tratado Constitucional de la UE, la directiva propuesta fue vilipendiada por considerarse que socavaba los derechos de los trabajadores, como lo simbolizaba el temido Coco: el "fontanero polaco". Esos ataques pasaban por alto el hecho de que, de conformidad con la directiva, las condiciones de los trabajadores procedentes de otros Estados miembros de la UE estarían sujetas a la normativa del país anfitrión en la mayoría de sus aspectos.

Ahora el Parlamento Europeo tiene ante sí una versión revisada de la directiva que reduce su alcance sectorial y entraña varias avenencias con el principio del país de origen. Incluso esa versión limitada constituiría un avance; la mayoría de las ventajas se deben a la eliminación del papeleo que complica el establecimiento transfronterizo de pequeñas y medianas empresas de servicios y limita la competencia en sectores amplios de la economía.

Dice muy poco en favor del estado de la UE que no parezca capaz de llegar a un acuerdo sobre el único instrumento legislativo claramente favorecedor de la productividad, cuando se considera el aumento de esta última un objetivo compartido. La falta de movilización de los intereses de los consumidores en pro de la integración europea resulta particularmente decepcionante para los nuevos Estados miembros, que esperaban recoger algunos de los beneficios.